Logró pasar su última etapa parlamentaria el proyecto que fortalece los beneficios del seguro de cesantía y flexibiliza los requisitos de acceso al mismo, luego que la Cámara Baja lo despachara, en su tercer trámite legislativo, para ser ley de la República.

Esta iniciativa surgió del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, liderado por la ministra Jeannette Jara (PC), con el fin de robustecer el seguro para que sea una herramienta de política pública efectiva, solidaria y sostenible.

Durante su último paso por el Senado, las y los parlamentarios respaldaron y destacaron transversalmente la importancia de esta iniciativa, sobre todo “en el momento económico por el que atraviesa el país”.

Cómo cambia la ley

Primero, el proyecto plantea rebajar el requisito para tener derecho a una prestación por cesantía de los trabajadores con contrato indefinido o trabajadores de casa particular, de 12 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas a 10 cotizaciones registradas en la cuenta individual por cesantía.

Además, disminuye el requisito para tener derecho a una prestación por cesantía de los trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado de 6 cotizaciones mensuales a 5 cotizaciones

En cuanto al retiro de los fondos de la cuenta individual y el monto de la prestación, la iniciativa rebaja el promedio de las remuneraciones devengadas por el trabajador de los últimos 12 meses a los últimos 10 meses para el caso de trabajadores con contrato indefinido o de casa particular.

Respecto a los trabajadores con contrato a plazo fijo, por obra, trabajo o servicio determinado, se rebaja el promedio de los últimos 6 meses a los últimos 5 meses.

[Te puede interesar] Jara y tramitación de reforma de pensiones post plebiscito: Sería "apreciación política más que verdad absoluta"

Por otro lado, el proyecto considera el financiamiento de medidas para la intermediación y habilitación laboral para facilitar la reinserción laboral de las personas cesantes. De todas formas, los recursos para ese fin no podrán exceder el 2% del saldo total del Fondo de Cesantía Solidario.

Además, determina que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) elaborará un reporte de la evaluación de los programas de intermediación laboral del año anterior.

Finalmente, se incorpora una disposición que permite comprometer recursos fiscales para el financiamiento de las prestaciones por cesantía (370 millones de dólares aproximadamente) para contribuir a la sustentabilidad del Fondo de Cesantía Solidario.