En Chile, en materia económica, existe el sistema de libre mercado, en el cual tanto las personas naturales como jurídicas tomamos las decisiones de producir, vender y comprar de acuerdo a nuestras efectivas posibilidades y los precios de las transacciones se fijan por la oferta y demanda. Por ello se sostiene, con justa razón, que el mercado es muy buen asignador de recursos.

Las empresas serias que toman calculadas decisiones de inversión crecen sustentablemente y son bien valoradas por la opinión pública, las que elaboran o importan mercancías, si tienen un sobre stock, deben reducir sus precios para venderlas. Y si en sus decisiones comerciales se han equivocado, tendrán que declararse en quiebra y los bancos que las han financiado tendrán que rematar los bienes en garantía que tienen en su poder.

Todos queremos obtener beneficios en nuestras transacciones, pero esas ganancias, para ser legítimas, deben enmarcarse en el respeto obligatorio por las diversas leyes existentes en nuestro Estado Democrático de Derecho. Lo anterior es deseable para que funcione correctamente el sistema, ya que la igualdad de oportunidades y las competencias leales en los mercados son sinónimos de honestidad. Si fuese así estaríamos exentos de conflictos y no existirían tantas universidades que "producen" miles de abogados al año. Claro, porque ello es idealismo puro pues los pillos, siendo muchos menos en cantidad que los honestos, saben cómo engañar la fe pública, sin que, casi siempre, nadie se percate.

Sabemos que aquellos que cuentan con mejor formación educativa y/o son herederos de fortunas y quienes tienen habilidades para hacer negocios están en posiciones privilegiadas para relacionarse con la casta política que, en muchas ocasiones, adopta decisiones impropias. Las que tienen como único objetivo el logro, por parte de ciertas asociaciones empresariales y amiguis, de obtener ventajas que vulneran el libre mercado, lacra que sucede en todos los países del mundo, pero mayormente en los países subdesarrollados.

En los países más probos, con severas institucionalidades, en los cuales son ocasionales las prácticas corruptas y que, al ser detectadas, las sanciones son ejemplificadoras, el mercado opera bien. Y en este sentido celebramos que, desde hace un poco más de un mes, ya está vigente en nuestro país la ley N° 21.595 que ataca los delitos económicos y ambientales. Veremos si esta civilizada disposición opera con racionalidad, para que se vayan reduciendo las estafas al erario público y los engaños entre privados de alto nivel.

Si los agricultores que cosechan manzanas no pueden venderlas en los precios que ellos estiman apropiados, obligatoriamente deben reducirlos para que los consumidores se las compren, pero el influyente sector de la construcción, que dispone de 50.000 viviendas nuevas, y que se mantienen con altos precios de venta derivados de la burbuja inmobiliaria, simplemente prefirió hacer lobby en el gobierno para no regirse por lo que correspondería acorde a las reglas del mercado, es decir, reducir los precios.

Por el contrario, astutos como son sus líderes, consiguieron que el gobierno promueva una modificación a la ley de la renta, para que los compradores de esas viviendas nuevas dispongan de incentivos tributarios, buscándose así que con este trato preferencial se puedan vender al mismo precio esos inmuebles. Con esta grosera distorsión económica el Estado recibirá menos impuestos por parte de aquellos que las adquirieron y tributan, pero a la vez le da una cariñosa mano a ese sector de la economía, lo cual es indicativo de la existencia de la "captura del Estado" por parte de algunos regalones.

Hace pocos días la fundación Defendamos la Ciudad tuvo que denunciar en la Contraloría General de la República unas prácticas ilegales, también anti mercado, cometidas por las autoridades locales de Concón y del gobierno central, en este caso la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, relacionadas con clasificar mendazmente como troncales algunas vialidades locales en esa comuna, las que, mayoritariamente se encuentran dentro del área urbanizada por la empresa Reconsa, dueña de las dunas de Concón. Se debe tener presente que en Chile las vías son expresas, troncales, colectoras, de servicio y locales, clasificación que obedece a sus características.

Cabe señalar que las normas urbanísticas contenidas en los Planes Reguladores Comunales suman o restan valor comercial en el mercado del suelo urbano y en este caso se detectaron 27 vialidades mal clasificadas como troncales. La diferencia que tienen los terrenos que enfrentan una calle local y una vía troncal es gravitante por las disparidades asociadas a las escalas de equipamiento posible en los terrenos que colindan entre una y otra. En términos simples, un empresario que tenga un predio que enfrente una vía troncal tiene un activo más costoso si enfrenta una vía local, ya que en el primer caso los negocios inmobiliarios que allí se puedan ejecutar serán lucrativos para él.

Otro arreglín fue el que detectó recientemente la Contraloría General de la República, quien mediante un duro dictamen impidió la compra en un excesivo precio, favoreciéndose a un corredor de propiedades, de un terreno por la Municipalidad de Las Condes para un presunto consultorio. Ahí se señaló además que no existía un proyecto para el mismo, razón por la cual, tanto la alcaldesa como sus funcionarios que gestionaron esa operación comercial, habían cometido faltas a la probidad, entregando los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE). En todo caso, no es novedad lo que sucede con las municipalidades de todo el país.

Este columnista, aunque a muchos no les agrade que pueda publicar lo que ellos no desean que se sepa, continuará dejando al descubierto los vicios que habitualmente se cometen, pues nuestro propósito es transparentar para que el mercado opere bien.