Este martes, la Sala de la Cámara aprobó y despachó al Ejecutivo un nuevo proyecto correspondiente a la propuesta (boletín 15956) para sancionar el porte injustificado de combustible en reuniones en lugares públicos.

Durante la última etapa de tramitación, se aprobaron las modificaciones del Senado para suprimir dos normas de la iniciativa despachada previamente, siendo la primera de ellas la que introducía una nueva falta en el Código Penal castigando a quien, injustificadamente, en el contexto de reuniones en lugares públicos, portara este tipo de insumo "apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas".

Para estos efectos, la multa considerada era de 10 a 20 UTM y contemplaba su aplicación siempre y cuando la persona no pudiera proporcionar una explicación razonable para su porte.

A esta modificación se sumó una segunda norma suprimida en el Senado, que permite a las policías detener a las personas que incurrían en esta falta.

En el Senado sólo se mantuvo la disposición penal que se introdujo en la Cámara vía indicación y finalmente fue aprobada, sancionando con presidio menor en su grado mínimo (desde 61 días a 540 días) a quien se encuentre en las circunstancias ya descritas, pese a que previamente se consideró la multa en UTM asumiendo la protección del derecho a la manifestación, aislando a las personas que usan combustible para cometer actos violentos.

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Tohá llamó a rechazar el proyecto

Pese a que fue la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, quien se manifestó en contra, asegurando que la disposición excede el espíritu de esta ley y que debería primar solo la nueva falta y la facultad entregada a las policías de detener a los infractores, su llamado a rechazar el proyecto no prosperó, dado que desde la oposición y centro adhirieron a la sanción penal, recalcando la necesidad de poner atajo a la violencia en las manifestaciones y proteger a la ciudadanía.

Fue en este contexto que la votación se inclinó mayoritariamente en favor de respaldar la norma penal con un total de 83 votos favorables que se impusieron sobre los 45 en contra, a lo que se sumaron ocho abstenciones, lo que finalmente permitió que se despachara a ley.