Docenas de cabañas, cuatro módulos, amplias habitaciones, comedor, baños y living, son algunas de las comodidades del penal Punta Peuco, que alberga a 129 condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1973-1989).

El recinto ubicado en Tiltil ha causado polémica desde su apertura, en 1995, por las condiciones en que están los condenados, en comparación a las otras cárceles del país. De hecho, el penal actualmente cuenta con controles de metales en el ingreso, rejas, cuatro módulos, celdas y baños compartidos.

Incluso, las críticas se centraron por muchos años, en los exclusivos espacios comunes de los que disponen los presos, muy diferentes a los espacios proporcionados en otros penales del territorio: canchas de tenis, quinchos, terrazas para recibir a los familiares, biblioteca y una sala para ver televisión. 

Tras el cierre del Penal Cordillera en 2013, bajo la segunda administración de Sebastián Piñera, creado para recluir a militares de alto rango condenados por violación a los DD.HH., nueve reos fueron trasladados al lugar, lo que implicó la instalación de nuevos módulos en Punta Peuco.

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Aunque según lo informó La Tercera, los módulos estilo contenedor, compartidos por los uniformados también disponen de living y comedor, a lo que se suma que además pueden cerrarse con llave cuando los internos salen a los espacios comunes.

La vida en Punta Peuco

Sin ir más lejos, en 2015 CHV Noticias acompañó a los diputados Daniel Núñez (PC) y Sergio Aguiló (IND) al recinto, quienes constataron cómo se vivía el día a día en el recinto ubicado en Tiltil.

En dicha oportunidad se percataron de que cada preso podía salir y entrar de su módulo cuantas veces quisiera, teniendo la posibilidad de dejar con candado cada una de sus habitaciones. También contaban con un teléfono público en el cual había reglas y horarios.

Además, se percataron de que en los pasillos los reos tenían acceso a televisión, un comedor y sillones. 

¿Cómo son las otras cárceles en el país?

Hacinamiento, falta de higiene y largas horas entre comidas. Esas son las problemáticas de los penales a lo largo del país según un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que incluyó 44 recintos en las regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Ñuble y Biobío. 

El informe analizó las condiciones de ubicación, trasporte (accesibilidad), infraestructura, equipamiento, régimen interno, régimen disciplinario, sanciones, alimentación, enfermería, atención de salud, programas de reinserción, escuela, trabajo y sistema de prevención de riesgos, entre otros.

De acuerdo a los datos analizados correspondientes al 2018 y 2019, el índice de ocupación aumentó de 101,5% a 106,4% y en la actualidad la cifra sigue siendo altísimo. Según el ministro de Justicia, Luis Cordero, "actualmente hay 51.200 personas privadas de libertad y que existe una capacidad penitenciaria de 42 mil en todo el país" sostuvo en septiembre último.

Aunque el hacinamiento no es el único problema registrado por el informe. Al menos 24 establecimientos no contaban con acceso a agua potable durante las horas de encierro y desencierro; sólo cuatro recintos de los 44 contaban con agua caliente y en al menos 20 cárceles no se proporcionaban bandejas, platos y cubiertos para el consumo de alimentos. 

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