Los pueblos indígenas están en un panorama incierto en el aspecto político; una baja representación de los pueblos indígenas tanto en el fondo del texto como en el Consejo; una Comisión para la Paz y el Entendimiento que no parece llevar mayores avances; siguen existiendo hechos controvertidos de violencia (como el actual caso del supuesto grupo de resistencia mapuche lafkenche); y el problema más actual, la nueva ley de usurpaciones.

Revisemos los puntos mencionados, primero está la baja representación política de los pueblos en el Consejo, lo cual sumado a la gran representación de la derecha y la extrema derecha, no aporta mucho en representar medidas que los protejan. Esto se puede ver en cómo se va construyendo el texto, el cual ya está dejando afuera problemáticas tan importantes como la representación política de los pueblos (rechazo a los escaños reservados), o el permitir una mayor autonomía a estos mismos. Pero no es solamente esto lo grave, sino también que en el mismo proceso no se realizó una consulta indígena, la cual según el convenio 169 de la OIT que Chile ratificó en el 2008, debería haberse hecho.

Segundo, vemos que la gran carta del gobierno para llegar a acuerdos en la macrozona sur no ha mostrado grandes avances, la Comisión para la Paz y el Entendimiento no ha generado acuerdos, ya que su gran misión es generar un catastro de las tierras en disputa y esto hasta ahora sigue siendo un misterio, existiendo miles de documentos por revisar todavía. Aparte, ya se critican ciertos aspectos del proceso, donde un grupo reducido de comunidades indígenas llamó al exjuez español Baltazar Garzón, para que pudiera dirimir la disputa por tierras indígenas. Juan Pablo Leonelli, integrante de la comisión, afirma: “que el exjuez Garzón venga a opinar sobre el conflicto en la Región es inaceptable y una muestra de colonialismo del siglo XXI basado en una intención de superioridad moral”, criticando también que estas comunidades indígenas no son ni cercana a la mayoría, pero por sobre todo criticando que se intente solucionar los problemas con un externo, cuando los que más conocen del tema son los que están ahí presentes.

Tercero, siguen existiendo casos de violencia controversiales, muchos de los cuales no poseen un final adecuado. Con esto me refiero a los diferentes casos de violencia en los que no se consigue dar solución a la situación, ya sea por no encontrar a los culpables, arrestar personas inocentes, o encontrar culpables pero que dan cuenta de una situación extraña.

El último caso se observa en el último arresto que realizó el gobierno, donde se detuvo a 11 personas acusadas de realizar actos delictivos en la Macrozona Sur y de pertenecer al grupo llamado Resistencia Mapuche Lafkenche (RML). Sin embargo, existen polémicas en torno a este arresto, primero, dentro de los detenidos hay dos carabineros, los cuales supuestamente facilitaban armas y dinero a la organización. Segundo, RML afirmó que los detenidos no pertenecían a su organización, apuntando también a que ellos no se relacionan con las fuerzas del orden y sería un “tongo mediático”. Claramente no resulta muy esclarecedor el panorama, no solamente por la desconfianza que inspiran muchas veces estos arrestos, sino por el involucramiento de quienes supuestamente están ayudando a evitar esta violencia y, por lo mismo, la violencia en la macrozona sur está lejos de terminar.

A todo esto se suma que hace poco se aprobó la idea de legislar la ley de usurpaciones, siendo posible que esta ley afecte negativamente a los pueblos indígenas, no solamente porque entra en conflicto con la idea de recuperar terrenos expropiados, la cual es intrínseca al conflicto, sino también por el posible descontrol de violencia en una región en la que justamente el problema son las tierras.

Aclaremos bien esto, en la actual legislación nacional la usurpación ya es ilegal, por lo que el proyecto de ley en mayor medida busca dos grandes objetivos, aumentar los castigos para aquellos que usurpan un terreno y permitir la defensa privilegiada de los propietarios.

Si bien se puede discutir si es necesario mayores penas en esta normativa y se debe aceptar que cada uno tendrá argumentos válidos para defender su posición, el caso de la defensa privilegiada es diferente, ya que esta realmente posee demasiados problemas para una sociedad democrática que busca menos violencia.

Pensemos, en este caso si se privilegia la defensa de los propietarios vemos que se estaría permitiendo el realizar justicia por las propias manos, llevando a enfrentamientos entre personas. Esto llevaría a que el derecho a la propiedad atente contra el derecho a la vida, superponiendo un derecho material por sobre uno más básico.

Esto puede provocar una ley de sálvese quien pueda, volveríamos al estado de naturaleza como dice Hobbes, donde el hombre sería realmente el lobo del hombre. Esta ley podría incluso criminalizar la pobreza, afectando a campamentos que están en camino a regularizarse y beneficiando a aquellos con más recursos, ya que son quienes tienen más herramientas para protegerse, estando menos vulnerables. Acá también se ven desprotegidos nuevamente los pueblos indígenas, quienes son de los segmentos más pobres y vulnerables del país, tanto en pobreza por ingresos como por pobreza multidimensional.

El gobierno afirma que no les parece la aprobación de esta ley si existe esta defensa privilegiada, por lo que acudirán al veto presidencial para evitar su aprobación, veremos el alcance de este veto y cómo modifica el proyecto de ley, pero al final también dependerá si el legislativo busca seguir insistiendo con este proyecto tal como está.

Veremos qué sucede, pero actualmente los pueblos indígenas están muy desprotegidos políticamente, sin representación política, con un conflicto latente sin muchas esperanzas de solución a corto o mediano plazo, y estando potencialmente desprotegidos frente a la violencia que ocurre en la macrozona sur (donde vive un gran porcentaje de su población), no parece vislumbrarse un futuro muy prometedor. Se necesita un cambio de rumbo y mayor voluntad política de parte de los representantes, si las élites no están dispuestas a ayudar a los pueblos indígenas, ellos puede que queden cada vez más aislados de las tomas de decisiones y del sistema político.