El viernes recién pasado terminó la reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM, o ISA en inglés) dejando en los participantes variedad de sentimientos y resultados. No se tomaron decisiones trascendentales, a favor ni en contra, de la explotación minera del “Patrimonio Común de la Humanidad” de los fondos marinos internacionales. Sin embargo, no estuvo libre de dificultades y controversias, largas esperas y la toma de algunas decisiones sobre el curso y forma que seguirán las deliberaciones.

Aun no está claro cuando se podría dar luz verde a la explotación minera en las profundidades de alta mar, ni tampoco si, por el contrario, le pondrán un freno a la acelerada carrera por terminar la regulación legal administrativa internacional, aceptando una pausa precautoria o moratoria, para evaluar la actividad desde una perspectiva más armónica con el entorno, consciente de la crisis ambiental y de mayor plazo. Incluso hay países que apoyan una prohibición total, la cual, considerando el estado global actual del entorno y la biodiversidad, el cambio climático, la contaminación y más, no parece descabellada.

La ISA es una Organización Autónoma de Naciones Unidas conformada en 1994 al alero de la Convención sobre Derecho del Mar (CONVEMAR). Durante Julio 2023 se reunió por dos semanas su Consejo, donde asistieron 32 de los 36 países que lo conforman, para avanzar principalmente más no únicamente, en el borrador del código legal internacional para la explotación minera comercial. Luego se reunió por una semana su Asamblea, el “órgano supremo” para la toma de decisiones, instancia que solo convocó representantes de 64 de sus 169 estados parte.

Esta 28° sesión de la Asamblea, sorprendentemente, estuvo dominada por la dificultad para adoptar la agenda de la reunión, es decir, el listado de temas que los países están dispuestos a conversar, intercambiar visiones y debatir, para eventualmente tomar decisiones sobre ellas. Siendo la adopción de la agenda uno de los primeros temas tratados el lunes 24, primer día de la reunión, no fue hasta el último día, viernes 28, y en la tarde, que llegaron a un consenso al respecto.

Particularmente difíciles fueron las discusiones, mayoritariamente tras puertas cerradas, para incluir dos temas adicionales a la lista: una política ambiental general para la protección del medio marino, y una revisión del desempeño general y el régimen internacional establecido mediante la ISA acorde a su mandato. Resultando al menos absurdo pasar toda la semana discutiendo sobre que discutir, para finalmente aceptar incluir en la Asamblea del otro año la revisión general, y solo acordar que la consideración de la política de protección ambiental se puede volver a presentar el otro año, para que vuelva a ser considerada, y quizás por tercer año consecutivo desestimada.

Entre estos dos temas que despertaron reparos por parte de unos pocos países, imposibilitando el consenso para su adopción, cabe destacar que el tema más controversial fue la propuesta impulsada por Chile, Costa Rica, Palau, Vanuatu y Francia, que proponía que la Asamblea discutiera el establecimiento de una política general de la ISA sobre la conservación del medio ambiente marino, y particularmente una decisión para que no se aprobara ningún plan de trabajo para la explotación comercial minera de los fondos marinos de alta mar, hasta que el conjunto de reglas, regulaciones y procedimientos cumpliera todas las etapas legales y diplomáticas correspondientes.

Consideración que justamente había sido incluida en una de las decisiones tomadas por el Consejo unos días antes, decisiones que al parecer fueron aceptada de mala gana por algunos países objetores, los que en parte manifestaron y canalizaron dicha frustración entremedio de otras razones para oponerse a incorporar esta temática en la agenda de la Asamblea.

En un intento por apurar el desarrollo del llamado Código Minero (para la explotación comercial de los fondos marinos y subsuelos en aguas internacionales) Naurú -un pequeño estado insular del pacífico que defendiendo la diversificación de su limitada base económica, patrocina e impulsa la explotación minera submarina para avanzar en la transición energética justa y un futuro cero emisiones- presentó en Junio de 2021 sus intenciones de presentar un plan de trabajo para la explotación minera de los Fondos Marinos, gatillando una regla que estipula que ante tales intenciones el Consejo debe terminar las regulaciones en dos años.

Este plazo acabó en Julio de 2023, y algunos tratan de sentir como una victoria que al menos haya acuerdo en que, a pesar de no haber terminado las regulaciones “a tiempo”, el Consejo no aprobará ningún plan de trabajo antes de terminarlas.

Si, lo mismo que se aprobó en el Consejo dando tranquilidad a varios de que al menos de momento no habrá minería desregulada, fue bloqueado de ser discutido durante la Asamblea, siendo otra de las razones erguidas para esto que el Consejo no había hecho una recomendación formal a la Asamblea para que lo discutiera e incluyera en su agenda, despertando el cuestionamiento de que tan “supremo” es un órgano que no puede discutir temas por voluntad propia, sino solo cuando uno de sus órganos subsidiarios así lo dispone.

Hay quienes sostienen que el hecho de que nunca se había sabido tanto del Océano como hoy en día, es razón suficiente para apoyar el que ya se cuenta con suficiente comprensión del entorno y predicción sobre la manera en que se verían impactados los ecosistemas de los suelos y subsuelos al explotarlos. Es más, los que apoyan la explotación –abiertamente o no tanto- se centran en avanzar y generar certidumbre legal para proceder, confiando que la ciencia y la tecnología harán “su parte” y no habrá consecuencias ambientales irremediables ni desequilibrios ecológicos catastróficos.

Si bien todos declaman sobre su preocupación por el cuidado del medio ambiente y los ecosistemas, varios se centran en los posibles réditos que esta nueva industria extractivista puede generarles y no tantos apoyan, hasta el momento, la necesaria precaución ambiental y científica que implica el desconocimiento. Una vez más, suele quedar fuera del análisis de la rentabilidad potencial y supuesta generación de beneficios, la internalización de las externalidades ambientales.

Los detractores de la explotación sostienen, entre otros argumentos, que es necesario basarse realmente en la evidencia científica (independiente) existente, y lo primero al respecto es aceptar que se sabe poco, muy poco, de los fondos marinos, siendo aun ecosistemas insuficientemente comprendidos y explorados, por lo que es difícil predecir con algún grado de certeza aceptable los impactos ambientales que podría conllevar la actividad minera en ellos.

Sin poder predecir bien, es prácticamente imposible prepararse para evitar, mitigar o reparar los efectos, y esto hasta por ahí no más, ya que hasta no tener mayor certeza científica simplemente no sabemos, y sin conocimiento y entendimiento no es posible proteger el entorno marino, ya que todo puede ser distinto en y entre las desconocidas dinámicas biogeoquímicas de las profundidades y sus habitantes. Quienes abogan por la llamada pausa precautoria o por la moratoria, al menos reconocen que no hay que apurarse, los costos pueden ser muy altos y los potenciales beneficios cada vez más cuestionables.

La cuidadosa consideración frente a la disrupción de ecosistemas altamente desconocidos que además, según la poca evidencia que hay hasta el momento, al parecer no se podrían recuperar mediante restauración ecológica ni otras prácticas similares; la alteración de la composición fisio química de la columna de agua, tanto por la dispersión de la pluma de sedimentos y fondo al removerse, como la modificación vertical de la composición de la misma, por dar algunos ejemplos, o también la significancia cultural que el Océano y sus fondos supone para diversas culturas y personas en el mundo, y el impacto al balance y dinamismo que provee el Océano a los procesos globales y las contribuciones de la naturaleza a las personas, son algunos de los temas que deben seguir profundizándose antes de embarcarse en una potencial explotación comercial. O porque no, en línea con el enfoque o principio precautorio, usarse para sustentar que una actividad de estas características simplemente no debería proceder.

Como toda institución conformante del sistema internacional y su gobernanza, especialmente fragmentada y dispersa en el caso del Océano, la ISA es un universo en sí mismo, uno particularmente confuso y desconocido, pero en donde se están desarrollando conversaciones que pueden impactar profundamente el océano –y al resto del Planeta Azul– y nuestra forma de vincularnos con el ambiente.

Posiblemente generar ganancias para unos pocos a costo de destruir un legado declarado patrimonio común de la humanidad, que probablemente debería permanecer intacto por esta y las siguientes generaciones, solo sea una muestra más de la desconexión del sistema imperante de la realidad, límites y capacidad del planeta. Como también lo demuestra la poca participación de Estados en estas reuniones. Esperemos que cada vez más países se involucren, y que cuando tomen decisiones en el nombre de toda la humanidad, sea al menos con un quorum decente.

Creo que lo dejaré hasta aquí por ahora, sabiendo que siempre queda tanto más por decir. La ISA y la minería submarina son un tema fascinante, macabro, interdependiente y multifactorial que se puede abordar desde tantos ángulos y dimensiones, pero en fin, seguiré otro día. Cerraré solo diciendo que hay mucha información disponible para entender la ISA, estas negociaciones, implicados, intereses y más, y que en Noviembre 2023 se volverá a reunir el Consejo con la intención de continuar desarrollando el código minero con vistas a su adoptación en 2024.

Hay espacio para involucramiento de la sociedad civil y sería maravilloso ver a más chilenas y chilenos, latinas y latinos y personas de todo el mundo involucrase abogando por detener la minería submarina en altamar.