Fue el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, quien dio las primeras luces sobre el proyecto de nueva Ley de Pesca en un seminario realizado en la Universidad de Chile a fines de mayo pasado.

En la ocasión el expresidente de la FECH detalló algunos avances sobre la implementación de la nueva normativa, no sin antes aclarar que el antiguo cuerpo legal tenía un “problema de legitimidad” y que en su tramitación hubo casos de corrupción que “tiñeron todo el proceso”.

A continuación, Grau ratificó que la iniciativa legal buscaba mejorar la forma en que se asignan los recursos, permitiendo el ingreso de nuevos actores industriales a través de licitaciones y mejorando de paso las cuotas de la pesca artesanal.

La redacción del proyecto contemplaría, además, la incorporación de una mirada científica para mantener la salud en los ecosistemas y un plan para garantizar la seguridad social de los trabajadores del sector artesanal. Todo en un marco destinado a fortalecer la institucionalidad pesquera y el fomento del consumo interno de productos marinos.

Las definiciones del ministro generaron diversas reacciones en el sector industrial que salió de inmediato a debatir el nuevo “rayado de cancha”. Fue la propia presidenta de Asipes, la Asociación de Industriales Pesqueros, Macarena Cepeda, quien respondió a través de las páginas de El Mercurio. “Queremos contribuir al desarrollo socioeconómico del país, pero necesitamos señales que permitan promover inversiones y crecimiento”, comentó.

Las críticas del sector apuntaron a las nuevas licitaciones y el consecuente ingreso de nuevos actores, enfatizando que la ley que establece el marco regulatorio tiene una vigencia hasta 2033, año en que las empresas perderían el derecho a la renovación automática de sus licencias de captura. “Suponemos también que la nueva ley de pesca deberá respetar los derechos que emanan de la Constitución”, advirtió Cepeda.

La pugna ha generado cierta controversia, considerando que Asipes fue investigada por los delitos de cohecho y soborno del sector industrial a políticos de la región del Biobío, en una arista derivada del caso Corpesca, comprobándose que la empresa del grupo Angelini pagó a Jaime Orpis y Marta Isasi para que sus intereses fueran resguardados en el Congreso.

[caption id="attachment_832471" align="aligncenter" width="900"] Exsenador Jaime Orpis[/caption]

Tras cuatro años de investigación, sin embargo, la fiscal regional Marcela Cartagena cerró el caso Asipes sin formalizaciones, esgrimiendo que no se habían logrado obtener pruebas para formular cargos en contra de la entonces senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI), el diputado Frank Sauerbaum (RN), el ex subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS) y el ex diputado Cristian Campos (PPD).

Pese a haber sido investigada por traspasar dineros a diversos políticos, la poderosa asociación gremial de la octava región ha vuelto a la carga con una fuerte arremetida en medios de comunicación -televisión y radio- y en redes sociales donde ahora figuran como “pescadores industriales”, incorporando a diversos influencers en una campaña a favor del jurel considerada por algunos como “greenwashing”, una suerte de lavado de imagen que promueve el “ecoblanqueamiento” de una marca en material medioambiental.

En la campaña en cuestión aparecen rostros televisivos como la actriz Mariana Derderián y la periodista Priscilla Vargas, promocionando un tarro de jurel sin una marca especial pero que incluye en su etiquetado a sus productores: “pescadores industriales del Biobío”. “Lo mejor es que es jurel chileno y sustentable”, dice al finalizar la animadora del matinal de Canal 13.

 

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Para el abogado Mauricio Daza, exquerellante en el caso Corpesca en representación de Fundación Ciudadano Inteligente, la validación de Asipes y otros actores de la pesca industrial como interlocutores constituye un verdadero “descaro”, considerando su participación en el “escándalo de corrupción que significó la antigua Ley de Pesca”.

Daza asegura que esta “desfachatez” se debe a que aún cuando se alcanzaron condenas históricas por soborno en contra de Corpesca, con sanciones efectivas por cohecho en contra del exsenador Jaime Orpis y la exdiputada Marta Issasi, “los industriales siguen amparados por una ley abusiva en cuya tramitación intervinieron de forma ilícita”.

“La cultura institucional de impunidad que ha existido históricamente en nuestro país respecto de los delitos de corrupción cometidos por altas autoridades y grandes empresarios no se termina con un caso en particular como Corpesca -por significativo que sea- y esto le entrega a parte de la pesca industrial la convicción de que pueden hacer lo que quieran sin mayores consecuencias”, asegura Daza a El Desconcierto.

Las redes de Asipes

 Fuel el mismo Jaime Orpis, a propósito de la pesca de jurel, quien presentó varias mociones en el Congreso para ampliar la cuota de captura rebajando su talla, favoreciendo con la medida a los grandes industriales pesqueros.

No sólo eso, también presentó como si fuera suyo un escrito elaborado por Corpesca que envió a Contraloría, solicitando que se pronunciara sobre las cuotas de capturas de jurel en el año 2009.

El organismo finalmente emitió un dictamen favorable y Orpis recibió las felicitaciones del gerente de Corpesca a través de un correo electrónico. “Jaime, excelente el resultado”, le escribió entonces Francisco Mujica.

En plena investigación del caso Corpesca, el 14 de septiembre de 2016, la fiscalía incautó documentación desde las oficinas de la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, encontrando en la computadora de su presidente, Luis Moncada, una planilla Excel con el nombre de 18 políticos que habían recibido alrededor de 100 millones desde la entidad gremial.

[caption id="attachment_848183" align="aligncenter" width="711"] El listado extraído del excel de Luis Moncada.[/caption]

“Se juntaban para ver cuánto le tocaba a cada parlamentario en sus campañas políticas y cuál era el aporte que ellos hacían con el objetivo de tener en el bolsillo a los legisladores. Eso era de normal ocurrencia”, recuerda el exparlamentario Hugo Gutiérrez y abogado querellante del caso sobre Luis Moncada, a quien la investigación sindicó como el cerebro de la maquinación política.

Los pagos, según pudo comprobarse, no sólo se realizaron en campañas políticas sino que se repartieron también a asesores parlamentarios, entre ellos los hermanos Nicolás y Gustavo Guíñez, dos figuras cercanas al círculo de Pablo Longueira, quien fue el ministro encargado de llevar adelante el proyecto de ley.

Según una investigación de CIPER, los correos electrónicos incautados revelaron que la asociación gremial tenía vínculos transversales con distintos partidos políticos en lo que se denominó como “la bancada pesquera”, integrada por parlamentarios PS, PPD, DC, UDI y RN, quienes fueron beneficiados con aportes reservados de grandes empresas pesqueras.

La senadora de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe, quién según el Servel recibió 17 millones de pesos de las grandes pesqueras entre el año 2009 y 2013, fue una de las autoridades más cuestionadas luego que se filtraran los correos que recibió por parte de Asipes con indicaciones precisas del gerente Luis Moncada respecto a diversas materias vinculadas a la pesca.

[caption id="attachment_345241" align="aligncenter" width="1280"] Foto: Agencia Uno/ Jacqueline Van Rysselberghe[/caption]

Fue precisamente durante la tramitación de la ley para regular la pesca del jurel, ingresada  al senado en junio de 2014, que el gerente de Asipes comenzó a proponer indicaciones a la senadora con el objeto de que los pescadores artesanales no pudieran extraer más jurel que el que tenían asignado en su cuota anual.

Fue tal el descaro que Moncada envió una minuta a la entonces presidenta de la comisión de pesca con los reparos de la asociación, destacando en negrita que debía presentar una indicación para modificar el proyecto original. “Hay que incluir las capturas con línea de mano dentro de la cuota global de jurel del sector artesanal. Hay que presentar una indicación”, escribió el 9 de septiembre de 2014.

La senadora hizo suyo el argumento de Moncada cuando intervino en la discusión parlamentaria. “Creo, sinceramente, que la autoridad (la Subpesca) debería establecer un límite, que podría ser perfectamente bien la cuota de captura tradicional. Se puede discutir, pero ello debe estar dentro de la cuota global”, sostuvo.

Las redes de Asipes no sólo alcanzaron a parlamentarios sino a funcionarios activos del gobierno. Otro correo electrónico reveló una reunión secreta entre Moncada y el entonces subsecretario de Pesca, Raúl Súnico.

Al otro día de la cita, el presidente de los industriales pesqueros del Biobío le envió un correo a tres miembros del directorio, señalándole que Súnico le había confirmado que la pesca de arrastre continuaría, pese a que su erradicación figuraba en el programa de Michelle Bachelet. La esposa de Súnico, además, habría recibido 33 millones de pesos a través de 34 boletas entregadas a Asipes.

El Fiscal Emiliano Arias fue el encargado de realizar las primeras diligencias en la causa, pero con la llegada de Jorge Abbott a la cabeza del Ministerio Público y la separación del caso de la investigación principal, la indagatoria fue perdiendo fuerza. La salida de Arias, poco tiempo después, fue la lápida que terminó sepultando el caso.

Para el abogado Mauricio Daza el principal promotor del cierre de la causa fue Jorge Abbott. “Tuvo un papel clave, quitándole de forma abrupta e injustificada el caso al fiscal Arias, y después persiguiéndolo a partir de un conjunto de imputaciones, todas las cuales fueron desechadas finalmente por la justicia”, sostiene.

“El exitoso operativo de impunidad que se desplegó a vista y paciencia de la opinión pública, le entrega mayor ímpetu a ciertos sectores para actuar como si no hubiese pasado nada”, agrega Daza.

Para el exsenador Alejandro Navarro, también querellante en el caso, las campañas corporativas de las grandes empresas luego de algunos desastres son frecuentes e inevitables. El problema, asegura, es que “el criterio institucional debe ser corregir los errores cometidos y comprometerse a que nunca más se vuelvan a repetir”.