Hace exactamente un año atrás, la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, procesó a dos oficiales del Ejército en la arista Cuaderno Bave-Aeroservicio del denominado caso “Milicogate”.

En la oportunidad fueron sometidos a proceso Francisco Javier Rossi Giacosa y Luis Raúl Chamorro Heilig, como autores de Fraude al Fisco y falsedad en administración militar, decretándose el embargo de bienes para ambos por 80 millones de pesos.

[caption id="attachment_746968" align="aligncenter" width="900"] Agencia Uno / Ministra Romy Rutherford[/caption]

El fraude se habría detectado luego de la supuesta compra de repuestos de un motor para una aeronave Cessna Citation III, que ya había sido reparada tras hacerse efectivo un seguro que había adquirido el Ejército con la compañía Liberty Seguros, en diciembre de 2010.

En la maniobra delictiva habrían participado el jefe de adquisiciones de la Brigada de Aviación del Ejército -Rossi- y el comandante de la unidad -Chamorro-, quienes habrían gestionado la asignación por trato directo a la empresa Aeroservicios, dedicada al rubro de los repuestos aeronáuticos.

Son precisamente dos funcionarios de esta última empresa, el exgerente de repuestos Martín Zúñiga y el ejecutivo de ventas Mario Sepúlveda Basualto, a quien apunta la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado por el delito de fraude al fisco en contra de todos aquellos que resulten responsables.

La acción judicial, presentada a fines de mayo, revela antecedentes claves sobre la manera en que el Ejército configuró una estructura delictiva en complicidad con algunas empresas privadas que actuaban como proveedores de la institución.

El Mecanismo

La historia se remonta al 20 de agosto de 2011. En pleno vuelo, la aeronave Cessna Citation III de propiedad del Ejército, sufrió el impacto de un ave en el motor debiendo aterrizar de emergencia en el aeropuerto Carriel Sur de Concepción.

Debido a los daños, el Ejército hizo efectivo el seguro con la compañía Liberty quien autorizó, según detalla el libelo, los trabajos de recuperación del motor, “enviándolo a la empresa Dallas Airmotive ubicada en Estados Unidos”, a través de la empresa Aeroservicio S.A.

Una vez que fue reparado, el motor fue devuelto a Chile a la Brigada de Aviación del Ejército, unidad que recibió el aparato el 22 de octubre de 2012. El liquidador especificó, en un informe, los trabajos y repuestos destinados a recuperar el motor siniestrado.

Meses más tarde, sin embargo, el jefe de adquisiciones de la Brigada de Aviación, Francisco Rossi, solicitó una cotización a la empresa Aeroservicio debido a que el seguro contratado con Liberty, argumentó, no habría otorgado la cobertura necesaria, pidiendo nuevamente los repuestos que ya habían sido cambiados.

[caption id="attachment_844537" align="aligncenter" width="724"] Imagen: FF.AA. de Chile/Exgeneral Luis Chamorro[/caption]

El 14 de marzo de 2013, el comandante de la unidad, aprobó la compra mediante trato directo y luego dirigió un oficio a la Jefatura de Adquisiciones del Ejército (JAE), solicitando emitir una orden de compra por USD$102.301 (Más de 50 millones de pesos). A continuación, la empresa Aeroservicios S.A. emitió la factura correspondiente al valor pactado.

Posteriormente, agrega el documento, el Jefe de Adquisiciones de la BAVE y el Comandante de la unidad, “confeccionaron y firmaron las correspondientes actas de recepción dando fe del recibo de los repuestos, generando de esa manera una apariencia de realidad y veracidad, en circunstancias que tales insumos nunca ingresaron a Chile”.

El negocio finalmente se concretó el 31 de mayo de 2013, a través del pago realizado por el Ejército a la empresa Aeroservicio, mediante la participación de dos altos ejecutivos que se habrían coludido con funcionarios de la institución castrense (Rossi y Chamorro), que actualmente se encuentran procesados por la justicia militar en la arista “Cuaderno BAVE/Aeroservicios”.

La empresa Aeroservicio, en definitiva, facilitó una cotización al Ejército que tenía la certeza que no iban a ser adquiridos, emitiendo una factura por insumos que no compró  y recibiendo el pago por los mismos sin nunca haberlos adquirido, “perjudicando patrimonialmente al fisco de Chile”.

Entre las diligencias solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado se destaca un oficio despachado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el objeto de que informe “sobre los productos bancarios que tengan los querellados (Zúñiga y Sepúlveda) en las distintas instituciones financieras en Chile”.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.