Las isapres están viviendo días tormentosos. En sus largos 42 años de existencia, es la primera vez que se ve realmente amenazada su continuidad dentro de los márgenes de un sistema diseñado para reemplazar y desplazar a un sistema de seguridad social de calidad y amplio.

En gobiernos anteriores, se ha desplegado como eslogan promocional la “reforma a la salud”, siempre con soluciones y maquillajes menores, pero que perpetúa este sistema en una lógica per saeculla saecullorum. Las isapres en su momento reaccionaban con algo de rimbombancia ante ciertas modificaciones a la ley, pero más que nada para aparentar. Hoy la situación evidentemente es más compleja.

Las isapres piden ahora con particular despliegue mediático, y vía voceros políticos, ser rescatadas. Parecieran ser víctimas de algún mal externo, ajeno a ellas, que las hará quebrar. Sin embargo, obvian en todo momento la responsabilidad que estas mismas tienen por su situación actual, pues diseñaron un sistema en el que se lucra con el afiliado más joven, pues no se enferma y está en plena edad productiva. Luego, con los adultos mayores restringe la cobertura, encarecen los planes y prácticamente cuando jubilan los abandonan a su suerte.

En términos financieros suena perfecto: el joven (que representa bajo riesgo) paga durante toda su vida, y cuando su riesgo aumenta (adulto mayor) se le margina. Por supuesto, las alzas en los planes y la aplicación de tablas de factores se escapan de cualquier lógica de lo que entendemos como “seguridad social”. La justicia también lo consideró así en 2019. Las isapres no acataron la resolución, y nadie les dijo nada. Hasta que llegó un hecho inesperado que hizo debilitar aún más los pilares de este sistema: el coronavirus.

La Covid-19 no discriminó mucho por edad, a diferencia de las isapres. La gente joven y sana se empezó a enfermar, incluso de gravedad: días de UCI, aumento de las consultas médicas, secuelas de varios meses de recuperación, un sinfín de licencias médicas, entre muchos otros factores que aumentaron el riesgo financiero.

Así, la población joven dejó de ser rentable y las aseguradoras comenzaron a reducir costos (pago de licencias médicas y disminución de las coberturas). Las isapres disminuyeron sus utilidades y avizoraron el abismo en el que actualmente están. Hoy solo les queda rotularse el papel de víctimas y culpar al Poder Judicial y al Gobierno de Gabriel Boric de sus problemas, desviando cualquiera de sus responsabilidades hacia otros actores, sin nunca emitir con algún grado mínimo de humildad un “nos equivocamos”.

En términos objetivos, sólo queda la evidencia robusta de la sentencia desde la Corte Suprema. Al ser un poder del Estado independiente al Legislativo o Ejecutivo, cualquier tipo de intervención de presidentes, senadores, diputados u otros representa sólo una opinión, intención o apreciación. Los manotazos de ahogado que dan algunos grupos, con evidente conflicto de interés, como Demócratas y Republicanos, sólo extienden el plazo de una muerte ya anunciada. A pesar de lo anterior, el Gobierno actual busca una salida razonable con su propuesta de “ley corta”, teniendo la legítima posibilidad de “no hacer nada”, y dejar que las isapres solo acaten una sentencia. Pero el sentido público y responsabilidad hacia los usuarios primó en la ética presidencial.

Vemos nuevamente que el rol de lo privado inmiscuido en un derecho humano, como lo es la salud, falla en su implementación de manera desastrosa, y lo que es peor, jamás se hace cargo de las personas, porque es así: bajo su naturaleza su objetivo es lucrar y las personas son solo un medio para ello, jamás serán el fin.