A quien llamaremos Mariana, llegó hasta la oficina del pastor presbítero Sadrac Zuleta Donoso en 2020. Allí le relató que a fines de los 60’, cuando tenía 17 años,  la actual autoridad máxima de la Iglesia Evangélica Pentecostal, superintendente Aldo Córdova Muñoz, abusó de ella. Incluso cuando estaba casado, aseguró la mujer, hecho inaceptable en la escala de valores que propugna la fe.

La visita de Mariana tenía por objeto que los hechos -dijo llorando- salieran a la luz y de su memoria; pese a que están prescritos para la ley penal, mas no la de Dios, argumentó.

Producido el encuentro y en medio de la pandemia -siguió su relato-, comenzó a escuchar las prédicas que el Pastor Diácono, Samuel Valenzuela, emitía por internet. Los recuerdos volvieron. Mariana entonces decidió insistir en su denuncia, por lo que solicitó una audiencia para relatar los mismos hechos, esta vez con el Pastor Presbítero Daniel Tapia, cuarta autoridad del clero y jefe de la Región de Chillán.

Después de escuchar a la mujer y siguiendo el conducto regular, Tapia viajó hasta la comuna de La Calera, Región de Valparaíso, donde Córdova tiene su residencia, informando lo sucedido el 23 de enero del corriente.

Durante febrero, Mariana envió y publicó tres cartas informando de la situación a los miembros del culto y a quien quisiera escucharla.

El ambiente entre las autoridades internas escaló y se convocó a una reunión para analizar los antecedentes. Del encuentro realizado el mismo mes, emanó un breve comunicado enviado a la feligresía rechazando las acusaciones y que estas solo buscaban enlodar a Córdova y a la Iglesia Evangélica Pentecostal. Esta última, cuenta con 300 templos a nivel nacional, miles de fieles y presencia en 25 países.

Lea todos los documentos del caso Judicial

Córdova pasó a la ofensiva y acto seguido interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Iquique, el 3 de marzo pasado. En él, junto con descartar las acusaciones, reveló que el padre de la denunciante -en 1978- fue expulsado por una supuesta malversación de los dineros de la iglesia.

“Ello llevó un tremendo dolor a la familia de la recurrida, desprestigio de imagen, problemas económicos y más. Y el padre (...) Orlando Tapia, decidió crear su propia Iglesia y colocar un templo justo al frente del templo de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Asegurando que él era inocente”, detalla la presentación. En todo caso, y aún cuando se menciona un delito, no se describen denuncias ni sanciones penales.

Durante la tramitación del caso, el tribunal de alzada nortino solicitó un informe a Mariana para obtener mayores datos antes de fallar. En él, Mariana aseguró que nunca fue escuchada, que jamás se investigaron los hechos y acusó que el superintendente Córdova, habría inventado un supuesto complot de otros miembros de la curia evangélica para sacarlo de su puesto.

“(...) yo era una menor de edad de 17 años, con la cual cometió abuso sexual reiterado, manoseos en partes íntimas, besos y abrazos, a veces sobre la ropa y también bajo mi ropa (...) él pedía que fuera secreto, que nadie se enterase”, describió.

Frente al relato anterior, Córdova en su libelo criticó a Mariana y se preguntó por qué no  hizo la denuncia en su oportunidad y esperó 54 años.

Mariana, para validar sus dichos, porque a su juicio Córdova faltaba a la verdad, el 24 de marzo puso el asunto en conocimiento de Carabineros.

Dentro de los documentos adjuntados al proceso, existe una conversación de Whatsapp, donde Mariana asegura tener un mensaje, donde le habrían pagado a su hija $7 millones para firmar una carta revelando un mal estado emocional. La mujer, sin embargo, presentó un certificado médico rubricado por un siquiatra, en el cual se indica que sus facultades mentales son normales.

Pese al intento judicial del superintendente Córdova, los ministros que integraron la sala iquiqueña, el 3 de abril, rechazaron por unanimidad la presentación. En la resolución, estimaron que se trataba de problemas internos de una institución, entre otros tópicos.

Carpetazo

El dictamen fue un golpe para Córdova, pero no estaba todo dicho. Por esta razón, convocó a una reunión extraordinaria del “honorable cuerpo de pastores presbíteros”, el pasado 10 de mayo.

En ella se discutieron el sentido, alcance y daño que produjo la denuncia de Mariana, pero al mismo tiempo la responsabilidad de quienes conocieron la información y se la hicieron saber al superintendente Córdova.

Terminado el encuentro, se resolvió rebajar de categoría a los involucrados y trasladarlos a otras jurisdicciones. Daniel Tapia, de ser Pastor Presbítero quedó como Pastor Diácono y Samuel Valenzuela, que ejercía este último cargo, a Pastor Probando. En otras palabras, resulta casi imposible que vuelvan a escalar en la jerarquía interna.

La decisión no dejó tranquilo a Daniel Tapia, quien presentó un recurso de protección, esta vez ante la Corte de Santiago hace poco más de una semana. En él detalla los momentos vividos y que la decisión de rebajar su título dentro de la iglesia, vulnera sus derechos constitucionales y pide que la justicia revoque la determinación del ampliado pentecostés. El caso está en plena tramitación.

El Desconcierto requirió información al abogado Luis Durán quien patrocina a la entidad religiosa, pero indicó que no se referiría al caso “porque no soy vocero”.

Lo propio se intentó con el superintendente Córdova y otros altos miembros, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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