Un manto de cuestionamiento cayó sobre el Servicio Electoral (Servel) por el caso de Karla Añes, militante del Partido de la Gente (PDG) que logró ser candidata al Consejo Constitucional pese a ser condenada a cinco años y un día por narcotráfico.

La mujer de 42 años fue descubierta en 2010 en el Terminal de Buses Alameda de Santiago portando más de medio kilo de cocaína. Era reincidente, porque ese mismo año había sido condenada por el Juzgado de Garantía de Arica por tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades.

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Añes fue condenada a presidio mayor en su grado mínimo, incluyendo las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, con costas.

Andrés Tagle, presidente del consejo directivo del Servel, explicó que el Registro Civil los notificó de la recuperación de su ciudadanía el 31 de mayo del 2017. “Ella volvió a ser ciudadana con derecho a sufragio”, subrayó.

El directivo citó el artículo 17 de la Constitución, que establece las tres causales para perder la ciudadanía: Pérdida de nacionalidad chilena, condena a pena aflictiva (tres años y un día) y condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista o relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva.

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Sin embargo, la forma de recuperar la ciudadanía en los últimos dos casos es distinta. En caso de cualquier persona que haya sido condenada a pena aflictiva, se restituye su ciudadanía una vez que se extinga su responsabilidad penal, tal como explicó Tagle.

Pero el caso de Añes es distinto y su situación se circunscribe en la tercera causal. Para recuperar la ciudadanía, es decir, la posibilidad de votar y postular a cargos de elección popular, debe solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena.

Senado nunca recibió solicitud

Desde el Servel señalaron que ellos se rigen por las notificaciones que reciben, especialmente desde el Poder Judicial, quienes cuentan con la nómina de personas condenadas a pena aflictiva, y del Registro Civil, quienes reportan si se restituyen.

Sin embargo, sobre el caso de Añes no hubo notificación, porque nunca hubo solicitud. Consultados por El Desconcierto, desde el departamento de comunicaciones de la Cámara Alta aseguraron que "el Senado no tiene registro de una solicitud en tal sentido".

De hecho, en su plataforma digital, desde el 2010, año que fue detenida la candidata por primera vez, a la fecha, no figura el nombre de Karla Añes como solicitante de una rehabilitación de ciudadanía.

El Desconcierto se puso en contacto con el Servicio Electoral (Servel) para conocer su versión al respecto y si habrá sumario interno para investigar presuntas responsabilidades en este hecho, sin embargo, pese a la insistencia, no hubo respuesta.

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