Quienes escribimos esta columna somos feministas y defensoras de derechos humanos en Corporación Humanas, una institución de larga trayectoria en Chile en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Además, trabajamos temas de seguridad democrática y somos pacifistas.

Todas estas etiquetas resultan necesarias para justificar una aseveración tan rotunda como la que viene: vamos por mal camino en términos de seguridad pública y el desenfreno de aprobación de normas legales represivas de las últimas semanas nos va a afectar negativamente a corto, mediano y largo plazo. Si fuéramos mujeres migrantes, aún más. Y si quien lee esta columna es indígena o afrodescendiente, podrá mejorar con argumentos el sentido y alcance de lo que escribimos.

Las leyes, las políticas públicas y las instituciones impactan directamente en nuestras vidas, por eso, cuestiones tan fundamentales como la restricción del espacio público y la regulación del uso de la fuerza deben ser objeto del más alto escrutinio público.

Según la última encuesta IPSOS, 7 de cada 10 mujeres ha dejado de salir a la calle luego que oscurece, es decir, enfrentan mayores restricciones en su derecho a circular libremente en el espacio público. Del mismo modo, las mujeres expresan más temor y preocupación a ser víctimas de un delito.

En 2021, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENUSC) daba cuenta que un 71% de las mujeres se siente insegura al caminar en la calle mientras un 53% de los hombres tiene la misma percepción. De acuerdo con los Consejos Regionales de Seguridad, implementados por el actual gobierno, el delito de mayor ocurrencia es el de violencia contra las mujeres y presentan mayores riesgos de violencia policial cuando participan en manifestaciones pacíficas. Los estereotipos de género siguen reforzando que el espacio público no lo podemos habitar de manera segura.

Lejos de estar a la altura de estos desafíos, las medidas para enfrentar estos problemas responden a una agenda de seguridad clásica: aumento de penas para delitos y menos restricciones para el uso de armas de fuego por parte de Carabineros, institución que detenta el monopolio del uso de la fuerza. O sea, continuamos aplicando fórmulas que han demostrado ser ineficaces y muy costosas en lo económico y social en otros países, y que en Chile se vienen aplicando hace años, con escasos resultados.

A lo anterior se suman las declaraciones poco afortunadas de legisladoras/es y autoridades. Un ejemplo es la figura del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, cuyos dichos contribuyen a estigmatizar a las personas migrantes al relacionarlas arbitrariamente con la comisión de delitos, y aumentar su vulnerabilidad a diferentes formas de violencia y discriminación.

Enmendar el camino tiene numerosas complejidades, pero se requiere un principio orientador que entregue alguna certeza: garantizar la seguridad de quienes habitamos este país y mantener el orden público es una obligación del Estado. Cualquier ejercicio de poder tiene un impacto diferenciado en mujeres y hombres, por lo que se debe tener en cuenta una perspectiva de género en su diseño e implementación.

Garantizar la seguridad pública y el uso legítimo de la fuerza estatal debe ser regulado a nivel legal, respetando las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Esperamos que la discusión legislativa del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para policías y Fuerzas Armadas sea efectiva tanto en el resguardo del orden público como en la protección del derecho a la vida y la integridad de la ciudadanía.