“No podemos seguir postergando el Puerto San Antonio”, expresó en diciembre el presidente Gabriel Boric, sobre la construcción de un megapuerto para extender la capacidad del puerto de San Antonio en la región de Valparaíso. Esto aludiendo a que Chile se estaría quedando atrás en cuanto a infraestructura portuaria. 

Así, el Gobierno le daba su respaldo al proyecto de Puerto Exterior de San Antonio, que cuenta con rechazo ciudadano, sobre todo a raíz del impacto que significaría en delicados ecosistemas hídricos como las lagunas de Llolleo y la desembocadura del Río Maipo. 

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Como parte de la evaluación ambiental que atraviesa el proyecto, se recibieron cientos de observaciones ciudadanas que marcan las preocupaciones en torno a los impactos del proyecto y cómo mitigarlos. En los últimos días, los titulares de la empresa solicitaron ampliar el plazo para responder a estas observaciones hasta el último día del año 2024, aplazando la posible ejecución del proyecto.

Para quienes lideran la oposición al proyecto, el plazo de casi dos años solicitado para responder las observaciones, confirma la “falta de rigor técnico” en el Estudio de Impacto Ambiental que presentó la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA). 

El puerto de San Antonio ha estado en la mira en los últimos días, por un informe de la ONU que lo catalogó como punto neurálgico para el traslado de droga a nivel mundial. Además, un reciente reportaje de La Tercera recopila testimonios sobre el empeoramiento de la calidad de vida en la ciudad de San Antonio, en que el puerto se ve como algo que sobrepasa la ciudad en cuanto a tamaño y protagonismo, pero no le aporta el bienestar esperado.

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