Desde Ginebra, Suiza, la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, lideró el conversatorio “A 50 años del golpe militar: Chile y los mecanismos de Naciones Unidas para apoyar a víctimas de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales”.

En la sede de la ONU, acompañada de la embajadora de Chile ante las Naciones Unidas, Claudia Fuentes Julio, Urrejola comenzó hablando sobre “el origen, la evolución y el legado de los mecanismos de Naciones Unidas, vinculados con la prevención y reparación de la tortura, la desaparición forzada, y las ejecuciones extrajudiciales”.

La canciller señaló que la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado invita reflexionar sobre “la fragilidad de la democracia y el Estado de Derecho, y el consecuente riesgo que ello representa para la protección y defensa de los derechos humanos”.

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Recordó, por ejemplo, que Chile ya se había comprometido internacionalmente a proteger y respetar el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, el derecho a la libertad y seguridad individual, entre otras garantías consagradas en el pacto internacional de derechos civiles y políticos, que había sido ratificado por Chile en 1972.

A pesar de ello, “la dictadura que se instaló en nuestro país por más de 17 años, dio por resultado el asesinato y desaparición forzada de más de 3.200 personas, la prisión política y tortura de más de 38.000 personas, incluyendo miles de niños, niñas y adolescentes (NNA), sin mencionar los miles de exiliados y expatriados que se vieron forzados a dejar su país”.

Por otro lado, Urrejola indicó que “las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile pueden parecer lejanas, ya han transcurrido más de 30 años desde el retorno a la democracia, pero el riesgo del autoritarismo, la violencia y la represión siguen presentes en nuestra región y el mundo”.

“Hace algunos días nos enteramos de la inaceptable decisión de Nicaragua de expulsar a opositores al gobierno que estaban injustamente privados de libertad y de despojarlas de su nacionalidad a ellos y otros adversarios bajo el reclamo de ser traidores a la patria. Esta decisión nos trajo de vuelta dolorosos recuerdos de lo que vivimos en el pasado en Chile”, añadió.

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Así, repasó el caso de Nicaragua, afirmando que “se repite la violencia y la represión a lo largo del mundo, lo que nos exige reforzar el valor de la democracia, el diálogo, y el respeto a los derechos humanos como ejes orientadores de la política estatal”.

“Los gobiernos y prioridades programáticas pueden cambiar, pero es crucial lograr un consenso político nacional e internacional que permita establecer las garantías de respeto de los derechos humanos como una condición necesaria, fundamental y esencial del pacto social”, sentenció al respecto.

También destacó el trabajo de los diversos organismos que participan en el sistema de Naciones Unidas en la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente durante el acompañamiento de la comunidad internacional a los opositores de la dictadura chilena.

“Ya en 1974 la Asamblea General de Naciones Unidas expresaba su preocupación frente a los reportes de violaciones a derechos humanos en Chile, instando a las autoridades a que tomaran todas las medidas necesarias para reestablecer y salvaguardar su protección”, relevó.

El valor de la cooperación internacional

Recordó además que en 1978 se creó el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Chile, cuyo fin era recibir contribuciones y distribuir ayuda humanitaria, legal y financiera a las personas cuyos derechos humanos han sido violados por su detención o prisión en nuestro país, y a las obligadas a abandonarlo. También destacó el rol de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dependiente del ECOSOC (Consejo Económico y Social).

De acuerdo con la canciller, estas medidas “mostraron la eficacia de la cooperación internacional y el establecimiento de procedimientos especiales para la prevención, protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo”.

“Chile ha podido experimentar en primera persona el papel que puede cumplir la cooperación y la solidaridad internacional para alertar y poner fin a las violaciones a derechos humanos, avanzar en verdad y justicia, y reparar a las víctimas de estos graves hechos”, añadió.

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“Por ello, en coherencia con el mensaje que nos transmite nuestra propia historia, como gobierno estamos comprometidos a seguir colaborando con los diversos órganos de Naciones Unidas que trabajan en esta materia, continuando con nuestro apoyo al fondo, y también prestando asistencia a las labores desempeñadas por los grupos de trabajo —relatores, expertos independientes y otros procedimientos especiales— que hoy cumplen una labor fundamental en defensa de los derechos humanos en todo el mundo”, dijo Urrejola.

Finalmente, aseguró que “estamos muy satisfechos” de abrir de nuevo las puertas de Chile a las visitas de los procedimientos especiales, expresados en la reciente visita del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias, que celebró su 129 periodo de sesión en nuestro país en febrero pasado, y en las próximas visitas que efectuarán durante este año.

“Estamos convencidos que la supervisión internacional y la colaboración con los organismos de Naciones Unidas, permitirá una mejora de nuestras prácticas institucionales y hacernos cargo también de las brechas. Esperamos que más países se sumen a esta política de puertas abiertas, tan necesaria para el cumplimiento efectivo de los mandatos y para la mejor protección de los derechos humanos de todas las personas”, cerró.