Mal le ha ido a Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, en su defensa ante la justicia donde se le indaga por el presunto delito de malversación y lavado de activos, que habría ejecutado apelando a los gastos reservados que recibía la policía cuando él era su máxima autoridad, esto es entre el 2015 y 2021.

Tras su retiro, se le formalizó y se le sometió a prisión preventiva, un escenario que antecedió a la arremetida de la Fiscalía, que está solicitando un total de 20 años de cárcel por los ilícitos que se le imputan, publica este miércoles La Tercera.

Específicamente, el desglose apunta a 10 años de privación de libertad por malversación, a los que se adicionan cinco por lavado de activos y los restantes cinco por falsificación de instrumento público.

Atendiendo a los antecedentes recabados, el fiscal Eugenio Campos, quien lo indaga desde 2021, detalla cómo, según la Fiscalía, Espinosa habría materializado la malversación de $146 millones.

“Entre los años 2015 a 2017, en dependencias del edificio institucional (...) el referido director general de la PDI sustrajo ingentes montos de dinero en moneda nacional, provenientes de los recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados y asignados a dicha institución”, aseguró el persecutor en su relato.

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El modus operandi desplegado por Espinosa

Respecto del modus operandi, este habría sido un mecanismo simple a partir del que la Dirección de Presupuestos (DIPRES) depositaba los fondos de los gastos reservados en la cuenta corriente institucional de la PDI. Entonces, Espinosa tomaba contacto con la jefatura de Finanzas para gestionar el retiro del dinero. Posteriormente, el departamento de Tesorería elaboraba un boletín de egreso, consignando los recursos retirados.

Luego se emitía un cheque que se entregaba a Espinosa, quien encomendaba a su asistente, Eduardo Villablanca, que lo cobrara ejecutando todas las coordinaciones requeridas, luego de lo cual concurría a hacer los giros a la casa matriz del Banco Estado, donde lo llevaban a la bóveda y le hacían entrega del dinero en efectivo.

Ya con los fondos en las manos del entonces director de la PDI, según la investigación del Ministerio Público, este destinaba una cantidad a las unidades especializadas y se apropiaba del resto.

“El acusado ex director de la PDI hizo depositar una parte de éstas, en dinero en efectivo, en sus cuentas corrientes personales, tanto de Banco Estado (...), como del Banco de Chile; así como en la cuenta corriente del Banco de Chile perteneciente a su cónyuge, la acusada María Magdalena Neira Cabrera”, detalla al respecto el fiscal Campos.

La Fiscalía, en tanto, plantea que “las sumas sustraídas (...) provienen de los caudales públicos destinados a los gastos reservados”, por lo que para la cónyuge de Espinosa, contra quien también se presentaron cargos, se solicitó una pena de cinco años y un día, correspondiente al delito de lavado de activos.

“A pocos días de haber asumido el cargo de director general de la PDI”, se retiraron $30 millones por concepto de gastos reservados, desde al cuenta institucional de la PDI. La mitad terminó “en las cuentas bancarias de él y su cónyuge, entre el 30 de junio y el 06 de julio de 2015″, detalló la Fiscalía considerando que el imputado asumió su cargo el 19 de junio.

Pero hay más. El 30 de julio se haría de otros cinco millones en un sistema de retiro en el que el exresponsable de la policía, habría perseverado hasta 2017.

“Parte del dinero proveniente de la sustracción de los fondos públicos se adquirieron los inmuebles” ubicados en calle Rosario Sur N° 505 en Las Condes; y calle Hontaneda N° 735, en Valparaíso", detalla el Ministerio Público.

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“Dichos inmuebles fueron adquiridos en un precio de venta de alrededor de $483.616.244 aproximadamente”, pormenorizó Campos. 

A lo anterior se suma la adquisición de un auto para su hijo, para lo que Espinosa habría apelado parcialmente a los dineros que, se le atribuye, sustrajo de la PDI.

Los antecedentes se conocen en la previa del 19 de enero, día en que se da inicio al juicio oral a través del que se busca condenar al exdirector de la policía civil.

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