Transcurridos ya sobre cinco años desde que entró en vigencia la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (21.030), en septiembre del 2017, las estadísticas hablan de cómo se ha implementado la normativa en Chile que permite su aplicación en tres causales que son inviabilidad del feto, violación y riesgo de la vida de la madre.

Considerando que el tema genera sensibilidades de distinto tipo, hay profesionales que directamente han transparentado su decisión de restarse de participar en la interrupción del embarazo, apelando a la alternativa que la ley les otorga a quienes deben hacer ingreso al pabellón en el momento de la intervención, detalla este martes un artículo que publica El Mercurio en base a antecedentes entregados por el Ministerio de Salud (Minsal).

Específicamente, hoy cuatro de cada 10 obstetras que prestan servicios en hospitales públicos son objetores de conciencia en caso de violación de la madre, lo que representa un 43% (576 profesionales).

La cifra, en todo caso, ha ido a la baja con el transcurso del tiempo. De hecho, desde 2018 un 47% de los obstetras ha apelado a la objeción de conciencia en caso de violación.

Respecto del desglose, los servicios de salud que lideran en esta causal corresponden a los de Maule, O’Higgins y Metropolitana Sur Oriente.

Y en relación a los casos que representan un riesgo para la vida de la madre, la cifra de objetores alcanza al 15% (205 profesionales) mientras que las situaciones de inviabilidad fetal que han redundado en una interrupción de la gestación, llegan a 23% (309 profesionales).

Asimismo, las entidades médicas objetoras de conciencia institucional llegan a seis y son la Red de Salud UC Christus, la Pontificia Universidad Católica, la Corporación Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, el Hospital Parroquial de San Bernardo, la Universidad de Los Andes y Clínica Indisa (en este último caso solo para la causal de violación).

"Nadie ha quedado sin atención"

Patricio Silva, académico de la Universidad Central y exsuperintendente de Salud, entrega un panorama del escenario que enfrenta el país en este ámbito. “Según la información que yo manejo, nadie ha quedado sin atención, en el caso de mujeres que han solicitado atención médica por alguna de estas tres causales”, asegura.

Lo anterior, comenta, “porque en la práctica, si una mujer solicita atención médica invocando una causal, lo puede hacer, porque hay tiempo y si en un lugar no hay profesionales no objetores, se le deriva a otro centro”.

En relación a su implementación a lo largo de los cinco años que han transcurrido desde la entrada en vigencia de la normativa, a la fecha 3.520 mujeres han interrumpido su embarazo invocando algunas de las causales.

Con todo, la demanda ha sido más baja de lo que se esperaba cuando el proyecto estaba en tramitación. En ese entonces, se estimaba que las interrupciones de embarazo superarían los dos mil casos por año, pero en 2019, cuando se efectuó la mayoría de los abortos constatados a la fecha, estos alcanzaron 818.

El año pasado, en tanto, estos llegaron a 539, la cifra más baja desde que entró en vigencia la ley.

“No podemos hacer una evaluación positiva de los primeros años de la implementación, ya que sus resultados están muy debajo de las cifras proyectadas”, aseguró al mismo medio  la ministra de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), Antonia Orellana.

En opinión de la secretaria de Estado, esto se genera “por barreras de acceso como la objeción de conciencia institucional”.

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