El 4 de septiembre de 2022 la izquierda y la centro izquierda sufrieron una dura derrota, puesto que casi 8 millones de personas votaron en contra de la propuesta constitucional que encarnaba los ideales de dichos sectores políticos.

Las explicaciones que se han dado a esta derrota son varias: una deslegitimidad de la Asamblea Constituyente, incapacidad de canalizar el malestar social, falta de diálogo político, etc. Sin embargo, me gustaría poner énfasis en un punto que no se ha tratado en mayor medida, pero que desde mi perspectiva es fundamental para explicar el triunfo del rechazo.

Esto es que, los actores políticos de izquierda/centroizquierda que participaron del proceso constituyente no disputaron de forma efectiva la hegemonía. Fuera esto por errores políticos del sector, por el contexto social que había en dicho proceso o por el peso histórico que tiene el neoliberalismo en Chile. Lo que se expresó en el estallido de 2019 fue un malestar generalizado contra la institucionalidad, de ahí la consigna: “no son 30 pesos, son 30 años”.

Esta inconformidad no se materializó con el tiempo en un nuevo sentido común que disputará la narrativa neoliberal, presente en Chile por más de 40 años.

Para Antonio Gramsci, la hegemonía es la construcción de un consenso, mas no es la llegada a un acuerdo de carácter salomónico. Este consenso pretende generar la aceptación de un proyecto político. Es decir, un grupo es hegemónico cuando es capaz de encarnar ideas que son compartidas por una mayoría de la sociedad.

Estas ideas deben ser puestas en escena, debatidas, impulsadas y fomentadas por los actores políticos que las representan. En este sentido, con lo planteado por Daniel Matamala, los constituyentes fueron vistos como una élite política, desconectados de la “realidad social”. Dicha desconexión entre Asamblea y ciudadanía es una de las claves de la derrota.

En este sentido, la izquierda y centroizquierda no supieron leer bien el panorama social. La construcción de una hegemonía busca impulsar ideas, pero también escuchar a los diferentes sectores sociales, incluso adaptando el proyecto a un determinado contexto.

Esto claramente no se hizo. Cuando se tocaba la opinión que tenía la gente sobre la convención y las propuestas que en ella se debatían, constituyentes como Fernando Atria, Elisa Loncón o Jaime Bassa, apelaban a la campaña de desinformación -que la hubo- más no se ponía atención en los puntos que no les hacían sentido a las personas.

Asimismo, hay que reconocer que el contexto social tampoco ayudó a fomentar esto, la movilización social que permitió el acuerdo firmado el 4 de noviembre terminó por congelarse.

Por su parte, el neoliberalismo ha estado presente en Chile por más de 40 años, creando un sentido común en la ciudadanía (creencias, percepciones, costumbres, etc.). La idea de la solidaridad fue reemplazada por la competencia, y la idea de la comunidad fue reemplazada por la de individuo.

Por ejemplo, no es posible pensar un sistema de pensiones individual basado en la seguridad social, sin tensionar de manera profunda la manera en que concebimos nuestras relaciones con los otros. Ahora bien, esta subjetividad se expresaba en el debate sobre la propiedad de los fondos de pensiones, la idea de que las pensiones no se podrían heredar o que se acabarían las ISAPRES.

La gente tiene todo el derecho de querer seguridad y estabilidad. Lo problemático es que el discurso neoliberal está tan arraigado en un sector de la población que no se pueden hacer los cambios que se necesitan para solucionar los problemas sociales. El gran error de la izquierda fue creer precisamente que esto había cambiado por completo.

La derrota del 4 de septiembre deja grandes lecciones, un proceso de transformación social no se puede fundamentar en un acontecimiento, que por muy inédito que sea, este necesita un trabajo constante de movilización social de disputa hegemónica.

Trabajo que debe ser de larga duración y que debe ampliar aún más a los sectores a quienes llega. No solo deben ser partícipes los actores sociales tradicionales (estudiantes, jubilados, feministas, etc.), sino que también a esa parte del 62% que no votó en las elecciones pasadas y que dio su voto al rechazo.