El alza de aranceles para el año 2023 anunciado por las universidades del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) ya ha puesto en alerta a estudiantes y a sus organizaciones en todo el país. También nos preocupa como diputación y nos reafirma la importancia de seguir poniendo en la mesa el tema del financiamiento, los criterios que las instituciones aplican para establecer sus aranceles y el derecho a la educación.

El abandono del Estado, las lógicas de autofinanciamiento vía aranceles, la disminución de la matrícula y los efectos de la pandemia han llevado a las universidades a una situación crítica. Sin embargo, esta no puede ser abordada sólo con medidas transitorias como hacer uso de los excedentes del fondo solidario o reajustar los aranceles. La crisis no pueden pagarla los estudiantes.

El llamado es claro. Llegó el momento de discutir un nuevo sistema de financiamiento estatal para sus universidades, con orientación basal y acorde con el papel estratégico de estas instituciones para el desarrollo de sus regiones y el país.

El entramado de los aranceles

En la actualidad, existen tres aranceles que son relevantes. Primero: el arancel de referencia, que se utiliza para determinar el monto máximo por alumno que el Estado entrega a las instituciones de educación superior a través de becas, o que avala y presta por alumno, a través del CAE, y el Fondo solidario. Segundo: el arancel regulado de transición y en régimen, que es el monto que el Estado transfiere a las instituciones por estudiante beneficiario del esquema de gratuidad. Y tercero: el arancel real, fijado autónomamente por la institución.

Sobre este punto, es importante recordar que la gratuidad se implementó con aranceles determinados para los años 2017 a 2020. En tanto, los actuales aranceles regulados rigen desde el año 2021 y su redacción definitiva debería realizarse con la metodología de cálculo establecida en la Ley N° 21.091 de Educación Superior. Sin embargo, ha sido pospuesta vía ley por el gobierno del presidente Gabriel Boric, debido a una serie de retrasos que penan desde el gobierno anterior en su implementación.

La discusión que se dio en la Comisión de Educación de la Cámara sobre esta postergación fue un debate sincero. Las instituciones explicaron que, desde la implementación de la gratuidad, existe una brecha entre el arancel regulado y el arancel real. Sin embargo, y pese al diagnóstico común, la demanda por solventar la brecha entre aranceles regulados y aranceles reales de las universidades fue postergada, generando un problema para el próximo año.

Este problema de brechas y falta de cobertura se manifiesta tanto en los casos de los programas de financiamiento de becas y créditos como en los de gratuidad. En ambos casos vemos un elemento común: falta de financiamiento por parte del Estado, lo que en (una de las hipótesis) atenta contra el presupuesto familiar y (en la otra) contra las instituciones de educación superior que reciben financiamiento estatal.

Defensa de la educación superior

En este sentido, es legítimo preguntarse si los criterios que utilizan las instituciones de educación superior para fijar sus aranceles reales responden a los costos efectivos de impartir las carreras o si la brecha que costean las familias de las y los estudiantes en un caso, y las propias instituciones de educación superior en otro, no es más que otra de las consecuencias con las que Chile carga por no terminar de manera definitiva con el lucro en la educación.

¿No será tiempo de considerar la aplicación de un solo arancel que ponga fin a este esquema de mezquindades en que la única perjudicada final es la educación pública? ¿Es la permanencia de estos tres aranceles uno de los tantos obstáculos que el movimiento estudiantil deberá sortear para consolidar el derecho a la educación?

Con esto volvemos a nuestro primer planeamiento: urge una propuesta de sistema de financiamiento para la educación superior que no solamente se haga cargo del financiamiento basal, sino que también reabra debates como, por ejemplo, la gratuidad en la educación superior.

Además, resulta fundamental que las comunidades se expresen frente a esta grave situación. Es vital fortalecer las organizaciones de los trabajadores académicos y no académicos y de los estudiantes para movilizarse y superar la actual crisis de la educación superior.

No es posible que el enfrentamiento de esta situación sea que cada universidad que dependa del financiamiento público para impartir una carrera, quede a su propia suerte ante una crisis que requiere apoyo estatal y mirada estratégica.