Primera semana COP27: excusas y responsabilidades diferenciadas
El principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” nace de la mano con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), pues se consagra en su artículo 2.1. Este principio hace referencia a que, si bien todos los países han contribuido al cambio climático antropogénico, algunos lo han hecho más que otros, por lo que deben tomar medidas más fuertes para enfrentarlo, siempre dentro de sus respectivas capacidades nacionales.
Bajo este principio es que los países industrializados (o del norte) deben pujar la acción climática y colaborar con los países en desarrollo (del sur) para enfrentar el cambio climático. Esta definición ha sido una “piedra angular” de la política climática y ha acompañado las negociaciones durante casi 30 años, permitiendo acuerdos históricos como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, pero también, ha sido utilizada por algunas partes para diluir, aplazar e incluso bloquear las políticas climáticas urgentes para enfrentar la crisis climática, aludiendo a las necesidades propias y urgentes que les hace priorizar el enfoque de sus capacidades hacia los propios intereses nacionales.
Con la implementación de los primeros términos del Acuerdo de París y la urgencia en avanzar en una agenda de mitigación ambiciosa para lograr el límite de 1,5° C, el establecimiento de responsabilidades comunes pero diferenciadas se fue diluyendo de los borradores y claves de negociaciones políticas, poniéndose énfasis en una avanzada global de reducción de emisiones.
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Sin embargo, en un actual contexto de incertidumbre económica y política, muchos países han vuelto a levantar esta responsabilidad diferenciada, mirando hacia adentro, dejando un poco de lado los esfuerzos por lograr acuerdos y avanzar en materia de acción climática, Insisten en ser cautelosos con el traspaso de fondos o capacidades debido a la necesidad de “recuperar sus economías” o “prepararse para lo que viene”. Varios de estos países, por lo demás, han formado su desarrollo material y humano en base a la explotación de combustibles fósiles y contaminantes, y quieren nuevamente una especie de “ventana” para volver en algún momento, al ruedo de la acción climática, en sus propias pretensiones. Es obtener una “ventaja “ de las responsabilidades diferenciadas, que nada tiene que ver con el verdadero sentido que la Convención y sus decisiones le otorgan a este principio.
De esta manera, la 27ava versión de la Conferencia de las Partes comienza, bajo un clima de desconfianza desde los países del sur hacia los del norte. Mucho se escucha entre los asistentes a este evento “¿y por qué creeríamos que ahora si se van a cumplir los acuerdos?” Es que la mayoría de los asuntos principales de esta COP se refieren a metas incumplidas que no han visto la luz aún en esta primera semana de negociaciones.
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En financiamiento, tema relevante en esta instancia, con el compromiso colectivo de 100 mil millones USD anuales desde 2020, o con el flujo insuficiente de dinero, especialmente en Adaptación (Fondo para Adaptación y distribución de flujos entre Mitigación/adaptación). Y aunque, las propuestas pueden ser variadas (ampliar la base de aportantes, incluir al sector privado, fijar impuestos generales a los combustibles fósiles, entre otras) el problema sigue siendo el bloqueo, que, de alguna u otra manera, logran establecer quienes emiten las mayores cantidades de gases de efecto invernadero. Bloqueo que avanza ahora también en materias de reparación, como pérdidas y daños y la creación de resiliencia climática, alojado en un contexto económico inestable.
Por otro lado, quienes están empujando estas temáticas, surgen del sur global. Tal como el posicionamiento conjunto de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) sobre el financiamiento para pérdidas y daños y su respectivo mecanismo. O el impulso de países como Chile por un resultado ambicioso respecto al Programa de Trabajo de Mitigación (WGP en inglés). Y eso tiene una razón simple: vivimos y viviremos los peores efectos de la crisis climática.
Queda una semana aún de negociaciones en la cual las definiciones sobre financiamiento para pérdidas y daños será uno de los protagonistas. Nuestro país tendrá un rol crucial: facilitar las discusiones de alto nivel sobre el tema. La ministra de medio ambiente Maisa Rojas junto a su símil Alemana, Jenifer Morgan, tendrán la misión de lograr una decisión para este viernes. Ya hemos visto en este primer draft algunas luces de posicionamiento, que esperamos, puedan concretarse en esta semanas.
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¿Qué esperamos? ya lo ha hecho saber la sociedad civil y los países más vulnerables: financiamiento permanente, diverso, accesible y basado en las necesidades de los países bajo el marco de la Convención. Vale la pena escuchar a estos actores, ya que han puesto estos temas sobre la mesa y además, son los principales receptores de este financiamiento.
No hay duda: debe resurgir el valor del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, pero realmente diferenciadas. Es simple de comprender: quienes más contaminan, son quienes deben liderar una acción climática firme, decidida y basada en la justicia y derechos humanos. Podemos colaborar, desde nuestras veredas en estas metas, pero, los recursos y las capacidades deben venir de quienes históricamente nos han llevado a este punto de, casi, no retorno. Este es el verdadero “espíritu” que forma dicha “responsabilidad diferenciada” y no otro. Un espíritu de real equidad y justicia climática.
