El trabajo doméstico realizado de manera remunerada por algunas mujeres es el que ha posibilitado a otras acceder al mercado laboral, permitiéndoles mantener el funcionamiento del núcleo familiar.

El trabajo doméstico es una fuente importante de empleo a nivel mundial, ya que representa el 2,3% del empleo o 1 de cada 25 trabajadores (OIT, junio de 2022).

En muchos países, como el nuestro, el trabajo doméstico remunerado presenta similitudes respecto a una actividad informal, en ámbitos como el bajo salario y su pago parte en dinero y parte en especies, y en la situación de desprotección de ciertos riesgos psicosociales como la salud mental, física y social.

Una particularidad de esta ocupación es que la dimensión emocional se considera como una de las competencias requeridas por las trabajadoras que la desarrollan, en relación con las responsabilidades formativas y afectivas, tanto como el acompañamiento físico y emocional propio de las labores de cuidado de las personas a su cargo en el hogar.

El ser trabajadora doméstica remunerada circula en un entramado de dimensiones que han estado expuestas ante nuestros ojos, pero que nos remiten la necesidad de sentipensar ¿cuál es el lugar de estas mujeres en esta relación afectivo-laboral?, puesto que se han reconocido a sí mismas como relevantes en la relación con la familia que atienden. Sin embargo, en este mismo espacio, transitan relaciones de poder, que las someten a dinámicas de reconocimiento algunas veces, pero otras a condiciones agraviantes y precarizadas.

Sin ir más lejos, en el periodo más duro de la pandemia, se pudo revelar lo “invisibles” y poco relevantes que pueden ser estas mujeres en sus trabajos. En el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno, se mostraron en medios de comunicación a las empleadas viviendo en las casas de los patrones durante este periodo, sin tener la posibilidad de ver a sus propias familias (por temor al contagio dentro de su lugar de trabajo). En otros casos muchos empleadores evidenciaron su enojo por tener que pagar el salario a la trabajadora doméstica que “no está yendo”, como si se hubiese tratado de una elección.

La pandemia dejó al descubierto en nuestro país las precariedades de este tipo de empleo, siendo uno de los rubros más afectados en términos de cese de sus contratos de trabajo. Según datos del INE, en el punto más alto de la pandemia y confinamiento, se habían perdido alrededor de 168 mil empleos, de los que se habrían recuperado solo alrededor de 70 mil.

Según estimaciones de la OIT, en América Latina y el Caribe el 85,5 % de las trabajadoras domésticas cuentan con el reconocimiento de una jornada laboral similar a la de otros trabajadores, el 97,1 % tienen periodos de descanso similares y están cubiertas por al menos una rama de la seguridad social y un 93,7 % vive en países que reconocen la protección del salario mínimo. Sin embargo, esto no implica necesariamente que todas las trabajadoras accedan a los derechos y garantías en igualdad de condiciones.

A partir de 1990 en Chile, y en el contexto de la recuperación de la democracia, se produjeron intentos normativos de igualar el trato y generar vigencia de derechos laborales para las trabajadoras domésticas remuneradas. No obstante, con tener importantes avances y reconocimientos, aún subsisten desigualdades respecto del resto de los y las trabajadores/as.