La Convención Constitucional (CC) desarrolló el proceso participativo más amplio y diverso que se ha registrado por una instancia institucional nuestro país. Fácilmente podemos estimar en un millón y medio o más de personas que participaron de diversas actividades relacionadas con el proceso, durante el año de su ejercicio.

También se llegó de una forma especial a sectores aislados, grupos escasamente visibilizados y representados en el pasado. De la misma forma, se desarrollaron de manera exitosa innovaciones participativas como las Iniciativas Populares de Norma (IPN). Fueron centenares las instituciones y organizaciones de todo orden que aportaron en el proceso. A pesar de lo anterior, la descendente adhesión popular al trabajo de la CC y el resultado del plebiscito de salida ofrecen una serie de lecciones que pueden ser de gran utilidad para una propuesta de participación popular en una nueva etapa del proceso constitucional.

1. La participación es necesaria y existe evidencia sobre los instrumentos e instancias. Existió un gran interés por participar opinando, decidiendo y apoyando iniciativas. Es posible que ese interés sea algo menor ahora. Para contrarrestar ese posible efecto propongo tres prioridades de diseño: a) la elaboración de una épica o relato del rol de la participación en el proceso constitucional; b) el equilibrio entre modalidades muy sencillas y de bajo costo para las personas y por tanto masivas y otras de mayor complejidad y compromiso; y c) establecer la vinculación lo más clara posible entre la participación popular y las decisiones de la CC.
2. La participación requiere tiempos adecuados. La aceleración que experimentó el trabajo de la CC a partir de fines de enero impidió dar adecuada continuidad al proceso participativo diseñado. Ahora se requiere mayor claridad sobre el diseño del proceso general que se llevará a cabo, incluyendo desde el inicio los procesos participativos en él, seleccionando en función de su incidencia, alcance y tiempo disponible. Las modificaciones que puedan surgir deben ser decididas también considerando sus implicancias para la participación. Sería aconsejable contar con una propuesta previa a la instalación del órgano constitucional, que este pudiese decidir al inicio. Esto implica incluir los hitos clave de la participación popular dentro del acuerdo político que, de origen al proceso, como por ejemplo: jornada educativa/informativa nacional al inicio (proceso, conceptos clave, tiempos e instrumentos); desarrollo de Iniciativas Populares de Norma; deliberación durante el debate de normas; jornada de deliberación nacional y plebiscitos dirimentes.
3. La participación no requiere un reglamento específico, sino una incorporación orgánica en todo el proceso. Es mejor que su reglamentación se incluya en un texto general. Para su implementación debiese establecerse una dependencia directa de la Mesa Directiva –pues requiere liderazgo– y un organismo técnico con funciones definidas y mayor autonomía.
4. El proceso participativo debe articularse desde el inicio con la comunicación pública del nuevo organismo. La comunicación fue deficitaria durante la CC y su articulación con participación casi inexistente. Ello tuvo consecuencias muy negativas. Participar no es organizar reuniones, sino establecer espacios de confianza pública, transparencia y escucha, con resultados de incidencia sobre el trabajo del organismo constituyente. Esto permitirá tener como horizonte de la participación el plebiscito de salida, es decir fortalecer la legitimidad general del proceso. Una señal de TV abierta del organismo constituyente sería un muy buen recurso comunicativo, junto con la producción de información para las radios locales y comunitarias.
5. Es posible movilizar muchas capacidades y voluntades cooperación (universidades, ONG, organizaciones de base, entre muchos otros). El rol específico del organismo constituyente debe ser principalmente establecer con claridad y luego asegurar los canales y formas de incidencia de diferentes modalidades y esfuerzos participativos. Teniendo un marco claro y definido respecto del modo como estos esfuerzos serán recibidos y canalizados por la nueva entidad, estos serán organizados bajo formas muy diversas, por distintas instituciones y organizaciones. Contar con formatos que permitan una fácil (o automática) sistematización, ayudaría en este sentido.
6. La participación incidente necesita medios y recursos para ser efectiva. La insuficiente asignación de recursos fue un factor negativo del proceso. Es fundamental contar con una plataforma digital de primer nivel administrada por el propio organismo, así como con recursos para fortalecer la labor de difusión del proceso. Pero el despliegue territorial y la implementación se fortalecería enormemente con una habilitación explícita para el uso de los recursos humanos y la infraestructura de servicios públicos, gobernaciones y municipios para comprometerse (como lo han ofrecido) con la tarea. En términos jurídicos, esto debe enfrentarse a través de la reforma constitucional que surja del acuerdo político, pues durante la CC la Contraloría estimó que estos no podían participar activamente. Es el país como un todo el que debe llevar adelante el proceso, que ya no dependerá de las capacidades muy limitadas de un organismo provisional y ad hoc como fue la Convención.
7. Se debe decidir sobre habilitar una opción de participación durante el debate de las normas y no solamente previo. Ese fue el momento más débil en el reciente proceso, tanto por la falta de tiempo y la intensidad del debate, como por la falta de un sistema articulado que permita: a) poner a disposición pública las normas en debate en el momento oportuno; b) contar con una plataforma de ingreso de opiniones y propuestas (“indicaciones ciudadanas”); y c) contar con formas de sistematización de esa información a medida que se va produciendo; d) contar con un mecanismo para hacer presente a las y los convencionales dichos insumos en relación a lo que se está debatiendo; si todo ello se estima inviable, el énfasis debiese estar en la etapa previa (de mayor intensidad), la transparencia activa en el proceso y mecanismos fuertes de rendición de cuentas y evaluación de la incidencia lograda. Se recomienda mantener el mecanismo de “Relatorías de Participación” que se utilizó durante la CC, que permite acercar los contenidos de la participación popular a los debates específicos.
8. Las IPN son un mecanismo muy importante, pero requieren ser perfeccionadas en el siguiente sentido: a) debe existir un periodo breve que permita conocer las diferentes iniciativas que se desea presentar y autorizar la fusión, perfeccionamiento y acuerdos sobre iniciativas por parte de diferentes proponentes, estableciendo lo que se denomina “coaliciones promotoras”; b) todas las IPN que alcancen el número de firmas definido deben ser escuchadas por las comisiones respectivas; y c) debe transmitirse con claridad y anticipación que ingresar una IPN no equivale a aprobarla y que esta es una de las formas de participación al interior de un conjunto mayor.
9. Respecto a las audiencias públicas, se debe poner a disposición del proceso las ya realizadas y sistematizadas durante la CC. Pero también se debiera ofrecer a quienes solicitaron audiencia, y no pudieron realizarla, un mecanismo sencillo con un formato común para hacer llegar un resumen de su presentación. Igual cosa si se decide establecer un nuevo período de audiencias.
10. La participación tiende a concentrarse en algunos temas, no es necesario repetir completamente el proceso en ellos. Durante la Convención fueron dos: Derechos Fundamentales y Medioambiente. El análisis del texto constitucional propuesto arroja una importante acogida de los contenidos propuestos. Por ello se recomienda partir el siguiente ciclo desde lo ya aprobado en esas materias, sin perjuicio de incluirlas también en el proceso. Se requiere contar con información sistematizada de las audiencias no realizadas, puesto que entre ambas comisiones existe un número cercano a las 3.000 que no pudieron concretarse, cuyo contenido no se conoce.
11. Debe fortalecerse el proceso de información y educación ciudadana, principalmente a través de una plataforma de recursos (materiales, contactos, redes) a disposición de quienes organicen actividades. Así las instituciones y organizaciones de la sociedad civil serán proveedores de recursos y usuarios de estos, sin someter al órgano constituyente a la presión de tener que producir mucho material para diferentes públicos. También aquí los organismos públicos debieran ser habilitados vía reforma constitucional para aportar en la tarea, pues cuentan con grandes capacidades instaladas para hacerlo.
12. Un mecanismo participativo de resolución de diferencias previo al plebiscito de salida disminuiría el riesgo de un nuevo rechazo. Los “plebiscitos dirimentes” propuestos por la CC para temas de adhesión mayoritaria, pero que no alcanzaban los dos tercios, hubiesen podido cumplir esa función. Pero no fueron habilitados legalmente, ni se advirtió este importante potencial. Cualquiera sea la decisión en esta oportunidad, esta debe ser tomada desde el inicio. Resulta razonable pensar que ayudaría a descomprimir el “todo o nada” de la decisión popular final.