A tan pocos días del plebiscito constitucional de salida, quisiera, querido/a indeciso/a, invitarle a la reflexión a partir de un escenario de constatación sociológica, y de dos interrogantes sobre lo que abre dicho escenario. Permítame sacarle del agobiante análisis jurídico pormenorizado, para llevarle a una perspectiva diferente, a una reflexión acerca de los últimos eventos de protesta generalizada en el país.

Como usted recordará, el año 2019 explotó la mayor crisis social y política de los últimos 50 años. Hay diversos fundamentos que explican la crisis (incluyendo la rigidez del texto constitucional que tenemos hoy, los índices de desigualdad, etc.), pero no quiero detenerme en ellos. Pretendo más bien centrarme en los hechos conocidos por todos. Aquel octubre de 2019 explotó una crisis que contó con 2 preludios de envergadura. El primero fue el movimiento de los pingüinos de 2006, y el segundo fue el movimiento estudiantil de 2011. Mientras que el movimiento de los pingüinos terminó con una foto de la clase política celebrando la eliminación de la LOCE, pero preservando en lo medular el sistema de educación de mercado, el movimiento estudiantil terminó con un petitorio que nunca fue recogido por Piñera, y que sólo fue retomado a pedacitos por la Presidenta Bachelet. Si bien la gratuidad parcial consagrada por Bachelet supuso un avance, este se mantuvo aún muy lejos de lo que demandaba aquel movimiento (fin al lucro, educación como derecho, fortalecimiento de la educación pública, etc.).

Pues bien, dado que ni el movimiento de los pingüinos ni el estudiantil lograron obtener un correlato real de cambios con posterioridad a la contingencia (ambos fracasaron en ese sentido), el denominado “estallido social” explotó con aún mayor violencia. Los movimientos sociales, querido/a indeciso/a, tienen memoria, y de ahí la masiva sensación de encono y el componente de “rebelión” de la protesta.

La constatación del fracaso de los movimientos que directamente le antecedieron agudizaron la protesta, la que tomó vuelo propio a partir de la repetida clausura de la clase política para asumir las demandas sociales, y la posterior criminalización de la ciudadanía, es decir de usted y de mí, al designársele como un “enemigo poderoso” que habría que combatir con toda fuerza, tanto policial como militarmente. Las violaciones a los derechos humanos, constatadas por diversas organizaciones internacionales, sólo contribuyeron a robustecer el movimiento, llevándolo a límites inéditos en la historia chilena reciente. Aquella irritación y reacción social que surgiera contra el abuso, contra el “oasis de privilegios”, contra la concentración de las comunas del 1%, contra la corrupción política y la justicia para ricos/pobres, obtuvo un “amago” de canalización institucional a partir del inicio del proceso constituyente, el que comenzara con la votación del 78% por una nueva Constitución y otro 78% por una Convención Constitucional sin parlamentarios (lo que no es otra cosa que una Constitución que no fuera escrita por los políticos de turno).

Luego de la breve constatación anterior, estimado/a indeciso/a, paso a la primera interrogante. Al mes de agosto de 2022, a casi 3 años desde de que emergiera el “estallido social” y 2 desde comenzado el proceso constituyente, aún no se ha consagrado ningún cambio institucional de relevancia; repito: NINGUNO. Las AFPs siguen intactas, las isapres demandan hoy a sus afiliados, la educación pública está moribunda, la justicia sigue distinguiendo entre ricos y pobres (clases de ética v/s cárcel efectiva), las inmobiliarias siguen explotando la especulación del suelo, el agua sigue siendo privada (cuestión que fue votada hace poco y rechazada en bloque por la derecha en el Senado), etc.

La única “ventana” que aún permanece abierta para que el “estallido social” logre materializar un cambio institucional es la nueva Constitución. Por ello, no quiero entrar en el detalle de la misma (cuestión de la cual podrá informarse en otros canales), sino quedarme en esta cuestión sociológica y plantearle la siguiente pregunta: ¿qué ocurriría si, como en 2006 y en 2011, la explosión de 2019 vuelve a carecer de un correlato de cambio institucional de envergadura? ¿Qué debemos esperar para lo venidero? ¿Cómo se habrá de procesar un nuevo fracaso para la ciudadanía? Es más: ¿qué debe hacer la ciudadanía si ni siquiera, cuando el país se volcó casi por completo a la calle, logró realizar un solo cambio de relevancia?

Entendiendo las legítimas diferencias que uno pueda tener respecto de diversas materias de orden constitucional, creo fundadamente, querido/a indeciso/a, que aquí se juega un proceso histórico que supera con creces la observación jurídica y que nos invita a co-crear la sociedad del porvenir en tranquilidad y con paz social. Al respecto, y más allá de nuestras posturas personales, tenemos 2 opciones objetivas sobre la mesa: el Apruebo “a secas” v/s el Rechazo “a secas”; Nueva Constitución v/s Constitución de 1980; Constitución nacida en democracia v/s Constitución nacida en dictadura.

Todo lo demás, estimado/a amigo/a de la duda, es mera especulación; todo lo demás es una mera promesa respecto de un futuro más o menos incierto, que deberá zanjarse en el Parlamento. La coalición de derecha dice que, esta vez sí, está dispuesta a reformar (a pesar de que en 2020 ya llamaba a reformar, y no sólo no lo hizo, sino que votó en contra de la mayoría de los derechos sociales que aparecen en la propuesta de nueva Constitución). La coalición de centroizquierda, por su parte, dice que está dispuesta a reformar (y saca con ello un documento con puntos de acuerdo concretos, añadiendo además un claro ánimo para seguir conversando).

Entre líneas, usted verá que es posible percibir cierta tendencia en mi descripción. Tampoco quiero que piense que, en mi caso personal, me encuentro en un momento de indecisión. Tengo la certeza de que cualquier cambio o reforma que se pretenda realizar es mejor hacerla desde la nueva Constitución. No obstante, y más allá de esta convicción disciplinar y personal, quiero finalizar esta carta con una segunda y última pregunta: ¿qué le resulta a usted más creíble en su aspiración de cambios para la construcción de un Estado social y democrático de derecho, que contribuya a asegurar la dignidad y el buen trato de todos/as sus ciudadanos/as?: ¿la promesa de una coalición históricamente opuesta a la idea de “derechos sociales” o la de una coalición que nació atada a dicho horizonte?

Sin haberle querido importunar, y en la esperanza de que pueda encontrar en esta carta un insumo para su decisión final, le saludo fraternalmente.