En estos últimos días ha estado en el debate público la reforma constitucional como una herramienta para posibles cambios que respondan a la larga lista de necesidades postergadas que nuestra sociedad requiere atender de manera urgente.

En razón a lo anterior, revisamos la herramienta de la reforma constitucional y su funcionamiento desde el año 1990 hasta el año 2021, centrándonos en 3 de los derechos sociales que, a nuestro juicio, han reportado una alta necesidad de cambios en estos años: vivienda, educación y seguridad social.

Ante todo, es un error pensar que este mecanismo no ha sido utilizado por los parlamentarios y parlamentarias, ya que conforme a la base de datos de Tramitación de Proyectos de ley del Congreso Nacional (SIL), entre marzo de 1990 y julio del 2021, se han presentado un total de 1.099 proyectos de ley que pretendían modificar nuestra actual Constitución. De este gran número de intentos por modificar el actual texto, sólo 6,4% (74 proyectos de ley) llegaron a materializar una reforma a la Constitución. El 93,6% de los proyectos restantes no corren igual suerte.

El primer grupo, los que están en tramitación, está compuesto por 632 proyectos, de los cuales el más antiguo está próximo a cumplir 10 años en el Parlamento. El segundo grupo lo integran 352 proyectos archivados y, finalmente, el tercer grupo compuesto por 41 proyectos rechazados y retirados.

Las cifras dan cuenta de un contundente impulso por cambiar el texto constitucional, con escasos resultados. Al colocar la mirada en los derechos sociales, el panorama resulta más desesperanzador. Si observamos el derecho a la vivienda, es justo señalar que desde el año 2007 se intentó su consagración vía reforma constitucional; 6 fueron en total los proyectos de ley que intentaron incorporar a la Constitución este derecho, pero ninguno ha tenido resultados hasta el momento.

En lo relativo al derecho a la seguridad social, de los 22 intentos de modificaciones constitucionales solamente uno ha derivado en un cambio a nuestra Constitución: se trata de la Ley 21.248 que permitió los retiros excepcionales de los fondos de pensiones con las condiciones que allí se señalan.

En el derecho a la educación, las cosas no han sido diferentes: desde 1995 se han presentado 36 proyectos de ley que han intentado modificar el derecho a la educación en nuestra Constitución, y sólo 2 de ellos han significado un cambio real al texto que refiere a gratuidad y obligatoriedad desde el segundo nivel de transición hasta la educación media.

Conforme a lo analizado, es pertinente sostener que los intentos por modificar la Constitución desde 1990 a la fecha por la vía parlamentaria han sido infructíferos. Pese a que se observa un amplio impulso inicial por realizar cambios al texto, ellos devienen en cambios marginales, que en ningún caso han respondido a la necesidad de consagrar garantías al derecho a la vivienda, a la educación y a la seguridad social.