La situación de inseguridad en la denominada Macrozona Sur ha concentrado, como nunca, la atención de todo el país. Los hechos violentos de mayor connotación y frecuencia, vinculados a organizaciones de distinta naturaleza, constituyen una de las principales causas de preocupación ciudadana. No está de más agregar que estos hechos también ensucian las legítimas demandas del pueblo mapuche contra la industria forestal y el Estado de Chile.

Este complejo escenario, cruzado por intereses y actores tan diversos como desconocidos, requiere, rápida y responsablemente, de una explicación pública. En el intento, medios de comunicación, autoridades, políticos y gremios empresariales construyen diagnósticos y soluciones; cada uno desde su propia parcialidad.

Sin perjuicio de lo anterior, el robo y comercio ilegal de madera parece ser uno de los factores explicativos centrales en esta complejidad. Un elemento al que, hasta ahora, no se le ha dado el énfasis necesario.

Durante las últimas semanas, y a partir de la necesidad de generar más y mejor coordinación entre los organismos del Estado para reducir el ingente crimen organizado en Biobío y La Araucanía, surgió una idea sobre la que vale la pena reflexionar en profundidad: el rol que debería jugar el Servicio de Impuestos Internos (SII) en esta problemática.

Para algunas autoridades –como los gobernadores, por ejemplo–, el SII debería aumentar la fiscalización en las rutas para colaborar en la persecución de bandas criminales. Sin embargo, este servicio tiene las facultades para desempeñar un papel más efectivo: no en caminos y carreteras, sino en las empresas que comercializan la madera mal habida.

Y es que el robo de madera y la cadena de comercialización generan consecuencias tributarias importantes. En una reciente entrevista, el director nacional del SII señaló que “el objetivo final de este esquema fraudulento, desde el punto de vista tributario, sería la evasión del IVA y del Impuesto a la Renta, así como la obtención indebida de la devolución del IVA a las exportaciones" (https://www.emol.com/noticias/Economia/2022/05/31/1062604/sii-robo-madera-sur.html).

En simple, dicho esquema se concentra en los comerciantes formales de madera robada, quienes utilizan facturas falsas provenientes de empresas proveedoras cuya existencia no ha sido demostrada, catalogables como emisoras agresivas de IVA, o bien, empresas de papel. De este modo, los comercializadores efectúan una rebaja maliciosa tanto de IVA como de impuesto a la renta.

Desde el punto de vista tributario, los programas de fiscalización a empresas que lleva a cabo el SII son más eficientes que el realizado a los transportes de carga –probablemente, el atractivo de la presencia en las rutas tiene que ver más con un efecto de percepción, al aumentar la sensación de control en los espacios públicos–. Pero, además, estas diligencias entregarían mejores antecedentes para el uso de la facultad de iniciar querellas penales por parte del director del Servicio y, en última instancia, permitirían dilucidar cuáles de sus proveedores tienen características que puedan relacionarse con otros hechos delictivos de alta connotación territorial.

Para que los organismos del Estado puedan realizar un trabajo más efectivo, es necesario mayor colaboración y coordinación entre ellos. El SII es clave para disminuir el perjuicio fiscal del robo de madera y abrir un camino hacia la captura de las bandas criminales vinculadas a este fenómeno, pero para esto se requiere de un esfuerzo que supera sus capacidades.

En consecuencia, la acción conjunta de las gobernaciones, delegaciones, policías, aduanas y otros actores no gubernamentales es clave para mejorar los planes de fiscalización del SII, como también para construir diagnósticos integrales que nos lleven a soluciones más efectivas.

La legitimidad de las instituciones democráticas, las demandas del pueblo mapuche y la recuperación de la seguridad en el territorio sur del país no aceptan más acciones atomizadas, ineficientes e ineficaces del Estado y la sociedad.