La Región Metropolitana se está secando y el gobierno regional anunció un protocolo de racionamiento de agua que implicaría cortes rotativos de agua en su etapa más extrema. Ante el enfoque en el ahorro domiciliario, desde la sociedad civil surgió un cuestionamiento ya que se considera que los principales usuarios de agua - las actividades productivas- no están responsabilizándose por su papel en la escasez hídrica. Desde el Movimiento por el Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima) publicaron una declaración contra el protocolo que, según manifiestan, “protege la responsabilidad del empresariado”.

“El protocolo de racionamiento solicitado por el gobernador Claudio Orrego es para la Región Metropolitana y afectaría no solo a residencias, sino que también a los sectores productivos. El corte se aplicaría a toda la sociedad, no solo a los hogares, es decir, también se aplicará protocolo al sector industrial y agropecuario”, explican desde la gobernación. Según las cifras manejadas para el protocolo, entregadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), El sector agropecuario utiliza el 68% del agua disponible en la región, y el uso para agua potable es del 22%. La industria utiliza el 9% y la minería el 1%.

“En relación al agua que utiliza la agricultura en la RM, se está tomando contacto con quien tiene competencias, el Ministerio de Agricultura, para generar acciones que busquen en el sector ahorrar el agua. No obstante, en ningún caso, el sector agropecuario imposibilitará garantizar agua para consumo humano residencial. El hecho de racionar cortes es para garantizar que la población no se quede sin agua para consumo”, comentan desde la gobernación. El Ministerio de Agricultura no entregó respuestas al cierre de esta edición sobre posibles acciones para ahorrar agua en el sector con el uso más intensivo en la región. 

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Racionamiento y redistribución del agua

El rol de la Dirección General de Aguas (DGA) en el protocolo comienza en la segunda etapa denominada alerta temprana preventiva, en que se deben cumplir los criterios de DGA para definir estado de sequía. En ese caso, la dirección deberá evaluar las acciones de redistribución que pueden ejercer para evitar el racionamiento, o para que este no sea tan drástico y se extienda por poco tiempo.  

“Actualmente las juntas de vigilancia del Maipo 1° sección y Mapocho 1° sección, con sus usuarios agrícolas y de agua potable, tienen un acuerdo de redistribución ante la declaración de escasez. Pero si las cifras no dan, la DGA hará uso de su facultad y podrá exigir a las juntas de vigilancia un acuerdo de redistribución de las aguas entre los usuarios y usuarias dentro de un plazo de 15 días, el cual debe priorizar el consumo humano, el saneamiento y uso doméstico de subsistencia, velando siempre por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva”, explican. 

Consultados por el papel de las empresas mineras que quedan fuera de los límites de la región pero que actúan en la parte alta de las cuencas, afirmaron que “las mineras de la alta cordillera son un usuario más dentro de la cuenca bajo declaración de escasez, sometido a la jurisdicción de una junta de vigilancia por lo tanto, deberán someterse a una eventual redistribución”.

Desde la dirección manifestaron que están trabajando en un plan de escasez para la temporada 2022 - 2023, donde abordarán la emergencia ejerciendo principalmente sus facultades de redistribución de las aguas, “satisfaciendo primero la necesidad de consumo humano, y solo después distribuir en proporción de los derechos el resto de los otros usos”. 

Los bronces integrado y Alto Maipo

Los grandes proyectos que están en camino en la alta cordillera, y que han sido cuestionados por su posible impacto en la disponibilidad de agua, también suponen una preocupación para el gobierno regional. 

“A principios de este año, el Gobierno Regional se sumó a una demanda civil contra Aguas Andinas, iniciativa que busca declarar nulo un convenio celebrado el año 2011 entre la sanitaria y Alto Maipo, donde parte de las aguas destinadas al uso potable pasarían a ser utilizadas por las turbinas generadoras de energía para el proyecto”, sostienen.

Con respecto al proyecto de ampliación minera de Los Bronces Integrado, solo dos servicios –Gobierno Regional y Ministerio de Salud– han manifestado rechazo al proyecto, disconformes con el pronunciamiento en el Sistema de Evaluación Ambiental. “El Gobierno Regional, de hecho, ofició al Director del SEA por cambios en el proceso de evaluación y la detención del proceso. Por lo tanto, junto con el plan de racionamiento, se están realizando acciones contra todo proyecto que pueda amenazar el abastecimiento de agua en la población”, recuerdan.

Desde la DGA se mostraron conformes con los procesos de evaluación atravesados por ambos proyectos y descartaron tener alguna preocupación por el impacto de estos en el abastecimiento de agua. 

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