El gobierno del presidente Boric, ha realizado un giro en 180° grados sobre el Acuerdo de Escazú, esto porque pasamos de una rotunda negativa a adherir al acuerdo por parte del gobierno del expresidente Piñera, a una realidad en donde se presenta el proyecto de ley en el Congreso Nacional que viabiliza la posibilidad de implementarlo.

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El ingreso del proyecto se realizó el día 21 de marzo de 2022, este acuerdo es el que materializa el principio 10 establecido en la Cumbre de Río 92, el que plantea que “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” (ONU, 1992).

Lo anterior implica que el Estado, debe profundizar la democracia, participación y justicia ambiental, como también establecer medidas de protección para los defensores ambientales, instaurando el imperativo de proporcionar dichos mecanismos a través de la legislación. Lo anterior es una vía que permite establecer una nueva relación entre la naturaleza y la sociedad, con el debido equilibrio que permita abandonar el utilitarismo y antropocentrismo en el que nos encontramos atrapados como sociedad.

El Acuerdo de Escazú es una herramienta esencial de protección para las generaciones futuras, porque reduce los riesgos de la crisis climática y ecológica al sentar las bases para que la balanza se equilibre adecuadamente entre naturaleza, sociedad y economía. Los y las jóvenes ante el panorama desolador que significa dicha crisis, han tomado conciencia y se encuentran velando por el futuro de sus pares, un futuro que permita a las generaciones posteriores disfrutar de los bienes de la naturaleza en condiciones como las disfrutaron las generaciones pasadas.

Por último, el llamado a aprobar el acuerdo es enérgico, no podemos postergar a los y las jóvenes de nuestro país, se debe dar respuesta a la crisis climática y ecológica con herramientas y convicción, con el fin de establecer el camino que nos lleva a generar adaptabilidad y resiliencia, con certezas para quienes incluso aún no nacen, la solidaridad entre generaciones debe existir, no podemos continuar con la falta de empatía, ya que de seguir en dicha senda, será condenar a las nuevas generaciones a un mundo en permanente colapso.

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