La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó respaldar el informe de la Comisión Investigadora que revisó las actuaciones de la superintendencia de pensiones, comisión para el mercado financiero y servicio de impuestos internos, en la fiscalización de inversiones de AFP.
Con 66 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones, la Cámara ratificó que en la década de 1980 se creó un “oligopolio privado con fines de lucro”, donde se traspasa el “ahorro forzoso” de los afiliados a una AFP. La Sala confirmó que esto ha generado un estancamiento o disminución de las tasas de cobertura.
De acuerdo con el informe, este oligopolio controla o incide “fuertemente” en la mayor parte de las actividades productivas y de servicios del país y la actual estructuración social.
Además, ha tenido la capacidad de “influir e incluso de neutralizar fuertemente al sistema político y las instituciones regulatorias, de fiscalización y decisorias, establecidas por el estado para el logro del bienestar general”.
Por otro lado, indica que las prestaciones y beneficios previsionales se deterioraron. Con esto, los riesgos, fluctuaciones y volatilidad de los mercados financieros se trasladaron a los cotizantes. Lo anterior, acompañado de un aumento de los costos fiscales del sistema, pues debe incrementar subsidios y aportes.
Las y los diputados aseguran que el real propósito del sistema de AFP es el fortalecimiento del mercado de capitales y el financiamiento de la economía. Lo anterior, sumado a una “híper concentración de la riqueza y el incremento de la desigualdad”.
Cabe destacar que la comisión investigadora se creó en diciembre de 2020, ante eventuales infracciones a la legislación en las operaciones de las AFP. El objetivo era revisar las inversiones realizadas a través de sociedades administradoras de fondos de inversión.
También, mediante administradoras generales de fondos, administradoras de cartera de recursos previsionales con las que tengan relación, o que, por sus relaciones mutuas, resulten contrarias a la normativa que las rige.
Igualmente, la investigación abordó el rol de estas instituciones en la fiscalización de la administradora de activos financieros que tiene a cargo el fideicomiso del Presidente de la República.
