Como ya señalaba el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 2015, la sociedad chilena vive un periodo de politización sin precedentes desde el regreso a la democracia. La politización no sólo supone el involucramiento en el debate y el activismo en relación a temas propiamente políticos o que se politizan, sino que también supone la adscripción, no necesariamente consciente, racional y congruente, a un conjunto de principios y valores que permiten definir posiciones respecto del tema que atañe a la politización.

En el último tiempo ha habido muchos casos. De hecho, diversos autores y el propio PNUD han planteado que a partir de 2011 la sociedad chilena ha venido viviendo un periodo de politización centrada en la critica y búsqueda de transformación del sistema económico y socio-político heredado de la dictadura militar y administrado por los gobiernos post-autoritarios bajo la lógica de consensos y acuerdos entre élites, la mayor parte de las veces en desmedro de la voluntad popular. La revuelta del 2019 ha sido el punto cúlmine de este proceso, lo cual ha permitido una revisión global de los modos de convivencia social mediante la redacción de una nueva Constitución, la que más allá de sus probables limitaciones, va a significar un paso adelante hacia una sociedad más justa y democrática.

En la actualidad las movilizaciones en torno a las problemáticas de la inmigración y la seguridad pública dan cuenta de que estos fenómenos se han politizado, mayormente en torno a valores xenófobos, racistas, clasistas y autoritarios. Cabe precisar que este es un fenómeno global que ha producido el fortalecimiento de sectores políticos de extrema derecha en diferentes partes del mundo. Otro ejemplo global que ha cobrado mucha fuerza en diferentes partes del mundo, Europa y América del Norte particularmente, son las movilizaciones anti-vacunas y en un sentido más general contra de las restricciones por la pandemia del Covid-19.

En ambos casos, aunque de diferentes formas, se enarbolan valores como la libertad y la defensa de la comunidad para sostener e incluso implementar discursos y acciones de odio, ya sea contra los migrantes y quienes les defienden en el primer ejemplo, así como contra los gobiernos, la comunidad científica y sectores sociales y políticos que las teorías conspirativas asocian a la pandemia en el segundo ejemplo. En la gran mayoría de los casos vemos que el paraguas común a todas estas posturas es el de una nueva derecha, de carácter más bien populista y filo-fascista, que ha pasado en pocos años de ser una minoría exótica a una fuerza política con alta capacidad de convocatoria y con capacidad de llegar al poder, tal como ha sucedido en Estados Unidos con Trump y en muchos otros países del mundo.

En este marco, vemos cómo estos sectores logran movilizar a un sector importante de la ciudadanía en torno a sus demandas en América, Europa e incluso Chile, desplegándose así una variedad de posturas y reivindicaciones que dan cuenta de la complejidad de las problemáticas que abordan, así como de la variedad de posturas al respecto. El gran problema de todos estos procesos (visto desde una mirada que asocia la politización a transformaciones sociales y políticas basadas en la libertad, la igualdad, la solidaridad, los derechos colectivos, en definitiva la Dignidad, como lo sintetizó la revuelta del 2019 en Chile) es que van instalando una politización reaccionaria y autoritaria cuyos actores más visibles y protagonistas ya no son las élites tradicionales (alta burguesía, medios de comunicación dominante, fuerzas armadas y de orden, aunque sigan jugando un rol fundamental), sino distintas expresiones de una clase trabajadora que se ha fragmentado en una diversidad de actores con demandas diversas y plurales que tienen en común concepciones individualistas, excluyentes e incluso violentas de las problemáticas en las que se involucran.

De este modo, al menos en Chile, el giro autoritario de nuestra democracia que vivimos a partir de la revuelta de octubre de 2019 parece verse fortalecido con un giro autoritario de base popular, la que si bien probablemente sea minoritaria en términos de las ideas y valores de chilenas y chilenos, está teniendo un protagonismo no sólo peligroso para sectores sociales tradicionalmente objetos de discursos y prácticas de odio (migrantes, pero también miembros de la comunidad LGBTQ+, militantes feministas y de izquierda, etc.), sino que logran instalar y promover un modo de entender la convivencia social excluyente, violenta, xenófoba, machista y homofóbica que pone en peligro todos los avances tanto políticos como culturales que se han logrado con la politización democratizadora de los diez últimos años.

En el escenario anteriormente descrito, resulta fundamental mantener esta politización democratizadora y contener las expresiones reaccionarias que buscan mantener el orden social de las últimas décadas y frenar los intentos de transformación social y política en curso. En este sentido, la defensa de la Convención Constitucional (más allá de sus alcances y limitaciones), la exigencia al nuevo gobierno de una defensa activa e irrestricta de los derechos humanos, y sobre todo la movilización en las calles, son tareas imprescindibles no solamente para mantener vivos la politización democratizadora y el espíritu de la revuelta sino también para frenar tendencias que llevan al fortalecimiento del autoritarismo, la ultra derecha y el fascismo en sus distintas versiones.