Constituyentes presentan iniciativa que garantiza la Energía como Derecho Fundamental
El viernes 28 de enero pasado, convencionales integrantes de Movimientos Sociales, Frente Amplio, Pueblo Constituyente, Chile Digno y Escaños Reservados, patrocinaron la iniciativa que garantiza la Energía como un Derecho Fundamental y crea un Estatuto de Energía en la Nueva Constitución.
La normativa fue trabajada de manera colaborativa con diversas organizaciones sociales y de la sociedad civil como la Red de Pobreza Energética y ChileSustentable, quienes plantearon junto a las y los convencionales la necesidad de establecer la energía como un derecho humano y enfatizaron en que la falta de acceso al suministro energético y a servicios energéticos es un obstáculo para el desarrollo humano, social y económico.
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En principio, la propuesta se fundamenta a partir de lo que indica la normativa internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el deber de los Estados de garantizar el acceso a una energía asequible, limpia, segura, sostenible y moderna.
De esta manera, el primer articulado señala que “la Constitución reconoce el Derecho a la Energía como un Derecho Humano, esencial y condición necesaria para el ejercicio de los demás derechos y garantías fundamentales”.
“Esta norma declara la energía y las fuentes de energía como bienes públicos, entregando un estatuto de protección a este sector estratégico, que permite incorporar criterios de Interés público, condiciones de igualdad y no discriminación en su uso”, explica la Convencional del Distrito 27 Yarela Gómez.
Por su parte, la constituyente del Distrito 23, Manuela Royo afirmó que “esta iniciativa está escrita también por quienes somos constituyentes de Modatima, que en una acción conjunta consideramos que el derecho a la Energía tiene que estar garantizado como un Derecho Humano en la Constitución. En ese sentido, establece que es deber del Estado garantizar a todas las personas y comunidades el derecho al acceso económico, físico, equitativo y no discriminatorio de energía limpia, no contaminante, baja en emisiones, segura y de alta calidad para satisfacer con ello las actividades de subsistencia y actividades domésticas”.
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La iniciativa además crea un Estatuto de Energía en la Nueva Constitución de manera que el Estado planifique el desarrollo de la Matriz Energética en base a un plan de ordenamiento territorial, valorando criterios ecológicos, sociales y técnicos, con la participación de la sociedad en su conjunto y restrinja el uso de fuentes fósiles y limite el uso de fuentes de agua y la generación eléctrica de uso productivo e industrial.
“Hoy día es deber del Estado ejecutar una matriz energética que realmente sea planificada de manera inclusiva, que permita identificar o prevenir los temas del uso de suelos asociado a la misma matriz energética. Es por eso que estamos promoviendo la descentralización, la diversificación a través de energía renovables y que también permitan la disminución de las emisiones de efecto invernadero”, planteó Carolina Vilches, del Distrito 6.
Sobre los criterios sociales, la convencional del Ivanna Olivares, del Distrito 5 agregó: “es importante considerar que todo lo que tiene que ver con la autonomía, soberanía y resiliencia energética se alcanza únicamente con el respeto irrestricto a los derechos humanos a los derechos ambientales y de los pueblos originarios”.
Asimismo, el articulado propone que el Estado “establecerá y mantendrá actualizada una Estrategia Nacional Energética participativa e inclusiva en base a Estrategias Comunales, Regionales y en particular de todas las comunidades indígenas del territorio nacional”.
