El 10 de noviembre de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia sobre un tema profundamente controvertido: una deuda, histórica, que va mucho más allá de ser un titular. Y así lo reafirmó dicho organismo, al fallar a favor de 846 profesores chilenos, ex empleados de las municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes, y cuya sentencia obligará al Estado chileno a saldar la totalidad de la deuda histórica que arrastra, hace unos 40 años, con estos profesionales de la educación. Consideramos que este controversial tema tiene una dimensión eminentemente política y que, en ese sentido, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un hito, que marca un antes y un después, con el tema de la deuda histórica que el Estado de Chile mantiene con el profesorado.

Afirmamos lo anterior, porque este dictamen reconoce y reafirma a los y las profesoras de Chile –que por acción y decisión de la dictadura fueron separados de sus empleos en el aparato central del Ministerio de Educación para ser endosados a los municipios– como sujetos de derechos. Derechos que fueron violentados por las acciones y omisiones de un Estado que, en 1981, atravesaba por unas enrarecidas condiciones de gestión, cautivo de unos administradores que ejercían sobre él una particular visión del mundo y de la vida, relacionada con el individualismo y la subsidiariedad que, a su entender, el aparato público debía ejercer.

Pero, además, esta sentencia de la Corte Interamericana llega y se instala en un momento preciso de la vida nacional, sintonizando con un relato que se ha hecho presente en el país desde el estallido social de octubre de 2019: dejar atrás un neoliberalismo omnipotente y omnipresente, que en materia de educación buscó descentralizar la instrucción pública, con el fin de resarcir al Estado de su responsabilidad en este tema.

Fiel a sus prerrogativas, esta visión de sociedad que fue implantada por la fuerza en la dictadura militar también desentendió al aparato público de garantizar a los docentes esta asignación, que conformaba parte importante de sus ingresos, al establecer la existencia de docentes de dos categorías: los dependientes del Mineduc, que recibirían esta asignación, y los dependientes de municipios, que –salvo honrosas excepciones como convenios– no la recibirían.

En efecto, es importante señalar que la sentencia de la Corte Interamericana delimita, de manera clara, cómo y en qué dimensiones los derechos de los profesores fueron vulnerados por esta situación. Se menciona por ello que los profesores fueron vulnerados respecto de su derecho a la protección judicial –ya que los procesos entablados contra las municipalidades señaladas y sus sentencias no fueron finalmente cumplidas, por distintos motivos como la falta de recursos en los municipios, entre otros–; respecto de su derecho a obtener resultados en plazos razonables –han pasado entre 22 y 27 años desde que se conocieran las sentencias que obligaban al pago de las deudas–; respecto del deber del Estado de adoptar disposiciones de derecho interno para el cumplimiento de la protección judicial y los plazos razonables; y respecto de la vulneración del derecho de propiedad de estos docentes, toda vez que nunca recibieron, o recibieron sólo parcialmente, lo que les pertenecía.

Dicho todo lo anterior, este senador valora profundamente una sentencia, dictaminada por un organismo internacional, que obligará al Estado a hacerse cargo de su deuda histórica con 846 docentes. Pero este tema está lejos de agotarse, porque la misma situación ocurrió con cientos de profesores a lo largo y ancho del país, que no se ven beneficiados por este dictamen. Será, por ello, responsabilidad del próximo gobierno abordar y dar respuesta a esta problemática, tomando como un aprendizaje previo la sentencia de la Corte Interamericana y los argumentos en ella esgrimidos, y solucionando de esta manera una demanda de dignidad profesional y personal por la que el gremio de profesores ha luchado. La buena noticia es que el Presidente electo ha manifestado, en más de una ocasión, su intención de abordar este problema político.

Finalmente, y desde la posición que ocupa en el aparato legislativo del Estado, este senador estará disponible para abordar, promover y aprobar las modificaciones legales o constitucionales que sean necesarias –habiendo voluntad del Ejecutivo– tendientes a facilitar que este acto de justicia pueda ser realizado; ya sea mediante la vía de dotar a los municipios de los recursos necesarios para el pago definitivo de estas deudas, o mediante el establecimiento de otros mecanismos de pago, distintos o más directos. En suma, saldar esta deuda con los 846 profesores que formaron parte de esta demanda, pero también con todos los docentes que llevan décadas luchando por la deuda histórica, es un paso muy importante de otros varios que como sociedad debemos concretar, con el fin de dignificar la labor docente, por años relegada a situaciones de injusticia.