Hace algunos días se cumplió un nuevo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, realizada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1948. Desde esta fecha hasta el presente han sido múltiples las Convenciones ratificadas por el Estado chileno. Sólo por traer un ayuda memoria, entre las que se han suscrito, destaco las siguientes: CEDAW (1989); Protocolo Facultativo de la CEDAW (2021); Convención de Belém Do Pará (1996); Convención Internacional de los Derechos de las personas en situación de discapacidad (2008); Convenio 169 de la OIT (2008); Convención Internacional sobre los DD.HH. de las personas mayores (2017). (Las fechas corresponden al momento en que se firmó la ratificación por parte de Chile).

Esto nos lleva a recordar una vez más los miles de casos de vulneración a los derechos humanos ocurridos en dictadura, muchísimos de ellos aún en la impunidad. Así, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (más conocida como Comisión Rettig) reconoció 2.296 casos de violación a los DD.HH. La Comisión sobre Prisión Política y Tortura (más conocida como Comisión Valech), en tanto, sumó a 28.459 personas como víctimas de prisión política y tortura. Aún al día de hoy son cientos las familias que buscan a sus familiares desaparecidos ante la complicidad de quienes guardan silencio, con total protección, sobre cómo sucedieron estas muertes, quienes son los responsables, y el destino actual de sus cuerpos.

Este nuevo aniversario de la Declaración de Derechos Humanos encuentra a Chile en una situación particularmente crítica respecto del cumplimiento de los estándares internacionales. Luego del 18 de octubre de 2019, la ONU elaboró un informe en donde especifica una multitud de situaciones vulneratorias, tales como arrestos ilegales, arbitrarios, tortura, muertes a manos de agentes estatales y uso excesivo de la fuerza y violencia sexual, esta última ejercida particularmente hacia mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ según reportes de colectivos autónomos. Las lesiones oculares (más de 440, según figura en informe de INDH, 2020) fueron parte de las violencias más características de este periodo. Quienes han vivido esta situación han exigido que existan medidas de justicia y reparación promovidas por el Estado, encontrándose con negativas y/o con atenciones precarias que no están acorde a sus necesidades. En relación a ello, y justamente un día después del 10 de diciembre, se informó del lamentable suicidio del joven porteño Patricio Pardo Muñoz, de 26 años, afectado por trauma ocular.

Un día antes del suicidio de Patricio, José Antonio Kast se encontraba en el debate organizado por ARCHI, hablando acerca de una de las propuestas de su programa, la de “detener personas en espacios que no sean cárceles”. Es decir, refiriéndose abiertamente a la posibilidad de abrir el camino a futuras vulneraciones de derechos humanos con todo el amparo del Estado. En el mismo debate, Kast habló sobre indultar a quienes han cometido delitos de lesa humanidad y negó las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en el gobierno de Sebastián Piñera. Este no es un hecho aislado. Kast ha aminorado públicamente las atrocidades ocurridas en el periodo de dictadura e inclusive, cuestión ya conocida, durante su juventud fue rostro de la campaña del “Sí”.

En torno a ello, me parece importante referir que, en nuestro país y desde el impulso de las comunidades, se ha avanzado un camino importante en torno a la exigencia y cumplimiento de estándares en DD.HH. Ha sido desde estos espacios (colectivos, agrupaciones, juntas de vecinos, organizaciones barriales, entre otras) que se ha hecho posible la movilización del Estado en este ámbito. Sin embargo, ante el panorama como el descrito, se vuelve sumamente necesario que este recorrido se proteja, adoptándose, por ejemplo, medidas y/o mecanismos legales en contra de la negación de crímenes de lesa humanidad y las vulneraciones a los DD.HH.

A modo de ilustrar algunas iniciativas internacionales a este respecto, me parece interesante mencionar la conocida ley Volksverhetzung en Alemania, la Ley de Memoria Histórica en España y el reciente proyecto de Ley de sanción legal al negacionismo y/o apología respecto de genocidio y crímenes de lesa humanidad en Argentina. La primera de ellas sanciona con penas de cárcel o de multa a quienes “atenten contra la dignidad de las víctimas, al aprobar, glorificar o justificar el nacionalsocialismo”.  La Ley de Memoria Histórica en España (2007), en tanto, reconoció a las víctimas afectadas la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, entre otras medidas. No obstante, dadas las falencias de esta legislación, hoy en día existe el proyecto de Ley de Memoria de Democrática (2020). Este último pretende resguardar y difundir la memoria, promover la reparación moral de quienes vivieron vulneraciones durante el golpe de Estado de 1936, Guerra Civil y posterior dictadura, además de repudiar y condenar estos tres hechos. También considera incompatible la exaltación del alzamiento militar y dictatorial y contempla la idea de aplicar medidas en el ámbito educativo con el propósito de promover el conocimiento de la “historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”. El proyecto de ley que tiene lugar en Argentina, finalmente, sanciona “expresiones de odio, negación, reivindicación de crímenes de lesa humanidad y sus métodos, protagonistas, trasfondo ideológico y doctrinario”.

Por supuesto: es posible que en su detalle estas legislaciones tengan aspectos a mejorar, pero las he traído a colación con el afán de ilustrar uno de los caminos posibles para enfrentar la violencia que supone desconocer y/o ensalzar la dictadura en Chile, así como las vulneraciones ocurridas en el contexto del estallido social.

Cuestiones como la anterior permitirían ubicarnos en el presente desde la seguridad de las garantías de no repetición, del respeto a la movilización colectiva (motor de nuestros avances) y de permitir a las futuras generaciones acceder a la narrativa de un pasado que forma parte estructural del propio presente. Sin duda no basta con establecer medidas legales. La introducción de enfoques de DD.HH. que releven el rol de la memoria histórica de manera crítica y reflexiva en áreas como la educación, por ejemplo, es también fundamental.

Sin reconocimiento ni respeto real a los DD.HH. y la Memoria Histórica no tendremos un piso mínimo desde el cual poder construir un horizonte de futuro que nos permita continuar avanzando en el respeto y la convivencia armónica entre pueblos y colectivos. Desde ahí, mi invitación es a colocar en el centro esta discusión, entendiendo que es un ámbito que nos compete y afecta a todes, intergeneracionalmente. Está en nuestras manos continuar cultivando el trayecto hacia un horizonte de dignidad, justicia y reparación. Hagámoslo posible.