La salida de Carolina Schmidt del Ministerio de Medio Ambiente abre las puertas para analizar tanto su gestión como la estructura del ministerio que debe adaptar a Chile ante los embates de la crisis climática. Que la gestión fue insuficiente para los desafíos, o que logró lo que pudo en un gobierno con poco interés en el medio ambiente son algunas de las opiniones de defensoras ambientales. Todas llegan a una conclusión común:hay un desafío urgente y el Ministerio de Medio Ambiente no tiene la fuerza aún para enfrentarlo.

“En un gobierno que fue un desastre con el escándalo por la minera Dominga, sin resolver lo que pasa en Quintero y Puchuncaví, lo que puedo destacar de Carolina Schmidt es su rol en la política climática y en lograr trabajar codo a codo con los ministerios de Energía y Ciencia para lograr una buena agenda climática, lo cual no es común. También la tramitación, junto a la comunidad científica y sociedad civil, de la Ley Marco de Cambio Climático, que contiene obligaciones para todo el aparato público y que no había logrado avanzar en el Congreso en gobiernos anteriores", comenta Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable.

[Te puede interesar] Dominga: Fiscalía suma nuevos antecedentes a investigación contra Piñera

Larraín también destaca la mejora en los compromisos climáticos NDC, así como la regulación de los plásticos de un solo uso. Con una mirada más negativa, Flavia Liberona de la fundación Terram señala que la ley de cambio climático y la que crea el servicio de áreas protegidas, si bien avanzaron no lograron terminar su tramitación, y que incluso si se aprobaran no hubo voluntad para aumentar el presupuesto consignado en ambos proyectos y se dificultaría su implementación. 

Ambas coinciden en que a la ministra le faltó manejo a escala internacional, no cumpliendo con las expectativas de tener una presidencia de la COP 25. Para Liberona el rol de la ministra en ese caso fue “lamentable” y critica que “no operó como representante de la región, que es el rol que le corresponde al país anfitrión, puesto que no acogió los intereses y demandas de América Latina y el Caribe, lo cual le jugó en contra desde el primer día”. Las dos ambientalistas indican además que la situación en las zonas de sacrificio sigue igual que cuando comenzó este Gobierno. 

Lo que falta para el Ministerio de Medio Ambiente

Un punto faltante para todas las consultadas, es la restructuración y fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. “El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es un desastre y la Superintendencia de Medio Ambiente también (SMA) también. “No tuvo ninguna capacidad de transformar eso. No sé si es porque no le puso empeño o si no le dejaron espacio, pero falta ahí una reestructuración y en ese aspecto no se logró nada”, afirma Sara Larraín.

Para Katta Alonso, dirigenta de Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia (Muzosare), las reformas necesarias son claras: “debe ser un ministerio autónomo, con recursos, con gente idónea para el cargo y con voluntad política para tomar las medidas necesarias. No puede ser que los estudios de impacto ambiental estén a favor de las empresas y dificulten a las comunidades. Pero mientras sea un ministerio que depende de Economía, Hacienda y Minería a través del Consejo de Ministros, el Ministerio de Medio Ambiente será solo un intermediario”, advierte. 

Sara Larraín coincide, agregando que “la reforma al SEIA tiene que ser de fondo, no tienen que ser disciplinados a votar cualquier cosa como pasó con Dominga o con Alto Maipo. Se debe sacar al Consejo de Ministros como actor porque contiene a todos los ministerios productivos. Se debe agregar asuntos de ordenamiento territorial, mitigación y adaptación al cambio climático y vulnerabilidad hídrica en la evaluación de impactos ambientales. También es necesaria una reforma urgente a la SMA, porque no sirve de nada avanzar en las leyes, tener una buena evaluación o planes de descontaminación si nadie fiscaliza y no se cumplen ”, analiza. 

Para Sara, las falencias en la institucionalidad ambiental terminan recayendo en las comunidades, que deben ir a juicio para frenar el daño ambiental de los proyectos. El diagnóstico es compartido por Marcela Mella de la coordinadora No Alto Maipo. “Necesitamos una defensoría ambiental pública ya que las comunidades en conflictos socioambientales, además del esfuerzo que requieren para mostrar sus argumentos, necesita financiar equipos legales y estudios técnicos y científicos. Es injusto que las comunidades tengan que hacerse cargo de esto, al lado de todas las facilidades que reciben las empresas”, protesta. 

Desafíos ambientales para el próximo período

Flavia Liberona enumera como desafíos ambientales la crisis hídrica, los subsidios de riego y el tipo de cultivo que propician, el avance de las salmoneras en el sur, la agenda de descarbonización y planes de acción para zonas de sacrificio. Son retos que le quedarán por delante al próximo gobierno, liderado por quien gane la segunda vuelta. “Un gobierno de alguien que cuestiona el cambio climático como José Antonio Kast sería un retroceso gigante en materia ambiental y eso tiene consecuencias graves porque Chile ya está en una situación compleja de contaminación atmosférica, vulnerabilidad hídrica y otros temas”, explica Sara. 

En muchas organizaciones territoriales de defensa ambiental, la esperanza de que cambien las condiciones está en la convención constitucional, y la posibilidad de consagrar ciertos derechos en la Constitución. Por eso, tanto para Marcela Mella como para Katta Alonso, Gabriel Boric es la única opción viable no solo por su programa ambiental sino por su apoyo al trabajo de la convención.

[Te puede interesar] “Si gana Kast, la exministra Schmidt va a ser Greta Thunberg en comparación con lo que nos depara”