En el convulsionado periodo de entreguerras, durante el primer tercio del siglo XX, el político y teórico italiano Antonio Gramsci elaborará el concepto de “hegemonía”. Con una importante trayectoria posterior en el campo de las ciencias sociales, con este término se propone entender la adhesión de buena parte de las clases subalternas al orden político existente. Se identifica a las consecuencias de los contenidos, ideas o representaciones, emanadas desde diversas instancias de la sociedad civil como los intelectuales, los medios de comunicación o la Iglesia, en cuanto contribuyen a configurar el “sentido común” de la población favoreciendo el conformismo y la normalización del sistema.

Este es, precisamente, el rol desempeñado por el tabú de la inflación en la hegemonía económica neoliberal. En la historia global del neoliberalismo desde fines de la década de 1970, una vez se extiende desde los centros políticos e intelectuales estadounidenses y anglosajones el enfrentamiento a la inflación por sobre cualquier otra consideración económica, exceptuando, ciertamente, a las privatizaciones y el libre mercado; la obsesión por la inflación se convertirá en un dogma, un fetiche para la economía convencional predominante. Para entronizar esta orientación en los núcleos decisionales de la política económica se transformará a los bancos centrales en enclaves tecnocráticos de la ortodoxia, autónomos del acontecer político y la soberanía democrática, alineados tras el objetivo de mantener la inflación bajo mínimos, aunque de ello resulte la austeridad, el desempleo, o el deterioro de la demanda y el mercado interno.

Recientemente, una vez conocida la variación interanual en el nivel de precios con un aumento de un 5,3% entre septiembre de 2020 y 2021, y una subida de 1,2% en el pasado mes de septiembre (la mayor desde 2008), tanto los agoreros apocalípticos como los adláteres intelectuales del neoliberalismo chileno, amplificados por sus terminales mediáticas, han aprovechado la oportunidad para poner el “grito en el cielo”. Así, se culpa al retiro de una fracción de los recursos ahorrados de manera forzosa por los trabajadores y trabajadoras en las AFPs, señalando que esta medida ha incrementado la masa del circulante y con ello la “temible” inflación. En cambio, no se tienen en cuenta por parte de los miopes voceros neoliberales los beneficios de estas devoluciones monetarias para sus legítimos propietarios con vistas a cumplir con compromisos o deudas, solventar gastos, y/o estimular la producción y el empleo, más aún, en país de bajos salarios y sobrendeudamiento, e inclusive considerando la recuperación o el “rebote” en el PIB relacionado con la finalización de las restricciones a la movilidad y la prestación de servicios en la post pandemia. Por reducida que sea en términos absolutos y comparados la inflación registrada, y coincidente con las opiniones vertidas en la esfera mediática por los epígonos neoliberales, se verificó en el ámbito institucional una reacción inmediata del Banco Central procediendo a efectuar la mayor alza de la tasa de interés de referencia en 20 años (Tasa de Política Monetaria) de 1,5% a 2,75%, es decir una subida de más de un 80%, para apuntalar la inflexible meta del 3% de inflación anual.

En un periodo de cambios sociales y constitucionales, de establecimiento de derechos sociales, y de una ineludible reindustrialización tecnológico-productiva, se requiere, junto a una estructura tributaria progresiva y redistributiva, de la movilización de una masa monetaria destinada a objetivos concretos de inversión y desarrollo. Lo anterior no implica, necesariamente, avalar magnitudes de inflación superiores a un dígito sin las pertinentes correcciones. No obstante, el nivel de precios ha de observarse como un indicador subordinado a los objetivos prioritarios de una política económica de impronta mixta o neo-keynesiana orientada al desarrollo económico y el bienestar social con la virtud adicional de concluir con ese reducto de la hegemonía neoliberal que representa el tabú de la inflación.