Rafael Harvey parecía destinado al generalato. Lo avalaba su historia familiar, con cinco generaciones consecutivas de militares que habían alcanzado los más altos rangos de la Institución. Pero no alcanzó a ascender más allá de capitán antes que fuera expulsado de las filas castrenses por su porfía en denunciar a diestra y siniestra la corrupción que fue encontrando en cada regimiento al que fue asignado. Se enfrentó, sin medir consecuencias, a los más importantes mandos del Ejército, muchos de quienes hoy son procesados en el caso Milicogate: John Griffiths, Alfredo Ewing, Óscar Izurieta, Humberto Oviedo, Ricardo Martínez. 

El 6 de diciembre de 2018, Rafael Harvey supo que estaba siendo objeto de una ofensiva de Inteligencia militar en su contra desde hacía más de un año, producto de sus denuncias. Documentos internos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) incluían los registros de sus llamadas y minutas de análisis de cada uno de sus pasos. Los responsables de este espionaje, según la DINE y la ministra Rutheford, eran los generales Humberto Oviedo (comandante en jefe en ese período), Ricardo Martínez (actual comandante en jefe y por entonces jefe del Estado Mayor), y Shafik Nazal (a la fecha director de Inteligencia del Ejército). Más tarde supo que dichas operaciones de Inteligencia incluían el seguimiento e interceptación telefónica a otros miembros del Ejército y a periodistas (entre ellos Mauricio Weibel, Pascale Bonnefoy y Javier Rebolledo).

Todo se había iniciado tras la destinación del entonces teniente Harvey en el regimiento Bellavista, en 2007, donde el joven oficial descubrió que el comandante de la unidad, coronel Vega, falsificaba documentos públicos para certificar falsas comisiones de servicio de sus subordinados, viáticos que luego cobraba en su beneficio. Reportó secretamente dicha situación en el Batallón de Inteligencia, y se ganó una anotación negativa en su Hoja de Vida y un posterior arresto de tres días por faltar al respeto de su superior. A pesar del castigo, siguió denunciando todo cuanto de sucio y turbio fue encontrando a su paso. 

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Entre otras alertas, en 2009, como capitán en el regimiento de artillería Tacna, Harvey señaló que el general Alfredo Ewing Pinochet (exagente de la CNI involucrado en el caso “retiro de televisores”), había ingresado a la unidad dos maletines que contenían 21 millones de pesos en efectivo, y se los había entregado al comandante de la unidad John Griffiths para cubrir “gastos” indocumentados. 

A mediados de julio de 2015, Rafael Harvey era responsable de una batería de soldados conscriptos. Estos le señalaron que los mandos del regimiento Bellavista estaban cobrándoles la entrega de insumos básicos para sus uniformes de servicio (coipas, cuellos y gorros de polar).  Harvey llevó la denuncia hasta el jefe de Inteligencia de la Institución Shafik Nazal. La denuncia no tuvo más efecto que su traspaso de Lista Uno (muy buena) a Complemento (paso previo a la baja), y el procesamiento por Sedición, con una pena solicitada de 15 años de presidio efectivo. A la espera de la sentencia, fue recluido en el Penal Cordillera.

Mientras se encontraba preso, Rafael Harvey fue informado por un agente de la DINE, amigo suyo, que el coronel Clovis Montero y el general Jozo Santic (jefe de finanzas del Ejército), habían sobornado, mediante el pago en efectivo de 200 millones de pesos, al periodista de Canal 13, Emilio Sutherland, para que “bajara” de dicho medio un reportaje acerca de la corrupción en el Ejército. Pero, más importante aún, trabó amistad con otro recluso, el cabo Juan Carlos Cruz, quien le relató con lujo de detalles los alcances de las operaciones hoy conocidas como Milicogate.

Una vez libre por falta de méritos, Rafael Harvey decidió que, si todas sus denuncias morían en las sombras de la Institución, iría a los medios de comunicación. Les había declarado la guerra a los oficiales corruptos, sin importarle cuántas estrellas llevaran prendidas al pecho. Y entonces abrió la caja de Pandora: comenzó a recibir innumerables pistas y documentos que certificaban los más turbios escándalos, abusos y episodios de corrupción de gran envergadura que habían permanecido silenciados mediante la presión y el amedrentamiento a las filas. A partir de entonces, Harvey se convertiría en receptor de dichas denuncias y en quien les diera salida mediática y judicial en nombre de sus anónimos informantes.

Fue Harvey quien informó a la ministra Rutheford de la práctica maliciosa de los generales y del comandante en jefe general Martínez de cotizar pasajes y hospedajes caros, para luego adquirir otros de menor valor, quedándose con la diferencia para sufragar viajes que, caratulados como “oficiales”, no eran sino paseos familiares, en los que no se respetaba ni siquiera la destinación informada. Aquella información fue incorporada a la causa del caso Milicogate, bajo la denominación “Empresas de Turismo”. 

Y fue Harvey también quien alertó que el general Jorge Gualda de la Brigada de Aviación del Ejército, argumentando la necesidad de renovar la flota de helicópteros, había cotizado en Alemania seis unidades PUMA (SA-330) en excelentes condiciones, por un total cercano a los 10 mil 200 millones de pesos. Sin embargo, bajo el mando del comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y por intermedio del comerciante en armas Virgilio Cartoni, el nuevo encargado de la Brigada de Aviación, general Antonio Yakcich, mandó a arreglar tres unidades PUMA de principios de los años 70 por un valor cercano a los 14 mil millones de pesos. La reparación de tres vetustos helicópteros había costado 4 mil millones de pesos más que la compra de seis unidades en mejores condiciones.

En 2018, y en medio de los escándalos públicos que remecían al Ejército producto del Milicogate, la institución intentó inyectarse aire al pasar a retiro 21 generales integrantes del Alto Mando. Era prácticamente la mitad de la plana mayor, y la decapitación masiva obedecía a que varios altos oficiales estaban directamente involucrados en casos de corrupción, otros eran investigados y algunos más podrían serlo en el futuro cercano. De los 21, sin embargo, a través de un documento oficial del Ejército solicitado por Rafael Harvey, se supo que 13 de ellos fueron recontratados inmediatamente por la institución, como civiles, percibiendo, además de sus jubilaciones, una remuneración extra. 

Harvey se convirtió en la presa de caza del propio Humberto Oviedo, quien se empeñó personalmente en darlo de baja. Por primera vez en la historia, un comandante en jefe entablaba abiertamente una guerra contra un capitán de su Institución.