Científicos piden que la industria forestal pase por una evaluación de impacto ambiental
En Chile existen más de tres millones de hectáreas de monocultivos de pino y eucalipto que abastecen una industria forestal que le permite al país ser el segundo productor de celulosa en América Latina, un producto a partir del cual se obtiene el papel.
Los impactos ambientales que genera esta industria sobre la disponibilidad de agua, la calidad del suelo, el paisaje y la propagación de incendios han sido ampliamente documentados por la ciencia. Impactos que, además, el cambio climático profundiza, aseguran los expertos. Sin embargo, la actividad forestal industrial en Chile no ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por lo que los proyectos no son evaluados y los problemas mencionados no son medidos, mitigados, ni compensados.
Para enmendar este falencia, un grupo de senadores presentó un proyecto de ley que busca someter a Estudios de Impacto Ambiental a los proyectos de la industria forestal. Aunque la propuesta legislativa fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente, cuando esta fue remitida a la Comisión de Agricultura, en mayo de este año, se agregaron indicaciones que permiten, según señalan numerosos científicos, que la industria forestal continúe operando tal como lo hace hoy, sin ser evaluada ambientalmente.
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Por esta razón, la Sociedad de Ecología de Chile, la Sociedad de Botánica de Chile, el International Association for Landscape Ecology (IALE), el Instituto de Ecología & Biodiversidad (IEB), el Center of Applied Ecology & Sustainability (CAPES) y el Centro del Fuego y Resiliencia de Socioecosistemas (FireSES) enviaron una carta a cada uno de los senadores pidiendo que no se apruebe el proyecto de ley, tal cual ha salido de la Comisión de Agricultura.
Mongabay Latam conversó con la bióloga ambiental Fernanda Salinas, doctora en ecología y consejera de la Sociedad de Ecología ante el Consejo de Política Forestal, para entender cuál es la importancia de este proyecto de ley y por qué la ciencia rechaza su última versión.
¿Qué es lo que se está buscando regular con este proyecto de ley y por qué?
Lo que se busca regular con este proyecto de ley es la actividad forestal industrial que es susceptible de causar impactos ambientales. En Chile, existen más de 3 millones de hectáreas de plantaciones forestales de especies exóticas y estas plantaciones están concentradas especialmente en tres regiones del país que son Biobío, La Araucanía y El Maule. De hecho hay tres regiones del país —Maule, Ñuble y Biobío— que tienen mayor superficie de plantaciones forestales que de bosque nativo.
Chile Central está sujeto a una condición de megasequía. Llevamos más de una década con precipitaciones muy por debajo del promedio y la actividad forestal genera un impacto muy importante en la disponibilidad hídrica porque es la que captura el agua que proviene de las precipitaciones. Entonces se genera un impacto muy grande porque no queda disponible el agua para otros usos.
¿Eso es algo que la ciencia ya ha demostrado?
Sí, vastamente, pero a pesar de que tenemos más de 3 millones de hectáreas de plantaciones forestales en el país, estas no se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental.
¿Que estos proyectos sean sometidos a evaluación ambiental tendría como principal objetivo ver cuál es el impacto en términos hídricos?
Sí, pero también se evaluarían otros impactos que han sido documentados de manera súper abundante por la literatura científica y no solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo, como la pérdida de biodiversidad. Una plantación forestal no es equivalente a un bosque nativo. Entonces si haces una sustitución de bosque nativo por una plantación forestal tendrás una disminución en la biodiversidad.
También existe una mayor susceptibilidad a que el terreno sea colonizado por especies exóticas invasoras. Al tratarse de monocultivos, las plantaciones forestales son más susceptibles a las plagas y, además, se utilizan herbicidas que contaminan el agua, el suelo y el aire.
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Por otra parte, son dos las especies preferidas: principalmente el pino, pero también el eucalipto. Estas especies son originarias de Norteamérica y Australia donde el fuego forma parte de la dinámica de la regeneración de la vegetación. Son árboles que tienen alcoholes y aceites que son inflamables, entonces favorecen la intensidad del fuego.
Por último, en Chile se practica la tala rasa como método de cosecha por lo que los suelos están sujetos rápidamente a la erosión. Los mismos caminos que se construyen para poder extraer los troncos también generan erosión y eso incrementa la sedimentación en los cursos hídricos generando toda una alteración en los sistemas de agua dulce.
Además, para la cosecha de una hectárea de árboles tienes el tránsito inevitable de al menos 16 camiones, pero esa actividad jamás se ha evaluado.
En Chile no está autorizado talar bosque nativo para instalar plantaciones. ¿Cómo ocurre entonces esa sustitución?
Es que no se hace directamente. No hay corta o quema de bosque nativo e inmediatamente aparece la plantación forestal, sino que hay un proceso de degradación del bosque nativo. Se explota de manera que no es sostenible, ingresan animales [ganado], lo queman, después puede regenerarse un matorral y luego aparece la plantación. Entonces no es un paso de A a B, sino que hay un gradiente en la transición. Pero es posible ver esa transformación en el tiempo a través de imágenes satelitales.
Además, tenemos otro problema. La definición de bosque es muy restringida en nuestra legislación. Si no tiene cierta superficie, cierta cobertura, no cumple con la definición legal y entonces la autoridad sectorial dice “bueno, aquí no hay bosque, haga su actividad económica” y eso es lo que hemos visto que ocurre.
¿Qué es lo que cambiaría en la práctica si los proyectos ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental?
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental genera un escenario completamente distinto porque hay mayor transparencia hacia la ciudadanía en cuanto a la información de como está ocurriendo el proceso. El sistema de evaluación ambiental requiere que esté disponible en su plataforma toda la información en donde el titular tiene que decir cómo va a ser su proyecto, todos los insumos que va a tener, qué es lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer.
No se trata de que se acabe con la industria forestal. Se trata de mirar los beneficios y los problemas que genera, y que las empresas se hagan cargo de los problemas y reduzcan la escala en la que ocurren.
Por ejemplo, los cursos de agua y quebradas se supone que debieran estar cubiertos por vegetación nativa, según la legislación en nuestro país, pero vemos que eso no ocurre porque hay extensiones enormes de plantaciones sin ningún tipo de interrupción. Son continuas. Eso debería cambiar cuando los proyectos entren al sistema, ya que serán observados y regulados por distintos servicios, y por la participación ciudadana también será capaz de incidir en el proceso.
Pero lo que ustedes están planteando es que la ley que está en trámite, tal cual está propuesta, no vendría a solucionar el problema. ¿Qué pasó en el camino?
Exactamente. Este proyecto de ley se ingresó en la Comisión de Medio Ambiente y ahí fue discutido en extenso con muchos especialistas invitados, gente que trabaja en materias jurídicas, ecológicas y el sector forestal. Cuando estaba listo para ser votado en sala, el proyecto fue solicitado desde la Comisión de Agricultura que recibió, de manera muy importante, al sector de la industria forestal. Ahí demoró muchísimo y recién ahora salió con nuevas indicaciones que nosotros pedimos que se rechacen.
¿Por qué?
La ley actualmente dice que para que una actividad forestal sea sometida al SEIA debe desarrollarse en suelos frágiles, en terrenos cubiertos por bosque nativo y con dimensiones industriales. Es en parte por eso que ningún proyecto ingresa al SEIA, porque no cumplen con esas condiciones, de acuerdo a cómo define el reglamento esas características.
Lo que hizo la Comisión de Medio Ambiente del Senado en el proyecto de ley fue eliminar la referencia a los suelos frágiles para que las actividades forestales que se realicen en cualquier tipo de suelo sean evaluadas.
Esa propuesta estaba lista para ser votada en sala, pero luego la Comisión de Agricultura modificó algo más. El texto que ellos presentaron señala que la cosecha final a tala rasa será sometida a evaluación ambiental solo cuando se intervengan superficies mayores a 250 hectáreas anuales.
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El problema de esto es que la industria forestal presenta planes de manejo en promedio de 143 hectáreas por lo que si se aprueba el proyecto con esa indicación, no generaría ningún efecto porque los proyectos continuarían sin ser evaluados.
Pero, además, la Comisión de Agricultura con su propuesta restringe la evaluación a la tala rasa, es decir, a la cosecha. Sin embargo, no solo esa actividad tiene impactos, sino también las demás etapas, como la forestación.
Por otro lado, hay que considerar que en otras partes del mundo las cosechas a tala rasa en general son pequeñas, menores a 10 hectáreas o son de tamaño intermedio de entre 10 y 20 hectáreas. Las que son grandes se definen hasta 140 hectáreas. Son muy pocos los lugares en el mundo que no tienen regulación al respecto. Entonces esta indicación ingresada en la Comisión de Agricultura está muy por encima de los estándares internacionales.
Nosotros lo que hicimos fue enviar una carta a cada uno de los senadores contándoles que existen abundantes evidencias que muestran los diversos impactos de la industria forestal, no solo en el país, sino en otras partes del mundo, y que por eso consideramos que es tremendamente relevante que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero que se apruebe la versión que salió de la Comisión de Medio Ambiente y no se permita que se genere una indicación como esta que fue aprobada en la Comisión de Agricultura.
