Dice el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista) que recabar los antecedentes e investigar las corruptelas y traspasos de dinero en las municipalidades del sector oriente de la Región Metropolitana fue como "levantar una tapa de alcantarilla". Su equipo hace semanas que trabaja en mapear redes y vínculos entre dirigentes de organizaciones funcionales de la zona alta. El resultado de su trabajo es un complejo mapa de nombres propios y cargos que se repiten en organizaciones funcionales y corporaciones municipales de distintas comunas: Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes y Ñuñoa. “Y ahora estoy empezando a recibir datos de La Reina”, asegura el parlamentario, representante del distrito 11.

Recientemente, Hirsch se juntó con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), para manifestarle su apoyo por las denuncias que presentó contra el ex alcalde Raúl Torrealba (RN): “Es importante reconocer a quienes se la juegan por la transparencia y por perseguir la corrupción”, dice. Con ella acordó mantener una comunicación “muy fluida” para intercambiar la información que cualquiera de los dos pueda obtener respecto a estas irregularidades. En el caso de Hirsch, los antecedentes no son pocos. A partir del caso de Torrealba, ha investigado a una serie de personajes que han operado a través de Lo Barnechea Servicios, una organización privada que recibe dinero público a través de la municipalidad, mientras simultáneamente ocupaban cargos en corporaciones municipales de ese mismo municipio o de otras del sector, como Vitacura. "Quizás no es ilegal, pero es absolutamente impresentable y es una fuente de corrupción brutal", critica. En la siguiente entrevista con El Desconcierto entrega todos los detalles.

Sobre los antecedentes que hasta ahora ha podido recabar, ha explicado que la persona que entregaba los famosos sobres con dinero a Torrealba, que era Antonia Larraín Prieto, era también parte de una organización funcional de Lo Barnechea. ¿Puede contar más detalles de estas relaciones entre municipalidades?

Raúl Torrealba (RN) recibía sobres con cinco millones al mes de Antonia Larraín Prieto, quien era directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario de Vitacura y al mismo tiempo era parte de la directiva de Lo Barnechea Servicios, una organización funcional de Lo Barnechea que se creó al alero del ex alcalde Felipe Guevara (RN) [ex intendente de la RM y actual delegado presidencial]. Esta organización recibió, en 2018, 720 millones de pesos; en 2019, 300 millones de pesos; en 2020 aún no tenemos la cifra y sobre 2021, la semana pasada, fruto de nuestra denuncia, el alcalde Lira le retuvo un aporte que se le iba a hacer de 1.000 millones de pesos.

¿Qué función cumple esa organización?

Eso es un misterio que debe ser debidamente investigado. En su web dicen que se dedican a educación, salud y servicios municipales, pero eso es muy amplio, nadie sabe exactamente qué servicios son, ni a qué se destinaron los recursos que se le entregaron. Lo que sabemos es que Lo Barnechea Servicios fue presidida por Sebastián Torrealba (RN), sobrino de Raúl Torrealba, diputado y ex jefe de gabinete del ex alcalde Guevara. No sabemos si durante el primer año en que Sebastián Torrealba fue diputado, a partir de marzo de 2018, fue presidente de esta organización funcional. De ser así, sería un delito. Yo hablé con el diputado Torrealba y le conté que había encontrado esa situación, pero se mostró sorprendido y se hizo el loco. Me dijo que él no participó de esta organización, pero hay un dato concreto en los papeles de la constitución de la misma.

¿Han podido averiguar cuándo dejó ese cargo?

No sabemos cuándo asumió ni cuándo dejó o renunció a la presidencia de Lo Barnechea Servicios, pero sí sabemos que el 4 de enero de 2019 asumió una nueva presidenta: Mónica Reyes Swett, quien a su vez, es gerente de la Corporación Cultural de Vitacura. La alcaldesa Merino me confirmó que Reyes sigue hasta hoy ocupando ese cargo en Vitacura y cuando le conté quedó totalmente sorprendida.

¿Hay algún otro nombre a destacar?

La tesorera de Lo Barnechea Servicios, Adriana Ovalle Letelier, es a su vez jefa de Sensibilización y Difusión de otra organización de Lo Barnechea que se llama Lo Barnechea Emprende. Todas estas organizaciones fueron creadas en la época de Felipe Guevara y lo que se repite es que hay funcionarios o gerentes de las municipalidades que a su vez son parte de estas organizaciones funcionales. Quizás no es ilegal, pero es absolutamente impresentable y es una fuente de corrupción brutal: estamos hablando de miles de millones de pesos. Otro nombre es el de Aldo Sabat, hermano del ex alcalde Pedro Sabat (RN) de Ñuñoa, quien era concejal de Vitacura y al mismo tiempo era director ejecutivo de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. En 2020 recibió 2.250 millones de pesos para esa corporación cultural que, por la pandemia, no tuvo actividades. En Las Condes, hay el caso de Müller, marido de la diputada María José Hoffmann (UDI) y, en esa municipalidad también estamos averiguando qué ingresos tenía por parte de la Municipalidad de Lo Barnechea.

[caption id="attachment_690017" align="alignnone" width="919"] Flujo Corrupción Sector Oriente / Elaboración: Equipo Diputación Tomás Hirsch[/caption]

¿Por qué estos cargos que ya están en una municipalidad pueden tener otros cargos en entidades privadas de otra municipalidad, en una comuna distinta?

Porque lo que crean en esta segunda comuna es lo que se llama una organización funcional, que son privadas y –en teoría– sin fines de lucro. Tienen un cargo en Vitacura y, además, crean otra organización, como un club deportivo o una junta de vecinos, pero con la diferencia que esa organización funcional recibe miles de millones de la municipalidad.

¿Podría ser que a través de estos personajes hubiese un traspaso de dinero entre comunas?

Por ahora, no se puede descartar ni tampoco afirmar. Sin embargo, no da la impresión que haya traspaso de dinero entre comunas, sino que hay personajes que son contratados en una comuna, crean una organización en otra comuna, reciben dinero en esa y no está claro los traspasos de dinero interno que hacen. Por eso hemos pedido que la Fiscalía lo investigue. No hay ningún límite ni impedimento para ese nepotismo cruzado en el que se van instalando los amigos de partido con un cargo en un lugar y en una organización que recibe recursos en otro.

"Levantar una tapa de alcantarilla"

Movido por la cantidad de información que ha podido recabar que –reconoce– “le sobrepasa”, el pasado jueves, Hirsch ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para “modificar diversos cuerpos legales en materia de transparencia, probidad y fiscalización de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales”. Su objetivo es acabar con los impedimentos que hasta ahora encuentra la Contraloría de la República para inspeccionar las corporaciones municipales y organizaciones funcionales que reciben dinero público. Eso porque jurídicamente se consideran entidades privadas y se rigen bajo ese principio. Aunque su equipo está estudiando si emprende acciones legales contra los hasta ahora implicados, Hirsch ya ha solicitado a la Fiscalía ampliar la investigación que abrió en Vitacura a raíz de la denuncia de la alcaldesa Merino. Ahora, la indagatoria también apunta a Las Condes y Lo Barnechea. “Uno se metió ahí y ha sido como levantar una tapa de alcantarilla”, admite.

¿Cómo ha recogido los antecedentes de los que dispone?

Por un lado, hemos utilizado información disponible, pero que no es fácil de rescatar como los documentos de creación de las organizaciones funcionales. Es información pública y en la misma página de las municipalidades aparecen los nombres de algunas de estas personas. Pero cuando empezamos a recabar, sobre todo, después de la primera denuncia, comenzó a llegar información por parte de mucha gente anónima que nos contactó y entregó nuevos antecedentes. Nos ha llegado un bombardeo de información de muchas otras comunas: María Pinto, Melipilla, San Bernardo, Puente Alto, Paine, etc. Uno se metió ahí y ha sido como levantar una tapa de alcantarilla. Hay tal cantidad de información sobre contrataciones cruzadas que nos sobrepasa, con un nepotismo y un amiguismo político brutal.

Además de estas investigaciones, ¿va a emprender alguna acción judicial al respecto?

Ya emprendimos una que fue solicitar formalmente a Fiscalía que amplíe su investigación desde Vitacura a Las Condes y Lo Barnechea, lo que se acogió y Fiscalía ya está haciendo. El segundo paso ha sido presentar un proyecto de ley para que la Contraloría pueda entrar a las organizaciones funcionales y a las corporaciones. El tercero, que aún estamos estudiando, es si presentamos una denuncia específica contra las distintas personas que aparecen involucradas.

¿Es el recambio político el que ha permitido destapar estos casos en el sector oriente?

Sin duda. Cualquier alcalde o partido instalado 25 años en una municipalidad, termina sintiéndose dueño, rey y patrón del fundo. Eso muestra lo importante que es la alternancia [política] y, sobre todo, la diversidad. No solo en la alcaldía. Uno de los problemas fundamentales que hemos detectado en estas tres comunas es que durante 30 años han estado controladas por un solo sector político a nivel de senadores, diputados, alcaldes y concejales. Sin ninguna presencia de otro sector político. Es la primera vez que hay un diputado de oposición, que soy yo. Es la primera vez que unos pocos concejales de oposición llegan a esta alcaldía y eso, sin duda, ha contribuido en que esclarecer este tipo de situaciones sea una prioridad.

¿Esa reflexión aplica tanto para alcaldes y autoridades tanto de derecha como de izquierda?

No hay ninguna diferencia entre un sector y otro. Se han descubierto irregularidades en todos lados. Por ejemplo, San Ramón fue una suerte de narco-alcaldía y ese alcalde era socialista. Eso va más allá del color político, pero en este caso había una suerte de feudo de un sector de la derecha por 25-30 años. El alcalde Torrealba se manejaba como un rey en Vitacura, incluso tenía un ascensor directo a su oficina. Se manejaba como un verdadero patrón de fundo y eso lo dispuso a utilizar los recursos públicos a su antojo.

En El Desconcierto, este lunes publicamos un reportaje que refleja el poco margen de maniobra que tiene la Contraloría para poder fiscalizar las corporaciones municipales: en cinco años solo ha inspeccionado a 53 en toda la RM, lo que es una cifra muy baja comparada con la actividad de Contraloría en el sector municipal, en general. Más allá del proyecto de ley que ha presentado, ¿cuál sería la forma de cambiar esta realidad: extinguir estas corporaciones y que fueran absorbidas por el municipio o bien cambiar la ley?

El proyecto de ley que he presentado responde a lo planteado en el reportaje: que Contraloría pueda fiscalizar el buen uso de los recursos y la gestión de estas corporaciones y las organizaciones funcionales. Pero más allá del proyecto de ley, estas organizaciones funcionales y corporaciones creadas para dar servicios municipales no deberían existir y sus tareas deberían ser parte de lo que le corresponde a la municipalidad. Las organizaciones funcionales que sí deben existir son las que corresponden a la comunidad que se organiza: juntas de vecinos, clubes de deporte, club de cueca, etc. En lo inmediato, propongo que la Contraloría disponga de facultades de fiscalización y en el mediano plazo eliminarlas.