A pesar de la disciplinada defensa de parte de algunos sectores, nadie podría discutir que el quórum supramayoritario de 2/3 tiene origen en el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 y no así en el pueblo, al cual se convocó para decidir entre Convención Constitucional o Convención Mixta a partir de los límites ya establecidos en el congreso.

A la luz de los resultados electorales en que la derecha se encuentra disminuida por la voluntad del pueblo, hay quienes adelantan que los 2/3 no son un problema. Olvidan que el modelo neoliberal ha sido sostenido durante décadas con respaldo de quienes han dicho ser alternativa a la derecha. Ante esto yo prefiero actuar con principios y sin calculadora en mano.

La Convención Constitucional es el órgano político más representativo, de mayor relevancia y respaldo ciudadano que existe en el país. Sin embargo, su legitimidad se juega en el cumplimento de expectativas, lo que en buena parte se reflejará en el plebiscito de salida que podría ratificar o no los contenidos emanados desde la Convención.

Siguiendo la argumentación, ¿qué ocurriría si demandas sociales mayoritarias fuera y dentro de la Convención quedan fuera de la nueva Constitución por faltarles un par de votos para reunir los 2/3? Si esto ocurre respecto a la defensa del agua o el medio ambiente, lo que está claro es que nuestra sociedad no tendrá una nueva oportunidad.

El quórum supramayoritario impuesto por el Congreso y el gobierno es el principal adversario de la legitimidad que el proceso necesita. Si no está suficientemente claro, pido observar la crisis de legitimidad que el Congreso sostiene, entre otras cosas, por no satisfacer las expectativas de cambio que en la sociedad han madurado.

Por otra parte, la participación es la principal aliada de la legitimidad que requiere el proceso constituyente, por cuanto debemos asegurar mecanismos -como el plebiscito- que valoren y vinculen la opinión del pueblo con los contenidos que emanen de la Convención Constitucional.

Insistiremos en la superación del quórum impuesto. Ahora bien, y dado que sobre esto no hay certezas, junto a constituyentes de diferentes sectores hemos propuesto que los contenidos constitucionales que no logren el quórum de los 2/3, pero sí obtengan un contundente respaldo de 3/5 en la Convención Constitucional, sean presentados ante el pueblo soberano mediante un plebiscito dirimente de carácter vinculante implementado por el SERVEL, luego de la tramitación de los contenidos y previo al plebiscito de salida, instancia en la cual se deberá resolver si dicho contenido formará o no parte de la nueva carta magna. En definitiva, no desechar contenidos que mantengan respaldo mayoritario y que el pueblo tenga siempre la última palabra.

Esta fórmula no es nueva en el mundo y sus efectos son más un aporte al entendimiento que a la polarización. El caso de Túnez, Sudáfrica y Uganda demuestran que los plebiscitos dirimentes son un incentivo para no superponer la obstrucción sino que el debate y el interés de arribar a entendimientos que valoren el interés general de los pueblos por sobre la negociación política. Es más, en estos tres casos el plebiscito intermedio fue establecido y su convocatoria no resultó necesaria toda vez que su existencia fue disuasiva respecto al atrincheramiento de sectores minoritarios y sobredimensionados gracias al quórum supramayoritario.

¿Es viable esta propuesta? Claro que sí y depende de la voluntad política que podamos convocar. Existen caminos institucionales como el que dio vida al plebiscito de entrada, y previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias no podemos ser pesimistas quienes además tenemos un proyecto político que ofrecer.

Finalmente, nuestra posición es clara e insistente: estamos por el voto desde los 14 años en el plebiscito intermedio y de salida, porque si de algo tenemos convicción, es que este nuevo Chile debe construirse también con quienes nos regalaron la importante oportunidad de cambiar las reglas del juego.