Hay quienes, por vicio, no aprenden de sus propios traspiés. Por eso la historia se repite, pero en versión más mediocre que la anterior. En el primer gobierno de Sebastián Piñera, lo que dio inicio a las masivas manifestaciones en su contra (que luego fueron estudiantiles y globales) fue la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental en Coyhaique del proyecto HidroAysén, el 11 de mayo de 2011. Aquella vez el hecho resultó tan indignante que espontáneamente la gente en Coyhaique, en Santiago y en otras ciudades salió a las calles, que se colmaron de barricadas. Entre otros, incluso el fallecido senador Antonio Horvath estuvo allí protestando pues, pese a ser un parlamentario gobiernista por esa zona, siempre fue detractor al proyecto y desde entonces se transformó en persona non grata en La Moneda. Un par de días después vía redes sociales se convocó a una manifestación en la Plaza Italia que reunió a 100 mil personas. Eso fue el viernes 13 de mayo de 2011, instaurándose así ese lugar y día como espacio y tiempo de protesta ciudadana semanal, reinstalado a partir de un mismo viernes, el 18 de octubre de 2019, iniciando la revuelta social, esta vez en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Lo que ocurrió en ese mayo 10 años atrás fue un estallido inédito desde el retorno a la democracia. ¿Eran todos ecologistas los manifestantes? No. Eran chilenos cabreados del manejo empresarial de la política, marca de nuestra eterna transición democrática. Por entonces publiqué una columna sobre lo que representaba HidroAysén para la gente: el hastío que sufrimos los chilenos al justificarse todo tipo de abusos en función de un señor sin rostro ni nombre de pila llamado “mercado” y de sus voceros e instigadores, sin considerar a la gente, los territorios ni menos el medioambiente (ver: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2011/05/21/el-no-a-hidroaysen-%c2%a1es-la-gente-estupido/).

La explosión social contra HidroAysén no era sólo ante ese proyecto ecológicamente nefasto, sino era el desborde de una población harta del salvaje modelo económico, lo que se podría resumir en una corta y precisa sentencia de Nicanor Parra: “Hay dos panes. Usted se come los dos, yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”. Y Piñera lo hizo de nuevo. La codicia a veces puede ser tan grande y ciega que, con toda el agua corrida desde el inicio de la revuelta del 18 de octubre hasta hoy, se vuelve a echar bencina a un ya incendiado país. La aprobación del proyecto Dominga, el reciente 11 de agosto por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, provocará el mismo efecto que generó HidroAysén. Con un agravante: ahora la mecha está muchísima más corta.

Esas mentadas comisiones son un mal chiste: de “evaluación” y de “ambiental” no tienen nada, pues están conformadas por los seremis de cada cartera de gobierno, es decir representantes de Piñera en la región, con nula idoneidad en temas ambientales (salvo, suponemos, el seremi de Medio Ambiente). No son una instancia “técnica” (como argumentan gobierno y líderes corporativos empresariales), ya que no puede haber instrumento más político e ideológico que este, del que ni siquiera fue parte la nueva autoridad de la gobernadora democráticamente electa sino, para peor, lo fue el “delegado presidencial”. Además, la convocatoria a esta instancia se hizo de manera “extraordinaria”, a la rápida, pues el interés del gobierno y el poder empresarial que lo apoya es alcanzar a dejar este alicaído mandato con el proyecto aprobado e iniciándose. El asunto es bastante escandaloso, pues ocurre justo antes de que la Corte Suprema decida sobre su viabilidad, y se interpreta como una manera de presionar ese dictamen. El candidato presidencial del gobierno, Sebastián Sichel, se apresuró a avalar lo ocurrido (contrariamente a Boric, Provoste y Narváez, que lo rechazaron), señalando que él respeta la institucionalidad, sin referirse a que –según decir de la nueva gobernadora, Krist Naranjo– "fue una decisión y una solicitud muy apresurada de parte del delegado (presidencial) convocar a esta sesión" porque "hay procesos en curso, hay recursos de casación que están hoy en la Corte Suprema, entonces estábamos atentos a resoluciones que pudiera dar la Corte Suprema frente a este proyecto".

Dominga es un proyecto minero en el que Sebastián Piñera no debió involucrarse ni con el pétalo de una rosa, pues ha tenido intereses en él. En la zona se encuentra la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt (en Punta de Choros, comuna de La Higuera), un santuario natural único en el mundo en donde habitan ballenas, delfines y una especie de pingüinos que no existe en magnitud en ningún otro lugar del planeta. El proyecto considera dos minas a rajo abierto y un megapuerto ubicado muy cerca de este ecosistema privilegiado.

Si recordamos, casi en el mismo lugar, hubo otro proyecto faraónico (la termoeléctrica Barrancones) que, tras un masivo rechazo, el mismo Piñera, en su primer gobierno, y saltándose toda la institucionalidad a la que hoy dice apelar, clausuró con una llamada telefónica. Muerto Barrancones, surgió en el mismo sector el megaproyecto minero Dominga, impulsado por la empresa Andes Iron, perteneciente a la familia de Carlos Alberto Choclo Délano, principal accionista del Grupo Penta (quien estuvo preso por distintos delitos tributarios relacionados con financiamiento político ilegal) y amigo personal del Presidente.

Cabe recordar que en 2017, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el mismo organismo regional de Coquimbo y el Comité de Ministros (en segunda instancia) rechazaron la iniciativa, lo cual derivó en una  pugna judicial que es la que ahora la Corte Suprema deberá dirimir. Se trata de una inversión de US$ 2.500 millones, que considera la producción de 12 millones de toneladas de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre al año. El motivo del rechazo en el gobierno de Bachelet fue que Dominga, en su Estudio de Impacto Ambiental, levantó una base insuficiente y evaluó incorrectamente los impactos, sin considerar los efectos en el hábitat marino, que es lo que realmente importa. Con la misma información, otro comité de evaluación, ahora de un gobierno de derecha, lo aprobó. Resulta grotesco, además, que ello haya sido en una convocatoria irregular a pocos días de conocido el terrorífico informe mundial del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que alertó de una crisis planetaria ambiental inminente.

Pese al apuro del gobierno de Piñera por aprobarlo, Dominga sufrirá el mismo destino que HidroAysén. Abortará. No por decisión del poder establecido, ni de las instituciones, sino por el poder de la gente cabreada. Cuesta entender que, estallido social mediante, haya tanta ceguera como para no percatarse de que el tiempo del descaro definitivamente se acabó.