Una votación relevante para la próxima conformación del Tribunal Constitucional (TC) se dará el próximo martes 9 de agosto. Se trata de la elección del nuevo presidente que estará durante los próximos dos años en el cargo que hoy ocupa la ministra María Luisa Brahm.

Uno de los nombres que ha resonado para asumir la presidencia es el del ministro Miguel Ángel Fernández, quien, según fuentes de El Desconcierto, sería el que cuenta con mayor respaldo entre los nueve miembros restantes y asumiría finalmente el próximo 29 de agosto. Iván Aróstica, Gonzalo García, María Pía Silva, Nelson Pozo, posiblemente Cristián Letelier y la actual presidenta se inclinarían por él.

La carrera de Fernández en el TC comenzó en julio de 2018 cuando fue designado por el presidente Piñera para integrar el tribunal. De un perfil conservador, ha sido mano derecha de Brahm siendo partidario de frenar los sumarios iniciados en su contra por maltrato y acoso laboral y de allanamiento de oficinas de otros ministros sin su consentimiento, antes de que concluir sus investigaciones.

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Fernández es reconocido en el círculo de abogados constitucionalistas por su amplia trayectoria académica y ejercicio laboral por más de 30 años. Estudió en la Universidad Católica, la misma casa de estudios donde hoy imparte clases y es director del Magíster de Derecho. También ha hecho clases en la Universidad de Chile y de Los Andes y ha recibido premios en reconocimiento a su experiencia.

El abogado también ha tenido relación con el trabajo en el Congreso. De hecho, integró el Consejo de Modernización de la Labor Legislativa creado por los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, en 2015, y ha sido invitado regularmente a distintas comisiones a dar su opinión en derecho acerca de materias constitucionales.

Relevante por las interpretaciones que da a los proyectos de ley aprobados en el Congreso que llegan a este tribunal, la elección del presidente marca la inclinación ideológica en las decisiones que se tomen, considerando las facultades que tiene de dirimir las votaciones en caso de empate.

Esto, en un contexto en que el TC ha estado en tela de juicio por funcionar como una “tercera Cámara” con criterios políticos más que jurídicos, planteándose  incluso la posibilidad de modificarlo en la Nueva Constitución.

Su perfil: contra el aborto y defensor de SQM

En su recorrido profesional, Fernández ha sido parte de discusiones de impacto nacional. Una de ellas fue la despenalización del aborto en tres causales, en 2017, donde representó a los senadores de Chile Vamos en los alegatos del TC.

“La evidencia científica demuestra fehacientemente que el aborto no es la solución. Matar al niño y provocar un segundo drama, al que ya vive la madre, no es la solución”, fue una de las declaraciones que hizo en prensa en ese momento sobre el tema.

Después de ser litigante en ley de aborto, fue juez al discutirse el reglamento de objeción de conciencia. Sin embargo, Fernández no se inhabilitó.

Además, ha tenido un rol importante como uno de los abogados que ha defendido los intereses de SQM en conflictos con comunidades indígenas por su acción en los salares.

Uno de estos episodios fue cuando el Consejo de Pueblos Atacameños presentó un recurso de protección contra Corfo y SQM, acusando que se triplicaban las cuotas de explotación, el procesamiento y la venta de litio en el Salar de Atacama, territorio ancestral atacameño.

No solo eso. En medio de este proceso, las comunidades acusaron que no se realizó la consulta indígena como lo indica el Convenio 169, sin resguardar los intereses ambientales del territorio.  En esa oportunidad, Fernández salió a dar su opinión en representación de la empresa de Julio Ponce Lerou: “No se dan los requisitos que establece el Convenio 169 ni la normativa vigente en Chile sobre consulta indígena para que proceda". Fue la posición que defendió, al igual que Corfo, en la Corte de Apelaciones.

Carolina Sagredo fue abogada del Consejo en 2018 y hace hincapié en las decisiones a futuro que podría tomar Fernández: “Él ha manifestado una postura evidente que no sabemos si después la va a mantener en las interpretaciones que son fundamentales, como la consulta a los pueblos, sobre la participación de los beneficios provenientes de la explotación que siempre se debe consultar la exploración y explotación de recursos del subsuelo que se encuentran en territorio indígena”, sostiene.

En esa línea, para Mauricio Daza, abogado querellante en el caso SQM, será relevante cómo actúe frente a eventuales casos relacionados a la minera. “Habrá que ver que en el caso de existir algún tipo de requerimiento si se va a inhabilitar o no”, advierte.

De todas maneras, Daza amplía su lectura a la designación general de los ministros: “Más allá de este nombre, su designación deriva de una decisión de un presidente de la República en un sistema absolutamente inadecuado de nombramiento de ministros que esperamos cambiar en la Convención Constitucional. Fernández, de todos modos, tiene un perfil distinto a Brahm, es un académico y no operador político, que sabe sobre estas materias y creo que va a mejorar la gestión del tribunal”, concluye Daza.

Otra de las posiciones que ha tomado Fernández ha sido el rechazo al tercer retiro del 10% de fondos previsionales. En el requerimiento presentado por el gobierno de Piñera de inconstitucionalidad, el ministró estuvo por acogerlo.

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