Una declaración, vía zoom, del diputado Rodrigo González (PPD) al propio fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, el 25 de junio pasado. Una entrevista presencial, el 8 de julio, en la oficina distrital de Viña del Mar del mismo parlamentario con una oficial de la PDI para ratificar lo dicho en forma telemática. Estos son algunos de los pocos rastros hasta ahora de la investigación del caso Enjoy que lleva adelante el Ministerio Público en la denominada arista penal, cuyo capítulo administrativo cerró hace dos semanas la Contraloría General de la República (CGR).

La causa penal partió el 22 de abril de este año con una denuncia presentada por un grupo de 9 diputados y diputadas integrantes de la Comisión Investigadora que indagó el caso en la Cámara de Diputados. Allí pidieron investigar un posible “prevaricato, cohecho, negociación incompatible u omisión de denuncia” de la titular de la Superintendencia de Casinos (SCJ), Vivian Villagrán, por emitir una resolución que benefició a Enjoy en enero pasado.

También se pedía confirmar o descartar un conflicto de interés del Presidente Sebastián Piñera, debido a que parte de su patrimonio es, desde marzo de 2018, administrado por BTG Pactual Chile y Moneda Asset Management en un fideicomiso ciego. Como ambas firmas tenían inversiones en Enjoy -vía fondos de inversión, corredora de bolsa o banco- el Mandatario podría tener o haber tenido exposición personal a la firma o a través de su familia.

El ruido lo había amplificado el mismo Ejecutivo a través del ministro Secretario General de Gobierno (Segegob), Jaime Bellolio, el 22 de marzo de 2021, cuando afirmó que el Presidente “no tiene ni ha tenido vínculos con Enjoy”, algo que teórica y legalmente él no podía saber. El fiscal Nacional, Jorge Abbott Charme, se tomó el caso en serio. El 23 de abril, al día siguiente de la denuncia, se reunió con los parlamentarios y, al finalizar, dijo a los medios que los hechos que le habían sido denunciados eran “particularmente graves y serios” y que, por lo mismo, “deben ser absolutamente esclarecidos”.

Cuatro meses después, el polémico informe de la CGR que dirige Jorge Bermúdez, emitido el pasado 21 de julio, amenaza con levantar polvo en lo que queda de gobierno. El mismo grupo de parlamentarios original busca llevar sus esquirlas a los tribunales de justicia. Para ello, discuten en estos días los detalles de la querella en la que, esta vez, acusarían a Villagrán abiertamente de prevaricato administrativo.

“Esta semana nos reuniremos para decidir la forma de presentar la querella”, dice el diputado González. “Pero, en concreto, toda la acción deriva del hecho de que el informe de Contraloría ya ratificó que hubo una grave violación de la ley por parte de la superintendencia y que cometió un acto que eventualmente es un acto de prevaricación administrativa, probablemente malicioso y, por ende, reúne todas las características de una ayuda que da un funcionario público a un ente privado para satisfacer su necesidad, sin cumplir las obligaciones que tiene como funcionario público”, agrega.

La dupla Villagrán-Piñera

Villagrán fue la principal herida que dejó el informe contralor del 21 de julio pasado. Mientras el Presidente Piñera parece ser favorecido, tal como lo reflejaron los medios al ‘descartar’ conflicto de interés, el propio órgano fiscalizador reconoce que tiene limitaciones legales para investigar a la familia del mandatario.

Por el contrario, a Villagrán la Contraloría la acusa de haber incumplido sus deberes legales cuando el 29 de enero de 2021 suspendió el cobro de garantías por más de US$ 100 millones a la polémica operadora de casinos, por el incumplimiento en el plazo de su plan de inversiones, el que vencía al día siguiente.

Ese 29 de enero, la SCJ emitió la resolución N° 56 por medio de la cual suspendió el denominado Procedimiento de Verificación de Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios para el inicio del Casino del Mar S.A., por el cual la autoridad debía exigir la puesta en marcha de las obras comprometidas en junio de 2018.

Ya en agosto de 2020 se había postergado el plazo y sin la resolución de Villagrán, el colapso financiero de la atribulada Enjoy -que ya había recurrido a la reorganización judicial en Estados Unidos- podía ser irreversible. Las excusas que dio la superintendencia al contralor para emitir la resolución fueron rotundamente rechazadas por Bermúdez en su informe, en el cual, de paso, anuncia el inicio de una auditoría en la repartición.

El duro trato a la SCJ parece distar del dado al Mandatario. Pero el diputado González no cree que sea tan así, porque el informe también se encarga de dejar expuesto al Presidente Piñera. Fue el Mandatario quien firmó el 28 de enero -un día antes de la resolución de Villagrán- el decreto N° 77 en el que el Ministerio de Hacienda autoriza la posibilidad de dar prórroga a los casinos con la pandemia como motivo.

En su informe, el contralor alude tangencialmente al decreto firmado por Piñera para calificar como ilegal la acción de la SCJ. Las dudas también están instaladas porque Enjoy fue la única empresa que recibió el beneficio -SunDreams no solicitó- y porque la acción de la SCJ tomó apenas cuatro días desde que el 25 de enero fuera la propia Enjoy la que pidió la prórroga.

Muchas coincidencias, considerando además que según estableció Contraloría, al momento en que Piñera firma sus fideicomisos en marzo de 2018, BTG participaba en la propiedad de Enjoy y Moneda garantizaba el 50% de sus deudas.

Prevaricato, la llave

Pero el informe de Contraloría definitivamente atacó al cuello de la SCJ y es el que sustentará la acción penal de los parlamentarios, liderados por Rodrigo González, al evidenciar lo ilegal de la acción de la autoridad.

En su informe, Contraloría contradijo abiertamente a la SCJ, la cual justificó la suspensión ‘express’ del cobro de las garantías a Enjoy porque el contralor no le había dado respuesta a una consulta enviada el 28 de diciembre de 2020 sobre prorrogar plazos por la pandemia.

Esta invocación, dijo Bermúdez, “no resulta jurídicamente admisible”. Esto, porque el tiempo que había transcurrido era apenas de un mes, sabiendo la SCJ que Contraloría tenía plazo legal de 6 meses para responder ese tipo de consultas.

“Por lo demás, si esa superintendencia quería contar con un pronunciamiento de esta entidad de fiscalización sobre la materia, debía actuar (...) con la debida antelación, considerando que (...) aquella tenía claridad de la fecha de vencimiento de plazo para dar inicio a las operaciones del referido casino de juego a menos desde el mes de agosto de 2020”, señala el informe.

Así, el órgano contralor sostuvo que la SCJ “no se ajustó a derecho” al suspender el cobro de garantías a Enjoy. Y de paso, aludió a la acción de La Moneda que el 28 de enero visó el Decreto N° 77 del Ministerio de Hacienda, firmado por Piñera, que autorizaba justamente a la SCJ a emitir el decreto. Dado ese acto, dijo Bermúdez, “resultaba inoficioso emitir el pronunciamiento requerido” en diciembre de 2020 por la SCJ. Se trata, piensa el diputado González, de un ácido juego de palabras de Bermúdez.

Esta actuación de Villagrán, junto a otras polémicas decisiones respecto de Enjoy, tienen a la titular de la SCJ pendiendo de un hilo. La autoridad ha debido enfrentar otro proceso judicial a propósito de una denuncia penal por la autorización que le habría dado para realizar juegos online y por la existencia de préstamos a clientes, algo prohibido por ley.

El diputado González cree que el informe de Contraloría impulsará nuevas diligencias en la investigación de Armendáriz, quien hasta ahora se ha concentrado en comprender en toda su dimensión el caso. La indagación a la interna de la SCJ podría abrir una insospechada caja de pandora para lo que resta del actual gobierno.

Como señala la denuncia original de los parlamentarios, “en este caso, quizás pudiera haber ocurrido que, en la Superintendencia de Casinos y Juegos, por negligencia inexcusable, malicia u órdenes o sugerencias insistentes, se hubieren dado a Enjoy más beneficios o espacios que de estrecho apego a la ley mediante no habría recibido”.

La querella ahondará en este punto, pensando en que se llame a Villagrán a declarar y a otros funcionarios que hubieren participado en las decisiones que han beneficiado a Enjoy.

Piñera, el bueno

La Contraloría no tiene armas para indagar profundamente los conflictos de interés del Presidente Piñera en este caso y el cumplimiento del fideicomiso, aunque el diputado González cree que “pudo estrujar más la ley”.

En marzo de 2018, el Mandatario firmó los cuatro fideicomisos obligatorios donde quedó apostada gran parte de su fortuna financiera más líquida y local. Los recursos de la familia Piñera Morel llegaban a unos US$1.100 millones. Además de los contratos de fideicomiso obligatorio de Piñera padre con Altis, BTG y Moneda, se sumaron los voluntarios de sus hijos, a través de Odisea, con la propia BTG y Credicorp. Se estima que todo el patrimonio a valor comercial de la familia se acerca a los US$ 2.800 millones.

Ya en marzo de 2018 Piñera tenía invertidos $50.000 millones en BTG, pero en otros instrumentos: fondos mutuos no relacionados a Enjoy. Y, además, como todos sus fideicomisos, Piñera ordenó a sus fideicomisarios vender la totalidad de su ‘cartera inicial’ a poco de firmar el contrato. Es decir, debían hacer nuevas apuestas.

BTG tenía presencia en ese momento en Enjoy. A través del fondo de inversión BTG Small Cap, llegó a tener el 17% de la propiedad del casino. El Banco BTG Pactual Chile le garantizaba deudas y la corredora de Bolsa BTG -representando a patrimonios privados- llegó a tener una participación de 6,44% de Enjoy, de fines de 2017 a junio de 2018. Además, el presidente de BTG es Fernando Massú, el mismo que fue designado por el propio Piñera como presidente de la estatal Enap.

Con este mar de fondo de potenciales conflictos de interés, Piñera firmó el Decreto N° 77 el 28 de enero de 2021, el día anterior a la vilipendiada -por Contraloría- resolución 56 de Villagrán.

González dice que el Presidente debió ser especialmente cuidadoso en el caso de sus actuaciones relativas a empresas como Enjoy, pues al firmar los fideicomisos en marzo de 2018, ya sabía que BTG tenía filiales a través de las cuales participaba en Enjoy.

Dado que el Mandatario firmó un fideicomiso ciego en marzo de 2018, el acceso a sus inversiones está teóricamente prohibido a todos, incluso él. Este fue el muro que encontró Bermúdez. Todos quienes han sido consultados no tienen acceso a la cartera de inversiones o, si lo tienen, no están autorizados a entregar información de lo que saben.

Como no pudo verificar si el patrimonio presidencial está en algún instrumento de BTG o Moneda que esté expuesto a Enjoy, la Contraloría no tuvo ‘evidencia objetiva’ de que los intereses de Piñera se hubieran confundidos con los de BTG y/o Moneda a propósito de Enjoy.

Luego, para verificar si hubo comunicaciones del Mandatario con las empresas, Bermúdez pidió informes a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) -que dirige Joaquín Cortez- y a las propias empresas fideicomisarias. También fue oficiada la Segegob. Todos respondieron lo mismo: no hubo comunicaciones desde La Moneda preguntando por si en su cartera de inversiones estaba Enjoy.

Al relatar estas gestiones y resultados, Contraloría indica que se hizo “en virtud de las facultades legales y habiendo actuado en ejercicio de la atribuciones legales que el legislador ha entregado a este Organismo de Control” para fiscalizar el cumplimiento del contrato de fideicomiso.

Este medio solicitó a la CMF por el área de Prensa y vía Ley de Transparencia los informes que entregó la institución a Contraloría y el intercambio que tuvieron con las empresas fideicomisarias. Desde la entidad indicaron que esa información sólo se entregaría por Transparencia y que de hecho aún debe evaluarse su publicidad.

La Contraloría tampoco pudo revisar un tercer tema de potencial conflicto de interés: los hijos. Esto, porque sus inversiones -reunidas en Inversiones Odisea- fueron traspasadas a fideicomisos voluntarios, con Credicorp y BTG. En su informe, Bermúdez señala explícitamente que no tiene acceso al contrato firmado por los hijos del Mandatario con las empresas privadas.

En Odisea están hijas, hijos, nietos y nietas de la familia Piñera Morel. Aunque el monto no es conocido, la sociedad engrosó dramáticamente su patrimonio en los años previos al segundo gobierno de Piñera. Así, tras su salida de primer gobierno en 2014 y hasta 2016, al menos, su sociedad Bancard Inversiones Limitada transfirió uno US$400 millones a Odisea, incluyendo inversiones en paraísos fiscales.

En 2019, El Desconcierto reveló que al menos una de esas transferencias -de casi US$ 100 millones- se hacía a título gratuito. Es decir, le estaba regalando la plata a través de cuentas corrientes mercantiles a sus hijos. El Servicio de Impuestos Internos (SII) fiscalizó dicha operación y le giró (cobró) los impuestos y reajustes, incluyendo beneficios tributarios como a todos los que aceptan los cobros sin chistar. Dicha situación fue ratificada por el SII en una comisión investigadora que se levantó en la Cámara de Diputados tras dicho reportaje.

Hoy el fideicomiso firmado por los hijos tiene su patrimonio fundamentalmente invertido en el extranjero. De hecho, parte de él está invertido en los polémicos fondos de inversión de la AGF Volcom, que se enfoca en grandes gestoras mundiales como Ardian, CVC y Triton, y donde son socios de los fondos de pensiones.