“Los veranos vuelan siempre y los inviernos caminan”, decía Charlie Brown. Pero para los estudiantes que deben asistir a clases presenciales en escuelas donde no existen las condiciones mínimas para atenderlos, los inviernos parecieran ni siquiera moverse. Irací Hassler, nueva alcaldesa de Santiago, denunció hace un par de días que hay una "crisis educacional" en su comuna: 19 de 44 colegios no tendrían las condiciones mínimas para volver a clases presenciales. Esta denuncia se suma a los cientos de casos levantados en distintas ciudades de nuestro país, que reportan escuelas con baños inservibles, vidrios rotos, sin los implementos de sanitización y prevención para el Covid-19, entre otros.

Existe un consenso generalizado de que el regreso a clases presenciales debe ser una prioridad. La Unesco afirmó que el regreso a clases es "urgente". Y ya en 2020 la ONU señalaba: “hacer que los estudiantes vuelvan a las escuelas de la manera más segura posible debe ser una prioridad”. Y ni hablar de la postura del gobierno durante toda la pandemia sobre la necesidad de reabrir las escuelas. La experiencia presencial es irremplazable. Estamos de acuerdo. Puesto que no sólo contribuye y facilita la entrega de una adecuada enseñanza para el logro de los aprendizajes, sino que también permiten el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Pero, ¿qué sucede con los cientos de niños y niñas cuyas escuelas no están aptas para recibirlos? ¿Los enviamos igual? Por supuesto que no. No se puede. No se trata de abrir a como dé lugar. No es aceptable que luego de un año y medio de crisis sanitaria aún existan colegios en esas condiciones. Pero tampoco se les puede privar el derecho de asistir a una escuela por incapacidad o desidia de los adultos responsables. Ha llegado el momento de discutir en serio estrategias como la reubicación y habilitación de otros espacios para aquellos que deseen tener la experiencia presencial de aprendizaje. Las escuelas deben estar abiertas.

En el año donde se requería contar con recursos extras para afrontar los desafíos en materia educativa producto de la pandemia, Chile ha sido uno de los pocos países de la OCDE que no ha hecho inversiones adicionales en educación durante la crisis. Urge contar con una inyección de recursos frescos para acompañar de mejor manera, a aquellas comunidades educativas más golpeadas.

 ¿Y qué hay de los sostenedores? Según datos de la Superintendencia de Educación, $ 57 mil millones de subvenciones preferenciales no fueron ejecutadas. Dineros que podrían haberse ocupado para la enseñanza a distancia (tablets, dispositivos de internet, entre otros) y presencial (implementos de limpieza, desinfección y seguridad). Pero el abandono, ya sea por incompetencia o intereses políticos es evidente. Basta con darse cuenta que aquellas escuelas que no tienen las condiciones mínimas de infraestructura para abrir y atender a sus estudiantes hoy, si no estuviéramos en pandemia, estarían funcionando en dichos escenarios. Claramente, la pega no se ha hecho. Es más, la pandemia se ha convertido en una oportunidad para visibilizar la precariedad en la cual funcionan establecimientos educativos y ha permitido decir no más a esta situación.

Con cada día que pasa, las brechas en los niveles de aprendizaje siguen aumentando y la desigualdad continúa profundizándose. No basta sólo con invitar a regresar a las escuelas. Se requiere que existan, realmente, las condiciones para que los niños y niñas asistan porque, así como cuando no se tiene acceso a internet no se puede seguir una clase a distancia, en las escuelas con frío, goteras, baños indignos y humedad patente en sus paredes, tampoco se aprende.