A pesar de lo que ciertos sectores de nuestra política nacional pueden pensar, la discriminación ya sea por motivos raciales, religiosos u orientación sexual sí tiene impactos en la economía de un país. Cuando un determinado sector de la población se ve afectado por variables exógenas, se desencadena una serie de eventos sociales que afectan sus finanzas. En primer lugar, son discriminados laboralmente, lo que provoca que ellos sean flexibles frente a los salarios ofertados, tendiendo a aceptar menores condiciones laborales, violencias y discriminaciones; en una segunda instancia, debido a que sus ingresos son menores, deben vivir en la periferia de los centros urbanos, resultando en un mayor tiempo de traslado, mayor gasto y menor calidad de vida. Finalmente, una calidad de vida en desmedro se vincula a una menor salud, esto sumado a un bajo salario, concluye en menos coberturas derivadas de los planes de Fonasa entregados por el Estado para mejorar su salud física o mental.

Es así como una actitud, que para algunos parece “inofensiva”, desencadena una serie de procesos dañinos tanto para individuos como para el país. Lamentablemente este proceso no sólo se vive en Chile, por lo que Lee Badgett, Sheila Nezhad, kees Walldijk y Yana van der Meuler lideraron una investigación llamada “La Relación entre la inclusión de la comunidad LGBTIQA+ y el desarrollo económico” (The Relationship Between LGBT Inclusión and Economic Development), un estudio que analizó el impacto del trato que reciben las diversidades sexuales en la economía a lo largo de 39 países con economías emergentes.

Los hallazgos de esta investigación validan mi postulado; a nivel individual, las personas LGBTIQA+ enfrentan múltiples barreras para la salud física y mental, lo que reduce su capacidad para trabajar y su productividad en el lugar de trabajo. La comunidad experimenta estos procesos de manera previa, enfrentando discriminación en las escuelas por parte de los maestros u otros estudiantes, lo que dificulta su aprendizaje, alentándolos a abandonar sus estudios, lo que a su vez reduce sus habilidades cognitivas.

En este micro nivel, los costos para la economía en estos dos ejemplos de trato excluyente significan la pérdida de tiempo de trabajo, la pérdida de productividad, la subinversión en capital humano y la asignación ineficiente de recursos humanos a través de la discriminación en la educación y las prácticas de contratación. La disminución de la inversión en capital humano y el uso subóptimo de los recursos humanos, a su vez, actúan como un lastre para la producción económica a nivel económico más amplio.

Cuando estos eventos se vuelven repetitivos se obtienen indicadores agregados, los cuales afectan a una escala macro revelando una clara correlación positiva entre el PIB per cápita y los derechos legales de las personas LGBTIQA+ en todos los países, medido por el Índice Global de Reconocimiento Legal de la Orientación Homosexual (GILRHO) y el Índice de Derechos Transgénero (TRI) respectivamente. La correlación más simple muestra que un derecho adicional en el GILRHO (de los ocho derechos incluidos) está asociado con 1.400 dólares más en el PIB per cápita y con un valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) más alto. En otras palabras, los países con más derechos para las personas LGBT tienen mayores ingresos per cápita y mayores niveles de bienestar. La correlación positiva entre los derechos LGBTIQA+ y el IDH sugiere que los beneficios de los derechos se extienden más allá de los resultados puramente económicos al bienestar medido como logro educativo y esperanza de vida.

Una vez más, se demuestra que el respeto a los individuos es vital para el desarrollo de nuestra economía y con esta el despertar de un nuevo Chile. Los derechos de las mal llamadas “minorías” sexuales, deben estar representadas no sólo en lo social, también en lo económico, en una nueva Carta Fundamental.