Con 105 votos a favor: Convención Constitucional aprueba declaración por indulto a presos de la revuelta
La Convención Constitucional aprobó este jueves realizar una declaración a favor del indulto a las y los detenidos de la revuelta popular, como uno de los primeros actos efectuados por el órgano que redactará la nueva Carta Magna para el país.
105 constituyentes votaron a favor de la declaración firmada por Pedro Muñoz, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros. La declaración propuesta por vocerías, la Lista del Pueblo y representantes de los Pueblos originarios no obtuvo votos, mientras 34 personas se pronunciaron en contra, y 10 se abstuvieron.
Inicialmente, ambas declaraciones fueron sometidas a votación, sin embargo, ninguna alcanzó la mayoría absoluta necesaria para su aprobación. En detalle, la primera obtuvo 52 preferencias, mientras que la segunda declaración obtuvo 49 respaldos, en tanto que hubo 34 votos en contra y 16 abstenciones.
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“Hoy abrimos este proceso constituyente con un debate de una profundidad ineludible”, comienza la propuesta de Apruebo Dignidad y Lista del Apruebo. “Hemos decidido iniciar esta discusión sobre las bases históricas de nuestra vida en común, reconociendo los sufrimientos y anhelos con los que llegamos hasta aquí sobre la sociedad que queremos y cómo queremos construirla”, continúa.
La propuesta de Apruebo Dignidad y Lista del Apruebo señala que la CC “tiene la responsabilidad ética y política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”.
En ese sentido, reconoce que “la revuelta social costó decenas de vidas, violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado incluyendo mutilaciones, traumas oculares, apremios ilegitimos y distintos tipos de vulneraciones, que no podemos invisibilizar. Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia”.
“En efecto, aun hoy, a casi un año y medio de ocurridos los hechos, vemos cómo hijas e hijos de nuestros pueblos han sido sometidos a la imposición abusiva de la prisión preventiva y el nulo avance de las investigaciones, muchas veces con pruebas de dudosa calidad entregadas por sus captores, sin control jurisdiccional, lo que ha afectado profundamente el respeto por las garantías fundamentales mínimas”, continúa.
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En esa línea, demanda la máxima celeridad en la tramitación del proyecto de Ley de Indulto General, y solicita al Ejecutivo dar suma urgencia a la Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos, y el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado.
Así también, pide la inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche, y que el indulto, en el caso de las regiones del Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche.
Las y los constituyentes solicitan además apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, “especialmente en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad”.
Por otro lado, demandan la implementación de “una política robusta de justicia”, que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los derechos humanos.
