VOCES| ¿Editoriales independientes que sostienen únicamente su labor con los fondos entregados por el Estado?
Uno de los factores que explican el explosivo crecimiento de la edición independiente de la última década es el financiamiento directo del Estado en una parte del negocio del libro vía la línea de fomento a la edición del Fondo del Libro. Línea que, para bien, ha permitido la publicación de libros que, por diversas razones, difícilmente tienen una existencia asegurada y que, para mal, ha evidenciado cómo editoriales independientes sostienen únicamente su labor editorial con los fondos entregados por el Estado.
La hegemonía de la edición de grandes grupos económicos en el mercado nacional con su concentración editorial, y la configuración de la literatura como negocio castigan al clasificar entre géneros rentables y no rentables, disminuyendo la bibliodiversidad disponible para el lector. Panorama frente al cual el papel del Estado ha sido la de un agente que afecta económicamente la situación para equiparar la cancha. Así, el Fondo del Libro ha sido la política pública para incentivar la publicación nacional.
Frente a una nueva elaboración de una política nacional del libro y la lectura, es importante preguntarse si el Fondo del Libro, y su línea fomento a la edición, ha afectado la desigualdad estructural entre la edición nacional y la edición transnacional, si el problema real de la edición es la inversión que debe realizar un editor o una editorial o si el problema radica en otras causas.
Como sabemos, el Fondo del Libro, con sus diferentes líneas de postulación, es una parte importante en la política nacional del libro y la lectura. Fondo que, mediante la inversión directa, financia la publicación de libros, de catálogos y de nuevas microeditoriales. Para ello, como en todo concurso público, la lógica se ajusta a la postulación de proyectos y a la competencia entre ellos por el puntaje que permita la adjudicación. Justamente, por su condición de concurso público, el fondo solo apunta al desarrollo anual de proyectos de libros o editoriales, lo que no depende de un análisis continuo sobre la bibliodiversidad del libro chileno presente u omitida en el mercado nacional, sino que depende de personas particulares contratadas para evaluarlos y decidir su factibilidad y pertinencia en el escenario nacional que cada evaluador conoce.
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Además, pese a que el Fondo del Libro ha asegurado la existencia de publicaciones editadas en el territorio nacional, esta estadística positiva no afecta ninguna desigualdad estructural, porque la inversión no es un problema en la edición independiente, como sí lo es la precarización de la industria editorial nacional y las dificultades económicas del negocio editorial. Así lo demuestra el estudio de Lorena Fuentes, Pierina Ferreti, Felipe Castro y Rodrigo Ortega, La edición independiente en Chile: estudio e historia de la pequeña industria (2099-2014). Del total de editoriales entrevistadas, el porcentaje de editores que no posee contrato de trabajo es del 52%, el porcentaje de editoriales que no genera rentabilidad con sus publicaciones es de 48% y, el 89% de las editoriales declaró que usaba recursos propios para solventar el comienzo del proyecto.
La inversión no es un problema intrínseco de la edición independiente nacional. Desde mi perspectiva, una política pública debiese ser pensada no solo para apoyar solo a una parte de la industria editorial, perpetuando un capitalismo absurdo con una lógica de competencia y precarización, sino que también para afectar desigualdades estructurales de lectoría que están presentes en nuestro ecosistema editorial, tal como se realiza con la edición regional.
Una desigualdad lectora se relaciona con la discriminación constante de ciertos géneros (no) literarios que no son rentables; así, la poesía, por ejemplo, sufría de la censura de mercado, lo que definía su no publicación y si se publicaba, dependía del reconocimiento del autor por algún concurso literario o distinción nacional o internacional. Es una razón de la existencia de la línea de fomento a la edición; por eso, hoy la publicación de poesía no necesita del apoyo económico que necesitaba hace una o dos décadas, ni la narrativa.
Me parece que el fomento a la edición debiese estar enfocado en los contenidos para nuevos nichos de lectoría. Lo que se ejemplifica con en el quehacer editorial de Gol Triste Ediciones, editorial independiente que ha apostado por la publicación de contenido colocolino, provocando que un público, supuestamente no lector se vincule con la lectura. El mismo fenómeno sucede con Santiago Anderson y Editorial Cadenza, proyectos que editan libros vinculados con la música, con el libro-objeto y el libro experimental. El desarrollo de nuevos nichos de lectoría permite que la lectura no se limite solo a la lectura de literatura. Nuestra diversidad se tiene que reflejar en nuestra bibliodiversidad.
Otra desigualdad preocupante es la falta de desarrollo bibliográfico para lectores no videntes, porque la pregunta sobre cuántos libros que se editan para lectores videntes, se publican también para lectores no videntes, no tiene una respuesta esperanzadora. Y pese a que existan concursos específicos para la publicación de libros en braille o audiolibros para no videntes, la relación es desigual, lo que discrimina y afecta el desarrollo social, intelectual y cultural de las personas.
Entonces, a la luz de una nueva Constitución y de una nueva política nacional del libro y la lectura, sería interesante incursionar en un modelo distinto de la línea de fomento a la edición y del Fondo del Libro. Un modelo basado no en la competencia, sino en la cooperación y organización desde el mismo ecosistema editorial, permitiendo, desde un análisis cualitativo y cuantitativo de la realidad chilena del libro y la lectura, la puesta en común de acuerdos para la proyección de Fondo del Libro que afecten la estructura del libro y la lectura al identificar las desigualdades que la componen. Yo expuse solo dos.