Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile reitera su rechazo a la actual propuesta de ley de patrimonio cultural
Durante la semana recién pasada, fue destruida una sección del sitio arqueológico Cerro Grande La Compañía, el pucara Inca más austral registrado en el Collasuyu, ubicado en la región de O'Higgins, cuyos vestigios se encuentran protegidos por la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales, tanto en su calidad de Monumento Histórico, como Monumento Arqueológico. Hace ya algunos años, este mismo sitio había sido afectado por la construcción de una antena, en un contexto similar.
Paralelamente, a través de redes sociales se hizo pública una denuncia que daba cuenta de la remoción de un conjunto de bloques con grabados rupestres en la Laguna del Maule, con motivo de la construcción de un camino privado. Este sitio arqueológico se había dado a conocer por medios de difusión regional desde el año 2019 y también se encuentra protegido como monumento arqueológico.
Ante esta situación, a través de una carta abierta, el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile (CAARCH) explicó que “el arte rupestre corresponde a manifestaciones culturales de grupos prehispánicos y, al igual que el resto de los sitios arqueológicos, su presencia en un lugar específico responde a dinámicas sociales arraigadas a un territorio en particular. Las manifestaciones rupestres al estar hechas sobre bloques rocosos presentan una condición estática e inamovible, por tanto, su estudio no solo implica conocer las representaciones gráficas que allí se plasman, sino que también su ubicación, orientación, asociación con elementos del paisaje y otros contextos arqueológicos. Estos datos, son fuentes de información clave y que, ante los lamentables hechos, se han perdido completamente, implicando un daño irreparable en el patrimonio arqueológico nacional”.
[Te puede interesar]: La discusión faltante en Chile sobre patrimonio cultural indígena subastado en el extranjero
En este sentido, desde el CAARCH señalaron que lo ocurrido en el sitio arqueológico Cerro Grande La Compañía y en la Laguna del Maule, los obliga como gremio a “llamar la atención, una vez más, sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el patrimonio arqueológico en Chile y la ineficiencia de instituciones y autoridades encargadas de la protección y gestión. Las causas son diversas, principalmente debido a las grandes debilidades de la institucionalidad patrimonial, aspectos de la legislación actual y los efectos del modelo económico neoliberal, que prioriza el negocio entre privados por sobre el interés común y los bienes comunes de valor patrimonial”.
En particular, el CAARCH apunta a que la actual ley de monumentos nacionales no faculta al organismo técnico (Consejo de Monumentos Nacionales) para aplicar sanciones por daño a Monumentos Nacionales; "los pocos recursos/presupuesto otorgados a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales hacen imposible la real fiscalización, mientras que la nula articulación territorial entre municipalidades, gobernaciones y otros actores vinculados al patrimonio en sus diferentes ámbitos, dificultan cualquier posible gestión eficiente. Por otra parte, la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente, establece en su articulado la protección de los sitios arqueológicos en su totalidad, y la obligación de evaluar, proteger y compensar daños, pero también se ve vulnerada permanentemente, implicando la brutal afectación no solo de sitios arqueológicos, sino también lugares significativos para las comunidades o el bienestar de los ecosistemas".
“En suma, estamos frente a un modelo político y económico que valora más el mal comprendido progreso por sobre el patrimonio cultural y el bienestar de las personas, un modelo en el cual la actual ley no permite fiscalizar efectivamente ni abordar temas punitivos. Lamentablemente, ninguno de estos aspectos se soluciona en el proyecto de la nueva Ley de Patrimonio Cultural, cuya indicación sustitutiva fue ingresada en marzo pasado a la comisión de cultura de la cámara de diputados y que fue recientemente aprobada para su discusión” asevera la carta.
En este contexto, desde el CAARCH reiteraron su rechazo a la actual propuesta de ley de patrimonio cultural, debido a que esta “sólo profundiza en la precarización del cuidado del patrimonio arqueológico y los patrimonios culturales en general, generando falsas expectativas de protección en la población y autoridades locales, así como ralentizando los procesos de cambio hacia una efectiva protección por parte del Estado hacia los anhelados procedimientos de fiscalización real, financiamiento para protección, mantención y difusión, así como fortalecimiento de las penas ante intervenciones indebidas, daño o destrucción”.
“Este nuevo proyecto no incluye cambios sustanciales en estos sentidos y no asegura de ninguna manera, una gestión más eficiente y empática para con las diversas comunidades involucradas. En esto, no pueden evadir su responsabilidad las autoridades actuales, que han expresado su voluntad política en la destinación de onerosos recursos para un monumento público como la estatua del general Baquedano, o se preocupan por celebrar la restauración de un palacio de la elite, mientras dejan en el total abandono a otros patrimonios, menos visibles, pero de interés de otros, los otros de siempre” indican desde el CAARCH.
