El gobierno de Sebastián Piñera decidió este martes llevar el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales al Tribunal Constitucional (TC), situación que no agradó a la oposición ni tampoco a la opinión pública. Este trámite deberá ser analizado por el pleno del TC, presidido por María Luisa Brahm, antigua asesora de Piñera y una posible carta gubernamental para el Consejo de Defensa del Estado (CDE), lugar donde ya está sentado el ex ministro de Defensa, Alberto Espina.

Ambos, se especula en círculos judiciales, junto a abogados integrantes de la Corte Suprema y nominaciones para cortes internacionales que debe hacer Piñera, serían el dique de contención que prepara el mandatario para su salida de la presidencia y ante eventuales acusaciones vinculadas con violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, además de algunas acciones legales que lo acusan de mal manejo de la pandemia del COVID-19.

Pero Brahm, una abogada que ha sido criticada por no haber litigado durante su carrera, no parece tener el camino despejado para futuras nominaciones de Piñera. Ya tiene abierto un flanco relevante con tres ministros del TC, tras vincularlos a eventuales hechos de corrupción. Sin embargo, el problema que ha ido tomando más fuerza en su entorno no es ese, sino el que la vincula con malas prácticas en el tribunal: acoso y abuso laboral de varios funcionarios, específicamente.

Los medios En Estrado y La Tercera han publicado algunos antecedentes de los casos laborales que enfrenta Brahm. El Desconcierto, en tanto, recopiló todos los casos, de fuentes públicas y privadas, conversó con algunas de las víctimas y pudo establecer los relatos más relevantes que forman parte de los sumarios abiertos en su contra.

“Ignorado e indiferencia absoluta”

“Durante mis 31 años de desempeño en la institución de Carabineros de Chile, jamás sufrí la situación experimentada durante los meses que presté servicios como conductor de la señora presidenta de este tribunal”.

Así comienza su carta de denuncia Cristian Suárez Torres, el carabinero que realizó la labor de chofer personal de María Luisa Brahm al interior del Tribunal Constitucional durante varios meses. La carta, fechada en 5 de marzo pasado, fue dirigida a los ministros y a la secretaria y jefa de Servicios, María Angélica Barriga. Según cuenta, uno de estos casos habría ocurrido dos días antes de este documento, cuando debía trasladar a la abogada a su centro de vacunación contra el COVID-19.

Para el conductor, la situación se agravaría hasta la utilización de “gritos a viva voz” y “malos tratos” por parte de Brahm, además de la obligación por parte de la autoridad de que Suárez no utilizara el conducto regular y traspasara todo a la jefa de Gabinete (Vélez) y no a su jefa directa, María Angélica Barriga. “Generalmente me sentía ignorado, manifestándose indiferencia casi absoluta, nunca tuve instrucción de parte de la señora presidenta”, relató Suárez.

Lo que advirtió el funcionario policial, en el documento que hoy forma parte del primer sumario contra Brahm y que es investigado por el ministro del TC, Rodrigo Pica, es que además, “esa indiferencia en dos ocasiones se transformó en gritos a viva voz, algo inaceptable para mí y para cualquier persona: una, acontecida el día 1 de marzo, fecha de la cuenta pública del Poder Judicial; y otra, en el traslado de la señora presidenta al lugar de inoculación, el día miércoles 3 del mismo mes”.

Sin embargo, el ex funcionario destacó que su denuncia no obedece a ninguna retribución, debido a que ya no trabaja en el TC. “Los detalles, si los solicitan, se los facilitaré sin ningún problema, no obstante, la finalidad que persigo con este relato es que nadie en Tribunal Constitucional vuelva a vivir situaciones iguales o menoscabo personal, menos de una autoridad pública que debe dar el ejemplo de convivencia y decoro, precisamente por su posición jerárquica”, dijo.

El de Suárez, como es sabido, no es un caso aislado ni tampoco el primero. En marzo de 2020, María Luisa Brahm recibió un correo de un subalterno del director de Administración y Finanzas del Tribunal, Julio Ortiz Faúndez, mientras se encontraba de feriado legal, en el cual denunciaba una serie de irregularidades que habría infringido Ortiz, su jefe directo. En aquel correo, el cual además omitió poner en el remitente a Barriga, tal como se plantea en el conducto regular, detalla que su jefe estaba involucrado en: manipulación del sistema de remuneraciones; en incumplimiento reiterado de instrucciones, que serían una de las acusaciones más graves que se puedan formular; colocación de recursos del Tribunal procedentes de excedentes de caja en fondos mutuos y falta de diligencia en el cobro de dineros de licencias médicas pagadas por el tribunal.

Además, a esta denuncia que luego Brahm tomó como propia para intentar imputar a Ortiz, se sumaba la tramitación irregular de órdenes de compra y vinculación de la Dirección de Administración y Finanzas con el Banco Estado. Por este motivo, Ortiz fue suspendido de sus funciones.

Todos estos antecedentes llegaron a la mesa de ministros del Tribunal y, tras una investigación a la que tuvo acceso El Desconcierto, Julio Ortiz Faúndez finalmente fue sobreseído un año después de iniciada la causa, de la mano del ministro Miguel Ángel Fernández. “La Primera Sala, que puso fin a la investigación sobreseyendo, por carecer de denuncias de mérito, falta de veracidad, insuficiencia de pruebas para acreditar los hechos, en un proceso regido por la presunción de inocencia”, dice el acta de resolución.

A la semana siguiente de su absolución del cargo de supuestas irregularidades, el 11 de febrero, Ortiz, “en un profundo análisis reflexivo”, según dijo, renunció a sus funciones como director del área contable y un mes después le entregó a su ex jefa directa, María Angélica Barriga, un documento de tres páginas donde expresa y detalla todos los pormenores del abuso laboral que sufrió.

“Me motiva presentar esta denuncia por aquellos funcionarios, al igual que yo, (que) han visto afectadas su vida laboral, familiar y su salud, durante la actual presidencia del Tribunal. Compartimos esta experiencia y ambiente laboral que resulta difícil de entender y explicar. Espero que contribuya a fortalecer la institucionalidad, incorporando mecanismos que anticipen, adviertan y detengan situaciones que pudiesen configurar acoso laboral y/o vulneración de algunos derechos fundamentales del funcionario”, describió Ortiz.

Al igual que las demás víctimas y denunciantes, Ortiz dijo que estos actos reiterativos también involucran a la jefa de Gabinete, Claudia Vélez.

“A mi juicio, la señora presidenta y su jefa de Gabinete transgredieron límites formales e institucionales de manera regular y sistemática. Fui relegado y menoscabado, a cumplir sólo tareas domésticas y responder a urgencias, las que no obedecían a una planificación y a las potencialidades del cargo que ocupaba. Su estilo de administración buscó minimizar mis capacidades”, precisó Ortiz en su misiva, que es parte de uno de los sumarios en contra de Brahm.

Allí, especificó que otra razón de su renuncia fue que cuestionaron su idoneidad y razonabilidad en decisiones de procesos regulares, sin mediar modificaciones a dichos procesos, destacar errores sin retroalimentación u orientaciones previas y que eso llevó a que ocupen la intervención de las distintas áreas del tribunal “con personas externas sin ninguna relación contractual”.

En rigor, dijo, Brahm respaldada por Vélez, “promovió largas jornadas laborales, citando a reuniones de instrucción fuera de horario laboral y en horario de almuerzo. Cuestionó iniciativas para enfrentar la pandemia (compra de insumos, uso de radio taxi, jornadas laborales flexibles, entre otras)”.

“Portazos y gritos”

Otro que debió vivir estas situaciones y malos tratos fue Nelson Contreras, jefe de Informática del Tribunal, quien, al intentar solucionar un problema de conexión dentro de las instalaciones de Huérfanos 1234, recibió una fuerte reacción por parte de Brahm.

Los problemas de audio que se produjeron en una sesión de la Primera Sala y luego, en una reunión del Tribunal Pleno, provocaron la situación de maltrato que sufrió. Al intentar entrar a la oficina de la primera autoridad, “aquella cerró la puerta de su oficina frente a su cara, y a gritos instruyó a su jefa de Gabinete, que no ingresara a solucionarle un problema de conexión”. Este registro y denuncia son parte del segundo sumario en contra de Brahm.

Varias situaciones similares vivió la ya mencionada abogada, secretaria y jefa de servicios, María Angélica Barriga. Su primera denuncia oficial fue el 6 de abril pasado, cuando le dirigió una carta al fiscal Xavier Armendáriz, de la Fiscalía Centro Norte, y también a los ministros del Pleno, explicando las amenazas que recibieron los guardias del recinto, el 15 de febrero de 2020, por parte de Brahm y Vélez, para que no hicieran registro de la presencia de Policía de Investigaciones (PDI) en el lugar. También denunció la prohibición de divulgar a otros funcionarios, en el ya conocido caso de un supuesto allanamiento ilegal del órgano público. Este antecedente forma parte del tercer sumario abierto hacia la autoridad del TC.

Sumado esto, y ya sin estar en su cargo Barriga, abogada de 44 años, quien asumió el puesto un mes antes que Brahm, el 4 de junio del 2019, según Diario Financiero, dijo que en enero de este año la presidenta del TC “le propinó gritos en presencia de un subalterno y abruptamente se retiró de la reunión, debiendo ser terminada por su jefa de Gabinete (Vélez)”.

Todos estos casos fueron respaldados por Leonardo Carrasco, quien preside la Asociación de Funcionarios del Tribunal Constitucional, mediante una carta abierta de 14 páginas y que forma parte de la carpeta investigativa, también del primer sumario. En este documento no solamente se detallan y apoyan los casos mencionados de Suárez, Ortiz, Lillo y Barriga; sino también se exige que se transparente la labor del cargo de Claudia Vélez y que se respeten los sumarios administrativos con su debido conducto regular.

“Si bien la situación no es propia de la actual presidencia, se ha visto incrementada, por lo que se ha convertido en una preocupación para nosotros. No percibimos que la actual presidencia lo considere como un tema a tratar. Prueba de eso es la forma en que la jefa de Gabinete ha llevado su trabajo con nuestros funcionarios, creando odiosidad y división entre nosotros mismos”, desglosa Carrasco en su misiva.

En la misma misiva, expuso la situación de Contreras: “la propia señora presidenta hace poco generó una situación que fue considerada por los afectados como indebida, nos referimos a los incidentes que tuvieron el jefe de la Dirección TIC, señor Nelson Contreras y posteriormente, el mismo día la secretaria y jefa de Servicio de nuestra institución, señora María Angélica Barriga”.

Para Carrasco, quien también fue contactado por nuestro medio, existirían más casos de renuncias por malos tratos, pero que aún se mantienen en reserva y bajo investigación. El Desconcierto conversó con otra de las víctimas, quien renunció en marzo del 2020 y ya compartió su testimonio en audiencia. El ex funcionario prefirió mantener bajo reserva su nombre. “Efectivamente mi renuncia va relacionada con desencuentros con la presidenta”, dijo a este medio.

Además, otra víctima por la cual se abrió un sumario recientemente, que pertenecía al círculo cercano de Brahm, es Domingo Riquelme, ex secretario personal de la presidenta del TC. Riquelme se mantiene con licencia médica y dijo a este medio que prefiere no referirse al tema públicamente.

Actualmente, los sumarios, del 12 y 29 de marzo, como el tercer y último, presentados el 8 de abril, se mantienen abiertos, mientras que la defensa de Brahm, respaldada por los abogados Luis Cordero, Josefina Court Spikin y José Tomás Correa Concha, maniobran el asunto para que se anulen los sumarios presentados.