Marzo es el mes donde se conmemora la lucha histórica de las mujeres de todo el mundo por el reconocimiento de sus derechos en igualdad a los hombres. Este año nuevamente, y a pesar de la pandemia que nos obliga a cuidarnos manteniendo distancia, miles de mujeres salimos a las calles a exigir las demandas que todavía no están resueltas: no más femicidios, no más violencia de género, aborto libre y seguro, fin a la violencia obstétrica, entre muchas otras.

Las mujeres migrantes también se han hecho protagonistas de estas demandas, con consignas tales como “el feminismo será antirracista o no será” o “las migrantes también abortamos”. Sin embargo, no hay que olvidar que las mujeres migrantes se enfrentan a una realidad en Chile que las pone en mayor desventaja que una mujer chilena, puesto que se combina su estatus migratorio con su género. En ese sentido, vemos mujeres migrantes a quienes se les niega el acceso a la vivienda digna, a un trabajo formal, seguro y adecuado, a la salud pública, para cuidar sus embarazos o incluso para realizarse abortos legales, que es el tema que me convoca a escribir esta columna.

En Chile el aborto por tres causales es legal desde septiembre de 2017; sin embargo, hoy todavía cuenta con obstáculos en su procedimiento, los cuales conocemos a partir de las publicaciones que han salido a la luz gracias al trabajo de organizaciones como Humanas (2018) y la Corporación Miles (2019). Malos tratos, retrasos en la atención, desinformación e instituciones completas que son objetoras de conciencia son algunos de los problemas a los que se enfrenta una mujer al abortar legalmente en el país. La discriminación es un problema que aumenta al tratarse de mujeres migrantes, quienes están doblemente expuestas a situaciones violentas a la hora de abortar, dado que, al enfrentarse al sistema público de salud, se encuentra ante una institución y funcionarias/os que no desean atenderlas u ofrecerles el mejor servicio (Cortez, 2019). En este escenario es importante considerar que al menos el 30% de las mujeres que han abortado por una de las tres causales en la ciudad de Santiago son mujeres migrantes, según datos elaborados en el marco de mi investigación como tesista del Proyecto Anillos Migraciones Contemporáneas (ANID PIA SOC180008).

Las mujeres migrantes son catalogadas según diversos prejuicios y estereotipos a partir de los cuales se genera una diferenciación hacia ellas en la atención de salud. Bien sabemos que los estereotipos son construcciones sociales que reducen la complejidad de las personas a partir de atributos impuestos a personas que pertenecen a ciertos grupos por el hecho de pertenecer a ellos. Son juicios y creencias sobre las/os individuos, alejados de la realidad y reforzados por ideologías que convierten en problemáticas a las personas sobre las cuales se estereotipa. En nuestro estudio, en el marco de la Línea de Investigación 1 del Proyecto Anillos, hemos visto que a las mujeres migrantes se les estereotipa por su estatus migratorio y por la nacionalidad a la que pertenecen, por supuesto, acompañado de estereotipos de género. Así notamos que en el Sistema de Salud Pública, y particularmente en acceso al aborto legal, a las mujeres migrantes se les ha catalogado de exageradas, extrañas, salvajes, sumisas, machistas, entre otras etiquetas, que han repercutido en un trato diferenciado sobre ellas, tratándolas con hostilidad, frívolamente, no importándoles cómo se sienten física y mentalmente, rechazando sus formas de expresarse y finalmente, no deseando atenderlas, porque para las/os profesionales constituyen un problema.

En un contexto pandémico donde las/os profesionales de la salud han sido las/os “héroes” y “heroínas”, no podemos permitir que se sigan realizando asignaciones arbitrarias sobre las mujeres migrantes que son atendidas. Tenemos que recordar que las mujeres migrantes viven situaciones de precariedad de tal nivel que, como algunas/os profesionales relatan, hacerse un aborto resulta un alivio, es decir, les significa resolver uno de los múltiples problemas que les adolecen. Por lo tanto, hacemos un llamado a no dejarlas solas. No podemos permitir que se les violente, que se les discrimine, que se les aleje del legítimo acceso a los derechos sexuales y reproductivos que todas/os ostentamos, sólo por el hecho de que son migrantes, sólo porque pertenecen a tal o cual país sobre el cual pudieran algunas personas sentirse tan ajenas. Todas las diferencias deben superarse en pro de ofrecerles un trato íntegro, humano y respetuoso, y hacerlas sentir, al menos, acompañadas. Las/os profesionales de la salud deben convertirse en una entidad segura para ellas, un primer paso para que el racismo, al que constantemente se exponen, desaparezca.

El castigo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes no es un fenómeno propio de nuestro país. Según se dio a conocer por BBC News Mundo, a mediados del año 2020 en Estados Unidos cientos de mujeres migrantes sufrieron esterilización forzada, sin tener entidad que las protegiera, por sólo dar un ejemplo. Por otro lado, los problemas en el acceso a la salud tampoco son un asunto que competa sólo a mujeres migrantes. Hace tan sólo un mes surgió la polémica de que en Chile se pudiera vivir un “turismo de vacunas”, es decir, que personas de otros países ingresarían al país por pasos no habilitados o con visa de turista para tener acceso a una de los millones de vacunas disponibles para prevenir el Covid-19. Ante esa situación, el canciller Andrés Allamand anunció que las personas migrantes que no estuviesen en situación regular o que tuvieran visa de turista no serían vacunadas, declaraciones que un día después fueron desmentidas, no porque hubiera un interés real de proteger a las comunidades migrante de la pandemia, sino más bien porque vacunarlos hacía más efectivo combatir el virus en Chile. Allamand también expresó su desinterés por las personas migrantes señalando: “Todo aquel que ingrese irregularmente a Chile no va a poder normalizar su situación, y su realidad va a ser particularmente precaria”. Esta situación, por un lado, muestra el nulo interés del gobierno por respetar la humanidad de las personas migrantes, como si se tratasen de otra especie y desconoce una realidad que en Chile viene ocurriendo mucho antes de la pandemia. Es sabido que miles de migrantes están instalados en este país en una situación irregular o con visa de turista porque es la única opción que han tenido para llegar, y esto suscita un fuerte nivel de precarización de sus vidas, el cual está totalmente desatendido por el Estado. Las políticas anti-migrantes del Estado deben ser rechazadas, y las/os profesionales de la salud deben velar por poner por encima la humanidad de sus pacientes, cual sea su color de piel u origen nacional, antes que cualquier otra cosa.  

Todo lo anterior nos lleva a reiterar la importancia que tienen todas/os las/os miembros de los distintos escalafones del sistema de salud en promover y proteger la integridad de cada una y cada uno de sus pacientes migrantes, y así acercarnos a la meta que cada marzo feminista tiene de hacer el mundo un poco más digno para sus habitantes.

[El presente texto se inserta en la iniciativa comunicacional del proyecto ANID PIA SOC180008 “Migraciones contemporáneas en Chile: desafíos para la democracia, la ciudadanía global y el acceso a los derechos para la no discriminación”, dirigido por María Emilia Tijoux]