Juan Sutil es el presidente de los empresarios chilenos, entre ellos, el Presidente de Chile. Hace un tiempo dijo que si Gustavo Gatica y otras víctimas de la violencia policial “se hubieran quedado en su casa... no habríamos tenido que lamentar ninguno de estos hechos". Él considera que un impuesto a los súper ricos sería “un error” porque –dice– “esa plata está toda trabajando, en fábricas, en operaciones productivas, en el sistema”, en SU sistema, en SUS bolsillos.

Cuando la pandemia se instaló en Chile, Sutil se manifestó preocupado porque “el país no puede paralizarse, el país requiere de cierto nivel de actividad”, y que hay que “apelar a la responsabilidad de las personas”, no al cuidado y la salud de las personas. Él creía que el retiro del 10% del ahorro provisional, iniciado en la Cámara de Diputados, era “una mala noticia” para el país y una medida “muy impopular para quienes creemos que el sistema de pensiones es sagrado para un objetivo final” y que “las AFP no son simpáticas para nadie, pero que han hecho bien la pega”, obviamente dejando claro que la pega de las AFP no es dar pensiones dignas, sino disponer e invertir (ellos)” plata fresca ganada por las y los trabajadores. Luego Sutil y sus colegas, dirigentes de distintos sectores empresariales, todos hombres, pinochetistas, expresaron mediante un inserto en la prensa que con estos proyectos de ley (que apenas buscaban un poco de dignidad y calmar el hambre y la cesantía dejados por la pandemia) se atenta contra "...nuestra propia Constitución y las reglas del juego que como país nos hemos dado". Una interpretación coherente es que ellos y su clase se consideran a sí mismos "el país" y, claro, es “su propia Constitución”. ¿Son tan hipócritas que creen que olvidamos que la Constitución y sus reglas las impusieron mediante asesinatos, desaparición, torturas, exilio y represión?

Estos señores nos impusieron el modelo neoliberal y compraron a la clase política, que se vendió gustosa para privatizar y mercantilizar los bienes, servicios y empresas públicas para concentrarlos en muy pocas manos: el agua y los minerales, la energía, la alimentación, el suelo urbano y agrícola, las zonas protegidas, el transporte y las carreteras, las comunicaciones, y hasta las cárceles (sin presos no hay negocio, y sin delincuentes no hay presos; claro, los  delincuentes de poca monta que van a la cárcel, no ellos).

Destruyeron la salud y la educación públicas, donde terminan acudiendo y sufriendo sólo quienes no pueden pagar los lucrativos servicios del sistema privado. Destruyeron la industria y la manufactura nacional, profundizaron nuestra dependencia de la extracción masiva e insustentable de recursos naturales, de los que también se adueñaron, y firmaron compulsivamente –más que ningún otro país en el mundo– acuerdos de libre comercio, llenándonos de productos de mala calidad e imponiendo reglas que limitan las capacidades del Estado y vulneran los derechos de las comunidades.

Últimamente, Sutil ha dicho que ha “recibido felicitaciones de la centroizquierda”, aclarando en la misma entrevista que se trata de gente que apoya la libre empresa, o sea, eso sólo muestra la incoherencia de un sector de la clase política que siguió llamándose de izquierda, mientras se vendió y subordinó a los intereses de la derecha más recalcitrante.

Hace pocos días, Sutil se mostró ofuscado porque lo tratan de “infeliz y delincuente y un montón de atributos que no son correctos” para él. Los delincuentes suelen no reconocer su culpa, pero sería bueno que él y su casta empresarial fueran entendiendo que el pueblo de Chile no sólo despertó, sino que ya no está dispuesto a tolerar más el abuso, las mentiras y las injusticias de su modelo, y que no descansaremos hasta lograr, no sólo una nueva Constitución, sino un sistema justo e igualitario, con un Estado garante de derechos, que termine para siempre con sus privilegios.