¿Está Chile preparado para enfrentar los impactos del cambio climático?
A fines de enero del presente año, la zona centro-sur de nuestro país enfrentó uno de los eventos climáticos más impactantes del último período. Fue el enero más lluvioso de los últimos 90 años, el cual afectó severamente al sector cordillerano de la Región Metropolitana y a la producción agrícola en varias regiones, sector que perdió gran parte de las cosechas de hortalizas y vio dañada la producción de fruta de exportación para esta temporada.
Estos hechos tienen directa relación con el cambio climático, entre cuyos impactos se consignan variaciones en los regímenes de precipitaciones, como por ejemplo, lluvias cálidas en el verano y sequias durante el invierno, sumado al aumento en la frecuencia e intensidad de eventos metereológicos.
Frente a este escenario, y a través del capítulo sobre Cambio Climático del Balance Ambiental 2020, Fundación Terram plantea la interrogante sobre qué tan capacitado se encuentra hoy nuestro país para afrontar este tipo de fenómenos, los cuales se seguirán repitiendo, pudiendo generar graves consecuencias para comunidades locales como también para los centros urbanos.
Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25), Chile tomó el compromiso de enfrentar este fenómeno. Producto de ello, durante el año 2020 el Gobierno presentó ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) la actualización de su Contribución Nacional Determinada (NDC), en la cual asumió el desafío de lograr la carbono neutralidad al 2050 y la reducción de al menos un 25% de las emisiones de carbono negro al 2030. Sin embargo, para la Directora Ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, “dadas las características del país, junto a la reducción de emisiones para Chile es importante avanzar en el desarrollo e implementación de acciones de adaptación, es decir acciones que nos permitan afrontar de mejor manera eventos climáticos extremos como el ocurrido a fines de enero”.
Entre otros compromisos, la NDC estipuló una serie de medidas que apuntan a fortalecer la protección de la biodiversidad, como las políticas de integración, a través de las cuales se pretende que al 2030 todas las áreas marinas protegidas cuenten con planes de manejo en fase de implementación, y aumentar a 30 los humedales costeros bajo protección, además de crear un inventario nacional de turberas al 2025 y forestar 200 mil hectáreas al 2030, de las cuales 70 mil se ejecutarían con especies nativas.
Por otra parte, a comienzos de 2020 el Gobierno envió al Senado el proyecto de Ley Marco sobre Cambio Climático, el cual fue aprobado en general el 25 de agosto del mismo año y que actualmente se encuentra en la votación en particular en la Comisión de Medio Ambiente de la misma cámara. Si bien la iniciativa se proyecta como un avance, desde las organizaciones de la sociedad civil creen que hacen falta más esfuerzos para generar políticas públicas efectivas para prevenir los impactos de este fenómeno a nivel territorial.
Si bien el proyecto de ley aborda temas de adaptación en general, para Liberona, la citada ley debe establecer con claridad el desarrollo e implementación de acciones de adaptación en el territorio nacional. “Los hechos nos están demostrando que debemos prepararnos para afrontar los efectos del cambio climático y para ello será muy relevante el rol de las municipalidades. Por ello es necesario fortalecer capacidades y financiamiento a nivel local”.
Según Rodrigo Herrera, secretario ejecutivo de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático, agrupación que reúne a 15 organizaciones ambientales chilenas, “Chile es un país extremadamente vulnerable a los efectos del cambio climático, y debemos indicar que el Proyecto de Ley que se está discutiendo en el Congreso Nacional se focaliza en la mitigación sin integrar y considerar apropiadamente la adaptación. De hecho, no mencionaba explícitamente la adaptación en el objeto de la ley, cuestión que por suerte fue debatido y corregido en la discusión legislativa que se está llevando a cabo”.
En esa misma línea, Liberona señala que “es necesario de crear una institucionalidad adecuada que cuente con el financiamiento suficiente para desarrollar e implementar acciones que ayuden a prevenir de manera permanente estos impactos, tales como son la adecuada planificación territorial; un sistema de monitoreo en zonas de riesgo aluvional, junto con el fortalecimiento de capacidades locales para afrontar situaciones de riesgo ante eventos naturales; la protección de ecosistemas valiosos para zonas en riesgos y la adecuada protección de los glaciares como una reserva estratégica de agua para el futuro”. En definitiva, una serie de acciones que, para la directora ejecutiva de Fundación Terram, “deben comenzar a implementarse lo más rápido posible, pues vivimos tiempos de emergencia climático donde el resguardo de la población humana y ecosistemas debe ser una política de Estado”.
