Este miércoles, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), entidad presidida por el abogado Carlos Margotta, notificó la ampliación de la querella "por crímenes de lesa humanidad, por el homicidio del malabarista Francisco Martínez", cometido por Carabineros en Panguipulli, el viernes último a plena luz del día.

En un documento publicado a través de su cuenta de Twitter, el organismo detalló el alcance de la acción judicial, especificando que "la omisión de parte de las autoridades de Gobierno, en el cumplimiento de las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUDH) formuló en su informe emitido el 13 de diciembre de 2019, permitió y facilitó a juicio de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la comisión del homicidio de Francisco Martínez Romero, en pleno centro de Panguipulli, razón por la que su presidente y abogado Carlos Margotta Trincado, a nombre de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ampliar la querella por delitos de lesa humanidad -en curso desde enero 2020- en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, del ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado Mocarquer, del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli Bassi, del general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez Reveco y en contra de todos quienes resulten responsables", se lee en el escrito oficializado este 10 de febrero.

Paralelamente, el organismo argumenta la acción contra las autoridades, asegurando que lo que se solicita a la justicia es "establecer esta responsabilidad en su eventual calidad de autores, cómplices y/o encubridores, tanto en comisión activa como por omisión, de acuerdo a lo establecido por ley".

La normativa a la que apelan es la Ley 20.357, "que tipifica y sanciona los crímenes contra la Humanidad" y se fundamenta en que "el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la vida consagrado en distintos instrumentos internacionales", detalla el escrito de la CCHDH en el que se apunta a que las autoridades señaladas no han realizado "ninguna acción tendiente a la privación arbitraria de este derecho, obligaciones que han sido incumplidas desde octubre de 2019 a la fecha".

Violaciones a los DDHH certificadas por entidades internacionales

El escrito judicial del organismo recuerda que "cuatro organismos internacionales de Derechos Humanos visitaron Chile en 2019, con el objetivo de constatar las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos que se estaban cometiendo a partir de octubre del mismo año por parte de agentes estatales en contra de la sociedad civil".

Posteriormente, el documento apunta a que entre las vulneraciones constatadas por las visitas al país, "entre otras violaciones a los derechos humanos, consignaron en sus posteriores informes, la privación arbitraria de la vida".

En línea con un clamor social transversal evidenciado desde hace varios meses en Chile, la CCHDH apunta al informe elaborado por ACNUDH al respecto en un documento que consideró "21 recomendaciones al Estado chileno y que a la fecha están incumplidas".

Por último, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, notificó su solicitud al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, alusiva a que cite a declarar al ministro Rodrigo Delgado, a su subsecretario, Juan Francisco Galli, al responsable de Carabineros, Ricardo Yáñez y al alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia.

Carlos Margotta: "La política de violación a los DD.HH no ha cesado"

Consultado respecto de la acción judicial, el abogado Carlos Margotta aclaró su alcance y argumentó su tramitación en base a la preexistencia de hechos de esta envergadura en nuestro país, desde octubre del 2019, en el contexto del estallido social del país. "La ampliación de la querella (...) por el homicidio ocurrido en Panguipulli, en contra de Francisco Martínez Romero se fundamenta principalmente en que la política de violación masiva, grave y sistemática de violación a los derechos humanos, que ocurrió a partir de octubre del 2019, no ha cesado y no existe voluntad de parte del gobierno de poner freno a la implementación de esta política", plantea.

En relación a los hechos del viernes último, Margotta sostiene que "el crimen de Panguipulli obedece justamente a que (este se facilitó) por la vía de la omisión del cumplimiento de las recomendaciones que hizo el informe del Alto Comisionado Nacional de Naciones Unidas, cuando estuvo en Chile y elaboró, no solamente un informe muy completo respecto de las violaciones de los derechos humanos que pudo constatar, sino que además estableció 21 recomendaciones al gobierno chileno para objeto de adecuar el comportamiento fundamentalmente del actuar de los funcionarios policiales respecto del uso de la fuerza. Sin embargo, estas recomendaciones no han sido acogidas por el gobierno".

A renglón seguido, el profesional agrega que incluso, "en marzo de 2020, el representante regional para América del Sur del alto comisionado, a través de un comunicado público, señaló expresamente que se seguían produciendo violaciones a los derechos humanos y que las 21 recomendaciones no estaban siendo acogidas ni implementadas por el gobierno".

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Margotta detalla además que "en octubre del 2020, a propósito del crimen cometido en contra del joven lanzado por carabineros al Río Mapocho, el alto comisionado nuevamente se pronunció al respecto y recomendó una profunda reforma a los cuerpos policiales, particularmente a Carabineros de Chile. Todas estas recomendaciones, sin embargo, han sido incumplidas, desoídas por el gobierno de Chile. En consecuencia, la falta de adecuación de los protocolos de uso de la fuerza por parte de Carabineros, que es una de las recomendaciones que hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas, se expresa en el crimen de Panguipulli, porque claramente los protocolos utilizados por Carabineros para efectos de un control preventivo de identidad no se adecuan para nada a los estándares internacionales de derechos humanos".

En consecuencia, para el abogado, "este crimen de Panguipulli, si bien no es en el marco de movilizaciones sociales, en el marco de protestas ni movilizaciones callejeras, sí obedece a la omisión de parte de las autoridades políticas de acoger e implementar las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas que estableció en su informe el año 2019. Y esa política ha permitido y facilitado la comisión de este grave crimen".

"Así hay que entenderlo y enmarcar el crimen de Panguipulli dentro de la política de violación masiva grave y sistemática de violación de los derechos humanos que ha implementado el gobierno a partir de 2019 y que no ha cesado, a pesar de las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos en esta materia", aclara hacia el final de su interacción con El Desconcierto.